Arturo Soto Munguia
Entre lo sociológico y lo político, la iglesia prefirió lindar entre lo erótico y lo mecánico para abordar el debate sobre la iniciativa presidencial para legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, y así, el Cardenal de Morelia, Alberto Suárez Inda le entró a tan espinoso asunto.
Después de que la Conferencia del Episcopado Mexicano rechazara la iniciativa para que el matrimonio igualitario sea legal en todo el país, el prelado católico ilustró con una frase que aspira al mármol de las declaraciones épicas: “Alguien me decía, si yo tengo un tornillo, lo que necesito es una tuerca, no otro tornillo”, dijo.
Y así diciendo, se marchó como el sol cuando muere la tarde, llevando consigo el catálogo de tuercas, tornillos y rondanas; chilillos de rosca fina y demás metáforas con que la iglesia católica bien puede documentar su milenaria experiencia en eso de atornillar tuercas para amacizar el andamiaje moral de una institución a la que muchos de sus más preclaros exponentes han desatornillado bajo la premisa soez e impía de que ‘siendo fundillo, aunque sea de monaguillo’.
La iniciativa presidencial ha sido un escobazo al panal de un debate que, siendo muy viejo, no había tenido como figura principal a la institución presidencial, regularmente impermeable a estos temas.
Al debate le han entrado por supuesto la iglesia católica y sus organizaciones laicas, pero también representantes de todos los credos, lo mismo que organizaciones de la sociedad civil, políticos, académicos y toda esa gama variopinta de personajes que suelen aparecer con sesudas reflexiones cada vez que un tema como este se posiciona en la agenda pública.
En Sonora el asunto tuvo sus reverberaciones, pues la directora del Registro Civil, Julissa Bojórquez declaró que los matrimonios igualitarios podrían celebrarse en el estado sin necesidad de un amparo.
Sin embargo la gobernadora Claudia Pavlovich dejó claro que la ley establece que el matrimonio es entre hombre y mujer y en todo caso, quienes pretendan concretar un matrimonio igualitario tendrán que presentar un amparo. “Se pueden llevar a cabo mediante amparos porque nosotros tenemos una ley que lo prohíbe y finalmente lo tenemos que respetar y yo soy muy respetuosa de la ley”, manifestó.
Lo cierto es que este debate tendrá una escalada en los próximos días y ya se preparan argumentos desde todas las trincheras para empujar a favor y en contra, así que hay que comprar una buena dotación de refrescos y palomitas para atestiguar el rumbo que tomen las cosas.
II
Bueno, y si sobran refrescos y palomitas, guárdelos porque también hay que estar muy pendientes delo que sucede por rumbos del ayuntamiento de Hermosillo, donde el tema de las condiciones en que se presta el servicio de recolección de basura está subiendo de tono, involucrando a cada vez más personajes de la vida política local.
El dirigente del sindicato del Ayuntamiento, Salvador Díaz ha mostrado un inusual activismo en los últimos días, aunque sus demandas comenzaron siendo las horas extra que se le deberían pagar a sus agremiados, aunque ahora levanta toda clase de banderas, como los uniformes, la revisión del contrato, sus prerrogativas para heredar plazas a los hijos de los trabajadores y hasta la reinstalación de cuatro ex empleados despedidos como parte del reajuste de personal que naturalmente sucede en cada cambio de administración.
Aún más, exigen que en el programa de empleos temporales que promueve el gobierno federal en coordinación con el estado y el municipio, se privilegie a los hijos de los trabajadores del ayuntamiento.
Todo parece indicar que estos bandazos obedecen a la errática asesoría del dirigente municipal cetemista Héctor Robles, quien se ha sumado al apoyo de Salvador Díaz ofreciéndole todo el apoyo de la CTM, lo que tampoco se ha visto claro, pues las manifestaciones realizadas hasta ahora no pasan de una veintena de empleados.
Quizá por ello Salvador Díaz ha buscado el apoyo de los regidores del PAN, que ni tardos ni perezosos se han sumado otra de las demandas de los recolectores como es la de la privatización del servicio “en caso de que este tema se plantee de manera oficial”, según reza un boletín enviado ayer por los ediles blanquiazules.
Es decir, estos ya se sumaron a una demanda contra la privatización del servicio, cuando el tema ni siquiera está en la agenda, ya que lo que sí se ha planteado es el análisis de opciones para mejorar un servicio que, en las condiciones en que lo dejó la anterior administración, resulta carísmo no para el gobierno, sino al final de cuentas, para los ciudadanos.
Y entre esos elevados costos que representa el servicio se encuentra el pago de horas extra, que rebasa los tres millones de pesos mensuales, mismos que Salvador Díaz primero dijo que llegaba a 1.7 millones y después admitió que era casi el doble de esa cantidad, acaso porque le mostraron los documentos que así lo prueban.
También dijo que había presentado una propuesta al Ayuntamiento en la que ofrecía reducir a la mitad el pago de esas horas extra (derivado del escaso parque vehicular que a su vez obliga a ‘dobletear’ turnos), pero ayer mismo el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Luis Alejandro Peralta Gaxiola negó que esa propuesta haya sido presentada.
Veremos en qué para todo esto.
III
Finalmente se llevó a cabo el primer juicio oral en Sonora, bajo los criterios del Nuevo Sistema de Justicia Penal mandatado por una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, pero que en Sonora se había atorado de fea manera durante el sexenio pasado. Ya es muy conocido el dato en el sentido de que al arrancar la actual administración, Sonora ocupaba el último lugar entre todos los estados de la República, en la implementación de este nuevo sistema.
En ocho meses se pudo recuperar el terreno perdido, y con este primer juicio se da el virtual banderazo de arranque, con buenos resultados, ya que en sólo tres meses se resolvió un asunto que bajo el sistema tradicional hubiera tardado por lo menos un año y medio.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, en su calidad de fiscal, logró que al imputado se le condenara a más de tres años de prisión, sin beneficio de fianza o preliberación.
Lo anterior manda un mensaje notable, ya que el hoy reo fue juzgado por el delito de robo, acaso el que más resiente la población en Hermosillo y en Sonora. El mensaje es claro: no habrá impunidad contra quienes se dediquen al hurto y al pillaje, ya en casas habitación, a negocios o a personas.
Notable también el desarrollo del juicio, pues en él se probó que el personal de la Procuraduría y del Poder Judicial está debidamente capacitados para este nuevo sistema.
Con un agregado: las Agentes del Ministerio Público que participaron sosteniendo la acusación y logrando la condena fueron mujeres, algo que el fiscal estatal Rodolfo Montes de Oca está promoviendo de manera decidida, ya que, como lo dijo en una ocasión a este columnista, las mujeres son más honradas, más confiables y más trabajadoras.
Y con esta nos despedimos, para encontrarnos de nuevo el lunes de enfrente. Feliz fin de semana.
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