Sin desperdicio el artículo que aparece hoy en este su portal favorito, elaborado por el experimentado abogado Marco Antonio Andrade Aguirre, y que viene a contribuir con importantes elementos al debate que se ha suscitado en fechas recientes sobre el origen, las facultades y alcances de la Fiscalía Especial Anticorrupción.
El artículo lo podrá usted consultar completo en http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=7579&categoria=3 pero aquí intentaremos destacar lo que a juicio del columnista resume la esencia del mismo.
1.- Las expectativas sobre la eficacia operativa y previsibles resultados de la FAS son muy altos.
2.- La FEA nace investida de una profunda legitimación social que simboliza un consenso de exigencia pública por la aplicación de la justicia y la rendición de cuentas.
3.- La FEA tiene su origen en las exigencias de una sociedad agraviada por el abuso de poder y la arrogancia ilimitada de un grupo que accedió a la primera alternancia en Sonora, con un criterio de enriquecimiento personal y una visión patrimonialista del erario.
4.- Quienes cuestionan la ilegalidad de su creación y la invalidez de las actuaciones de la FEA pretenden confundir con argumentos falaces y razonamientos jurídicos insólitos en razón de que las facultades expresas e implícitas que la constitución de sonora, la ley orgánica del poder ejecutivo, la ley orgánica de la procuraduría y la ley del ministerio público le otorgan a la gobernadora y al procurador son jurídica y políticamente irrefutables.
5.- Si bien la característica distintiva de una fiscalía especial es su autonomía orgánica e independencia funcional y las funciones técnicas del fiscal anticorrupción corresponden a las de un ministerio público especializado, éstas tienen una connotación política innegable en razón de su pertenencia a la Procuraduría Estatal.
6.- El nombramiento del fiscal es exclusivamente potestativo de la gobernadora, a propuesta del procurador, en forma directa o por modificación y aprobación del reglamento interno de la Procuraduría.
7.- En el eventual caso de no haberse satisfecho ni perfeccionado dicho trámite administrativo, estaríamos frente a la falta de un requisito de forma, pero no de validez de las actuaciones de la fiscalía.
8.- Las actuaciones de la fiscalía son legítimas y la posibilidad de impugnar el nacimiento de dicho órgano ministerial, mediante una controversia constitucional dentro de los primeros 30 días después del parto, ya prescribió.
9.- En conclusión, el mandato constitucional, legal y reglamentario otorgado al fiscal es contundente. Odracir tiene la encomienda de ser implacable ante todos, aunque la obligación fundamental de asumirse como un defensor impecable e imparcial para todos y todas.
Ahora bien, y esto ya va de nuestra parte, es evidente que los cuestionamientos a la fiscalía especial tienen un origen político-partidista indudable. Devienen precisamente de quienes a toda costa tratan, no conformes con haber saqueado las finanzas estatales, de lograr que ese saqueo quede en la impunidad, alegando cuestiones formales, antes que el evidente asunto de fondo, que es el enriquecimiento inexplicable del primer círculo gubernamental y familiar de Guillermo Padrés Elías.
Aquí es donde entra la otra parte, la relativa a un asunto que mencionó la gobernadora en su rendición de protesta, alusiva a la otra quiebra en que dejaron a Sonora, la quiebra moral.
Se ha documentado hasta el cansancio la sorprendente bonanza económica de los allegados al ex gobernador, y del gobernador mismo, pero también la falta de escrúpulos con que se involucraron en asuntos criminales: suicidios sospechosos, homicidios y desapariciones; persecución política y encarcelamiento de indígenas opositores al acueducto; desalojo de oficinas con la fuerza pública y hasta el deleznable tráfico de infantes por el que hoy varios personajes andan prófugos de la ley y con sendas órdenes de aprehensión encima.
La proclividad por la mentira y la simulación fueron el pan de cada día en la anterior administración, al grado de opacar cualquier otra que le haya antecedido, y eso para propios y extraños, es mucho decir, habida cuenta que los priistas que gobernaron antes no eran precisamente unas Carmelitas Descalzas.
Pero ya para que palidezcan ante la depredación del padrecismo, es señal de que algo se hizo muy mal en los pasados seis años.
Y eso trajo como consecuencias un deterioro en el tejido social sonorense, una incremento en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones que hoy trata de ser capitalizada para arrimarle leña a la Fiscalía Especial. Lo curioso del caso es que quienes lo hacen son precisamente aquellos que fueron parte, por obra o por omisión, de esa quiebra financiera y moral a la que llevaron al estado.
En una reciente conversación con el titular de la Fiscalía, Odracir Espinoza, mencionaba cómo una de las áreas en las que vienen trabajando, además de la integración de los expedientes, el seguimiento a las huellas del dinero, la investigación de patrimonios desemesurados y el aseguramiento de bienes, es en la parte subjetiva, en la promoción y fomento de los valores relacionados con la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas.
No solamente entre los funcionarios públicos, sino entre una sociedad civil que no está exenta de participar en actos de corrupción, toda vez que para que éstos se realicen se requiere de al menos dos partes que interactúen.
Así, se debe marchar también por el carril del relanzamiento de una relación sociedad-gobierno en la que se vayan deshaciendo inercias y eliminando prácticas que en el pasado hicieron mucho daño. Y con el pasado no me refiero sólo al anterior sexenio, sino a los que le antecedieron, pues es obvio que también incurrieron en excesos, como también es obvio que a la larga, la sociedad se los cobró en las urnas.
Como se los cobró al padrecismo. La diferencia es que a los tricolores les llevó 70 años acercarse al precipicio de la derrota, mientras que a los blanquiazules les bastaron seis años.
II
Imposible no comentar sobre el consistente despliegue de solidaridad con el profesor Jesús Davis Osuna, quien apareció entre los sentenciados por un juez, como responsables de la tragedia en la Guardería ABC.
El profe se desempeñaba como director de Inspección y Vigilancia en la administración municipal de ese entonces, una instancia que no tenía facultades para la supervisión de bodegas. Sin embargo, el profe ya fue encarcelado hace algunos años y salió tras pagar una fianza de 2.5 millones de pesos, misma que pudo reunir depositando como garantía algunas de sus modestas propiedades, e incluso las escrituras de otras pertenecientes a sus amigos.
En el despliegue de solidaridad destacan voces de diferentes personalidades de la sociedad civil, así como militantes de partidos distintos a los que pertenece el profesor, cuya probidad está fuera de duda.
En un programa de radio, ayer por la mañana anunció que, tras la sentencia del juez, buscará la apelación en las instancias superiores, un camino que habrán de transitar el resto de los involucrados, por lo que a este asunto de la Guardería ABC le queda aún mucho por caminar.
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