El Zancudo
Desde hace meses comenzó a manejarse la posibilidad de que en Hermosillo operara la empresa UBER, de transporte de pasajeros en autos particulares, una opción que ya funciona con éxito en otras ciudades como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.
Como en aquellas, en Hermosillo también se registran resistencias de parte de quienes ofrecen el servicio de taxis, por considerar que se trata de competencia desleal y parten del hecho de que para prestar el servicio se requiere la autorización de las concesiones respectivas, de las que carecerían los operarios de UBER.
Sondeos realizados por diferentes medios indican que UBER tiene una gran aceptación ciudadana, no tanto por las eventuales mejoras en un servicio del que todavía no se conoce mucho en esta ciudad, sino fundamentalmente porque la experiencia con los taxis tradicionales ha sido de regular a pésima durante muchísimos años.
En resumen, el servicio de taxis es, en términos generales, caro y malo.
Una encuesta realizada en mi cuenta de Twitter captó 180 votos en diez horas; de ellos, el 92 por ciento fueron a favor de la operación de UBER; sólo 3 por ciento en contra y un 5 por ciento votó en la opción “me da igual”.
Así las cosas, la posibilidad de que en Hermosillo se cuente con servicios de traslado seguro, en automóviles modelo 2008 en adelante, con operadores certificados y evaluados para cumplir varios requisitos, entre ellos el de aprobr exámenes toxicológicos y no contar con antecedentes penales, así como el pago con tarjeta de crédito o débito aparece como muy atractiva para los usuarios, señaladamente aquellos con cierto nivel de ingresos, pues los cobros suelen ser un poco más altos que el servicio tradicional, pero sobra quién pueda cubrir ese costo si en ello le va un mejor servicio más rápido y más seguro.
La noticia, sin embargo no cayó bien entre el gremio de los taxistas que ayer participaron de una manifestación en Palacio de Gobierno, donde expresaron su rechazo a eso que consideran una competencia desleal que puede retirarlos del negocio.
La experiencia en otras ciudades indica que las resistencias al cambio pueden llegar incluso a episodios de violencia física, pero a la larga termina por aceptarse la operación de este nuevo servicio, y los tradicionales deberán entrar en un proceso de modernización que los coloque en condiciones de operar en la libre competencia, lo cual no será sencillo después de tantos años de mantener el monopolio del servicio.
Desde el gobierno del estado se ha planteado una ruta crítica para hacer frente a esa nueva realidad inminente, que incluye la capacitación gratuita a operadores tradicionales; la constitución de un fondo de contra garantías para comprar autos nuevos con tasas blandas, así como apoyarlos con el desarrollo gratuito de una aplicación para que sus clientes los localicen y soliciten el servicio por medio de sus teléfonos móviles.
Estas mejoras, impulsadas por la libre competencia se traducirán en una mejor prestación del servicio, que los hermosillenses ya merecen después de tanto tiempo batallando con inercias y viejos vicios; tarifas arbitrarias y malos tratos que se registran con frecuencia.
Por otro lado, UBER tendrá que cumplir una serie de requisitos legales para operar en Hermosillo, y varias medidas de regulación que homogenicen las condiciones en las que operarían, con la del servicio tradicional.
Se entiende que el proceso no resultará sencillo, como ya lo dejaron ver los taxistas, agrupados en diferentes sindicatos, algunos de ellos pertenecientes a la CTM, que se ha puesto a la cabeza de la resistencia y eso anticipa que vendrá un fuerte debate sobre el tema, con movilizaciones y protestas incluidas.
Como también suele suceder, en este proceso seguramente saldrán a la luz algunas irregularidades cometidas al final de la pasada administración estatal, donde se autorizaron miles de concesiones para el servicio de transporte de pasajeros y de carga. Nada más en Hermosillo, se habla de 450 concesiones que fueron autorizadas en los últimos meses del padrecismo, y se habla también que muchas de ellas pertenecen a connotados ex funcionarios estatales, que las operan a través de prestanombres, en una práctica que por cierto no es nada nueva y resultaba de uso común en administraciones anteriores.
Solamente en Hermosillo existen mil 739 concesiones de taxis, y se han detectado permisos ‘clonados’ y taxis ‘piratas’, por lo que la Dirección del Transporte ya ha comenzado un reordenamiento del sector.de importantes personajes del pasado sexenio.
cuentran debidamente acreditados en las
Esperemos que los dolores de parto de un nuevo estado de cosas en materia de transporte público en Hermosillo no sean tan fuertes y en el corto plazo, estemos frente a un servicio de calidad y a costos razonables; seguro y en el que participen también los concesionarios tradicionales, obligados a modernizarse o quedar en el intento.
Por lo pronto, este jueves 3 de marzo, el titular de esa Dirección, Luis Iribe Murrieta se reunirá con socios de la empresa UBER para afinar los detalles para reclutar socios en Hermosillo y ver las condiciones en las que comenzarán a prestar el servicio.
II
Muy interesantes los datos ofrecidos recientemente por el contralor estatal Miguel Ángel Murillo Aispuro en el sentido de que ha ascendido a 19 los funcionarios públicos de la pasada administración que han sido inhabilitados para volver a ocupar un cargo público, al encontrárseles diversas irregularidades en el manejo de los presupuestos a su cargo. Y que esa cifra va a aumentar en las próximas semanas, también dijo Murillo Aispuro.
No hay, aseguró, un solo secretario del gabinete padrecista que se encuentre libre de esos ‘pecados’ y que no esté siendo investigado para descubrir el destino de miles de millones de pesos que no se encuentran debidamente acreditados en las auditorías realizadas, tanto por la Contraloría como por la Auditoría Superior de la Federación.
Por lo pronto a esos ex funcionarios de la lista ya se les está requiriendo para que resarzan el daño patrimonial mediante la devolución de una friolera cercana a los 30 mil millones de pesos. Lo anterior, porque de acuerdo a la ley, el funcionario público al que se demuestre haber malversado recursos, está obligado a regresar el doble del monto escamoteado.
Murillo Aispuro no dio nombres, pero informó que solamente a uno de ellos se le está requiriendo la devolución de dos mil millones de pesos.
Todo lo anterior, sin olvidar que las investigaciones de la Contraloría continúan, lo mismo que las de la Fiscalía Especial Anticorrupción, lo que podría derivar en sanciones administrativas y penales.
No es gratuito que en los juzgados locales se esté presentando un alud de solicitudes de amparo por parte de importantes personajes del pasado sexenio.
III
Como se había anunciado, ayer la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano fue electa como coordinadora de la Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas, perteneciente a la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Esta comisión tiene como Vicecoordinadores el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los Gobernadores de Nuevo León y Morelos, Jaime Rodríguez y Graco Ramírez, respectivamente.
La gobernadora de Sonora sigue abriéndose espacios en la política nacional, donde comienza a posicionarse especialmente a raíz de la cruzada anticorrupción que comenzó con su gobierno, a la caza del padrecismo en desbandada.
También puedes seguirnos en Twitter @Chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx