El saqueo a las instituciones en el pasado sexenio no dejó ninguna sentida. De la más chica a la más grande fueron depredadas a contentillo por los personeros del padrecismo, que se cansaron de clavarle la uña al presupuesto, inmisericordemente.
Una de las que resintió mayormente esta depredación fue sin duda la que dirigía la hoy diputada federal plurinominal del PAN, Teresa de Jesús Lizárraga, el Isssteson, donde solamente con el caso del fondo de pensiones y jubilaciones, donde ‘se licuaron y se perdieron’ más de tres mil millones de pesos (¡Tres mil millones de pesos!) se ilustra el nivel de voracidad del padrecismo rampante.
Bravo toro el que le tocó lidiar a Enrique Claussen al hacerse cargo de esta institución, pero en los primeros meses del nuevo gobierno está haciendo esfuerzos notables por corregir el rumbo, comenzando por un ejercicio de transparencia que, ausente por completo en el pasado reciente, busca reivindicar la misión de ese instituto, que dejaron devastado.
Ayer se dio a conocer públicamente -incluyendo la transmisión on line- el fallo de una licitación para la compra de medicamentos por un monto de 500 millones de pesos, en el que participaron 26 empresas proveedoras, 20 de las cuales resultaron ganadoras en diferentes montos y productos.
Platicando con algunos de los proveedores allí presentes, comentaban que de entrada, adjudicar a 20 empresas los contratos ya marca una diferencia notable, considerando que la anterior administración castigaba demasiado los precios para inhibir la participación, declarar desiertas las licitaciones y adjudicar los contratos directamente a proveedores ‘divinos’ o bien, subrogar la venta de medicamentos, lo que a la postre los encarecía sustancialmente.
Eso sin contar que en los últimos años de la administración padrecista el gobierno dejó de pagarle a los proveedores (farmacias, laboratorios, etc) y éstos se negaban a surtir las recetas, obligando a los derechohabientes a adquirir las medicinas por su cuenta, algunas de ellas carísimas. Hay miles de historias que documentan esta situación, en todo el estado.
Este proceso de licitación, abierto al escrutinio público estuvo supervisado desde el lanzamiento de la convocatoria, por el contralor estatal Miguel Ángel Murillo Aispuro, que también estuvo presente ayer, poco antes de darse a conocer el fallo.
Debido a que algunos medicamentos no fueron competidos y otros presentaron precios muy altos, el monto final de la licitación fue de 381.9 millones de pesos; en breve, se llevará a cabo una nueva licitación para incluirlos todos.
Con esta nueva modalidad, el Isssteson obtuvo un ahorro de 44 millones de pesos que se aplicarán en diferentes áreas de la institución, especialmente en personal médico (especialistas) y de enfermería, así como obras de infraestructura en las clínicas, donde hace mucha falta, de acuerdo con el director Enrique Claussen.
II
Ayer rindió protesta Wenceslao Cota Montoya como delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora y, de facto, asumió también la coordinación de todas las delegaciones federales en el estado, con lo que se convierte en el hombre fuerte de la federación en Sonora.
Cota Montoya, quien ha ocupado diversos cargos de elección y en la administración pública (alcalde, diputado local y federal; procurador de Justicia y últimamente delegado de la Secretaría del Trabajo) pertenece a la cuadra del dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, lo que arroja una lectura obvia sobre la influencia del oriundo de Villa Juárez en la estructura del gobierno federal en Sonora.
Durante la toma de protesta, atestiguada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el coordinador de delegaciones en la zona norte-noroeste, Rafael Oceguera Ramos emitió un largo discurso sobre la necesidad de fortalecer la gobernabilidad democrática en el país, invitando a los funcionarios federales a mantenerse siempre muy cerca de las necesidades de la gente.
III
De nuevo se agitan las aguas en Hermosillo. La maestra Reyna Castro Longoria, de la Universidad de Sonora denunció que uno de los pozos de La Victoria mantiene niveles de arsénico por encima de la norma, lo cual constituye un peligro para la salud de los habitantes de esa población, en el área rural oriente.
A la maestra no le falta la razón, pero tampoco dice la verdad completa. Las concentraciones de metales pesados en ese pozo ciertamente rebasan la norma, pero su agua no se inyecta a la red, sino que se mezcla con la de otros pozos para diluir las concentraciones nocivas. La maestra tomó muestras directas del pozo, no del agua que sale de las llaves y en la que, de acuerdo a la paramunicipal Agua de Hermosillo en voz de su jefa del departamento de Control de Calidad del Agua, María Estela Araiza Villegas, no se han detectado parámetros por encima de la norma en el líquido que se suministra a la población.
Los niveles de metales en el agua en general se monitorean constantemente por parte de la Cofepris y por Agua de Hermosillo, a través del laboratorio Analítica del Noroeste.
La denuncia de la maestra surge simultáneamente a la estrategia de algunos activistas hermosillenses que buscan llamar a la promoción de amparos contra el incremento a las tarifas de agua potable y que, de acuerdo con una grabación que ha circulado en redes sociales, tratan de negociar con Javier Gándara para que les financie su ‘movimiento social’.
Esa sería una jugada de tres bandas, pues por un lado generarían ruido mediático contra la actual administración municipal, mientras por otro lado aprovecharían los recursos del ex alcalde de Hermosillo para financiar los amparos (3 mil pesos cada uno, aproximadamente) contra el incremento en las tarifas de agua, aprobado precisamente en la administración del propio Javier Gándara.
Y en un tercer plano, buscarían bajarle presión al caso del tráfico de infantes en el DIF Sonora, que temporalmente salió de foco tras el escándalo de la captura del Chapo Guzmán.
Tema complejo, sin duda y del que seguramente en estos días se sabrá más.
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