El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía

Hace un par de semanas, durante una comida a la que invitó la gobernadora Claudia Pavlovich a representantes de medios de comunicación, un colega le preguntó cómo había sido el proceso para obtener la renuncia ‘voluntaria’ del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Sebastián Sotomayor Tovar.
Como se sabe, el ex comandante en jefe del área jurídica de la bancada del PAN durante las dos pasadas legislaturas, llegó a ese cargo en medio de un polémico albazo del Ejecutivo, que mandó publicar el decreto respectivo con su nombramiento, sin consultar a los diputados y su rendición de protesta fue por escrito (de esas cosas históricas e inéditas del padrecismo), frente a la posibilidad del bullying legislativo si se atrevía a presentarse al Congreso.
“Oficio político”, respondió lacónicamente la gobernadora, a la pregunta del colega.
-Bueno, pero sí le hicieron manita de cochi, preguntó este coloquial columnista, aludiendo a esa versión no oficial en el sentido de que si el señor Sotomayor se aferraba a continuar en el cargo, ya sin su padrino político en el poder, podría irle muy mal.
“Fue oficio político”, reiteró, lapidaria, Claudia Pavlovich.
Pues por lo visto ese oficio político también se aplicó mutatis mutandis (cambiando lo que haya que cambiar) en el caso del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora que hace unos meses admitió mandar a reserva por 5, 6 y hasta 10 años, nueve expedientes conteniendo información sobre varios temas, entre los que destacan: los montos asignados a los padres ABC, como se conoce a los deudos de los niños muertos y lesionados en el fatal incendio del 5 de junio de 2009.
También los gastos de personal, equipo y vehículos asignados a la Casa de Gobierno; los contratos de asesoría en comunicación e imagen por la Secretaría de Comunicación Social y los convenios con medios de comunicación de los conocidos en la jerga periodística como ‘grandes’, entre los que llama la atención el imparcial, acaso la empresa favorita del pasado sexenio.
También los gastos relacionados con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, particularmente los contratos de asesoría con un par de empresas: Grupo RSS y Falcón Expertos en Opinión Pública.
Me rehúso a pensar que hubo ‘manita de cochi’, y más bien supongo que operó de nuevo el ‘oficio político’, porque ayer se aprobó abrir todos los expedientes mandados a reserva por el anterior gobierno. En siete de ellos la aprobación fue unánime y en dos, los relativos al nuevo sistema de justicia penal, la vocal presidenta, Arely López Navarro se excusó a la hora de votar, y fueron aprobados por la mayoría a cargo de los otros dos vocales, Francisco Cuevas y Andrés Miranda.
Así, toda esa información que argumentando razones de seguridad pretendió ser ocultada por mucho tiempo, ya podrá ser conocida mediante cualquier solicitud de acceso a la información.
Durante la sesión del ITIES, trascendió también que resultaba inexplicable el argumento de la seguridad de los sujetos obligados (en este caso el gobierno), en casos como el de los convenios con medios de comunicación y la contratación de empresas de asesoría, pues se trata de información que incluso debería ser pública y ponerse a disposición ciudadana en el portal de transparencia del gobierno del estado.
La raza brava comentó que quizá el afán de mantener bajo reserva los montos pagados a periodistas, medios de comunicación y asesores de imagen sean tan elevados, que eso los ubique en calidad de ‘secuestrables’ y por eso se esgrimieron ‘razones de seguridad’.
En todo caso, está muy cerca de conocerse la realidad sobre los actores de esos contratos y los montos asignados, un tema en el que mucho tendrán que aclarar la dupla de salteadores de presupuesto, Jorge Morales Borbón y Javier Alcaraz Ortega, genios de la ‘operación mediática’ que se volvieron millonarios en seis años, a costa de convertir en basura la imagen institucional del gobierno, y señaladamente la de su jefe, el gobernador Guillermo Padrés.
Al final, los vocales del ITIES corrigieron el rumbo, a destiempo, pero lo hicieron, con lo que abonan un poco al discurso de la transparencia que en el pasado sexenio fue otro de sus mitos geniales, y que en el actual parece tomar sus verdaderas dimensiones.
Preparémonos para ver qué sorpresas nos depara la apertura de estos expedientes.
II
Cordial encuentro ayer de un grupo de colegas con el diputado Manuel Villegas, para conversar sobre diversos temas. Bueno, ni tan diversos, porque en su mayoría tuvieron que ver con la política, el pasado, el presente y el futuro del PAN y de los panistas.
Forjado en el PRI, donde fue regidor y secretario del Ayuntamiento de Guaymas, así como operador político-electoral de la causa tricolor, Manuel Villegas hoy se dice diputado ciudadano. Porque no está afiliado al PAN, explica, aunque llegó al Congreso bajo las siglas de ese partido.
Su sueño, dice, es llegar a San Lázaro y en eso está trabajando desde ya, visitando a la militancia de su partido, a los actores político-económicos de su distrito y de otros municipios del estado, señaladamente los costeros ya que su condición de presidente de la Comisión de Pesca le permite llevar a esos lugares temas de interés.
También puntualiza que su principal ocupación es trascender haciendo un buen trabajo como diputado local, pero nunca pierde de vista el objetivo de la candidatura a la federal.
Rumbo a la renovación de la dirigencia estatal que actualmente encabeza Juan Bautista Valencia Durazo, sostiene que quien mayores posibilidades tiene de alcanzarla, es Alejandro López Caballero, y eso por el control que tiene del padrón de militantes en Hermosillo. Sin embargo, no ve con malos ojos a Pancho Búrquez, Ernesto Munro, Chito Díaz, entre otros que se le mencionan.
Al único que le resta cualquier posibilidad, es a David Figueroa Ortega.
Villegas Rodríguez es identificado con el ‘ala dura’ del padrecismo, concretamente con el grupo del ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López, con quien trabajaba en aquellos aciagos días de un ajuste de cuentas entre panistas porteños que derivó en la muerte de la activista de ese partido, María Jesús Llamas Coronado “La China”, quien presuntamente se había suicidado en las celdas de arraigo de la PEI, aunque posteriormente los peritos de la CNDH revelaron que la causa de su muerte fue por heridas que no pudieron ser auto infligidas.
Aun con estos antecedentes, Villegas Rodríguez fue candidato a la diputación local y se impuso al priista Walter De Cima. El PAN también ganó la alcaldía porteña.
III
A propósito de David Figueroa, los servicios de inteligencia de El Zancudo confirman que el aguapretense sí va a buscar la dirigencia estatal del PAN, bajo las premisas de una limpia en la nomenklatura actual y una depuración del padrón, ya que en los últimos años, éste fue inflado para favorecer candidaturas internas que en su mayoría derivaron en fracasos.
De hecho, esa fue una de las razones por las cuales Figueroa Ortega decidió no participar como precandidato contra Javier Gándara Magaña, y prefirió disciplinarse para no pasar como un agente de división al que luego se le cargaran las culpas de la derrota.
Lo cierto es que la derrota sí se dio y de todos modos David sigue siendo visto por los otros grupos en el PAN como un elemento divisor, aunque en esa categoría compite ahora con Alejandro López Caballero, el ex alcalde hermosillense a quien el secretario General del CEN del PAN, Damián Zepeda Vidales, entre otros, lo adjudican buena parte de la responsabilidad de la derrota en Hermosillo.
Total que el asunto se está poniendo bueno en el blanquiazul, y hay muchos más elementos para el análisis, pero por razones de espacio aquí la dejamos.
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