El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Como se consignaba en el anterior despacho, la conferencia de prensa que dio el procurador Carlos Navarro Sugich el pasado jueves, antes de salir a toda prisa a Phoenix para disfrutar las emociones del Rey de los Deportes en el estadio de los Diamonds Backs, no sólo fue inútil para contener la marejada de indignación que ha provocado el tráfico de infantes promovido desde instancias gubernamentales que deberían velar por la protección de los niños.
Al contrario, la aparición (y beisbolera desaparición) del procurador sólo sirvió para alimentar el asombro de una ciudadanía sonorense que pensó ya lo había visto todo en materia de corrupción del actual y moribundo gobierno.
Poco a poco comienzan a aparecer testimonios de padres adoptivos, narrando el drama en que se convirtió aquello que en su momento, pensaron, sería una festiva realización como familia. También los testimonios de madres a quienes les fueron arrebatados sus hijos recién nacidos, para ser vendidos a parejas mexicanas y extranjeras, que no sabían la forma en que esos pequeños fueron arrancados de los brazos de sus madres.
Comienzan a conocerse también, detalles aberrantes de las negociaciones que encabezaba el señor José Manuel Hernández López, y que incluían el pago de enganches o el descuento de diez mil pesos para uno de los casos en que el niño tenía un precio de 120 mil pesos y en un alarde de consideración, el señor accedió a rebajarlo hasta 110 mil pesos.
Así, como si se tratara de vaquillas o becerros, el jurídico de la Unión Ganadera Regional tasaba los menores de acuerdo a su criterio comercial y tenía margen para hacer descuentos, dependiendo de su noble corazón o la escualidez de su bolsillo y el de sus cómplices.
No se ha aclarado aún, por cierto, qué facultades tenía Hernández López y quién se las otorgó, para hacer labores de coyotaje a nombre de una institución otrora humanitaria como el DIF, que preside nada menos que la esposa del gobernador Guillermo Padrés Elías, Iveth Dagnino de Padrés.
Pero no sólo han surgido testimonios que apuntan hacia más funcionarios públicos involucrados en esta nefasta red de traficantes de menores, que ha abofeteado la capacidad de asombro en una sociedad sonorense que pensó que ya lo había visto todo.
Ayer circuló en redes sociales un documento del gobierno estadunidense en el que advertía al procurador de Sonora sobre la red de traficantes de menores que involucraba a servidores públicos.
Hoy se sabe que desde el 26 de marzo de este año, el departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos envió un oficio al procurador de Justicia de Sonora, Carlos Navarro Sugich alertando sobre un grupo de personas “que se dedican a la venta de recién nacidos (trata de personas) a parejas tanto mexicanas como estadounidenses y que han formado una red compleja para que el resultado final sea como si la pareja ‘adoptante’ son los padres biológicos de los recién nacidos y así puedan llevar a cabo los trámites civiles a los que haya lugar” (sic).
El documento identifica como la persona encargada de contactar a las parejas interesadas en un bebé y en conseguirlo, a José Manuel Hernández López, de 37 años de edad “mismo que ya ha sido confirmado por nuestra oficina como quien posee una visa para cruzar la frontera y que lo hace en un vehículo Ford Expedition color negro, con placas WBF 3227 que no se encuentran actualizadas”, según reza el oficio.
Expone también que Hernández López se hacía acompañar de una mujer de nombre Emma Consuelo Falcon Etchetchury, misma que aparece como promovente de varios amparos en los meses de mayo, junio y agosto de este año en el Juzgado Segundo Penal con sede en Hermosillo.
Hoy se sabe que esta mujer es pareja sentimental del abogado de los ganaderos sonorenses organizados, y que también fue detenida en mayo pasado junto a Hernández López y Vladimir Arzate Carbajal.
La procuraduría estatal los consignó por delitos menores, fijó una cómoda fianza y los dejó libres, y hasta el momento de redactar esta nota se desconoce su paradero, para decirlo al viejo estilo de la nota roja.
Hasta mayo pasado, Hernández López se desempeñaba como encargado del área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora, que preside Luis Sierra Maldonado, quien por medio de su área de Comunicación Social informó antier que al indiciado le había sido rescindido su contrato desde entonces, por ‘abandono de funciones’, ya que su asistencia a laborar se volvió muy inconsistente y faltaba hasta cuatro días seguidos.
La Unión Ganadera, cuyo titular Luis Sierra Maldonado, así como su hijo Luis Sierra Abascal pasó a ser en este sexenio una empresa más al servicio de los intereses del gobernador. Se sabe que ambos son socios de los Padrés y los Dagnino en jugosos negocios que lo mismo tienen que ver con la compra, venta e importación de caballos finos, que con el factoraje a proveedores del gobierno a quienes compran sus deudas con por lo menos 30 por ciento de su valor, y posteriormente las cobran al cien por ciento.
En mayo de este año, trascendió que la señora Bella Valenzuela, esposa de Luis Sierra se encargó de la operación financiera para la importación de 465 caballos pura sangre, por medio de la empresa Comercializadora V&A de Nogales S.A., declarando ante la aduana de México que los equinos tenían un valor de mil 800 dólares, cuando su precio real fluctuaba entre los 15 mil y los 60 mil dólares.
Esos son algunos de los negocios en los que se ha mencionado a los dirigentes de los ganaderos sonorenses en sociedad con el gobernador y sus familiares y, al margen de lo que pueda representar la compra, venta e importación de caballos, así como el uso del aparato de Estado, las relaciones e influencias para esas operaciones, no tienen punto de comparación con lo que hoy significa el tráfico de infantes. Sobre todo por los dramáticos matices que se han venido revelando.
Esta es una historia que apenas comienza a escribirse.
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