El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Bajo la tutela de Bernardo Campillo, la Secretaría de Salud del gobierno de Sonora es acaso el mejor emblema de lo que fue este sexenio: corrupción, tráfico de influencias, amiguismos, obras inconclusas, postergadas o inauguradas varias veces; desabasto de medicamentos, pésima atención a los ciudadanos y entre jornaleros que mueren en la banqueta de los hospitales y pacientes que se tiran de las camillas ‘para llamar la atención’, el argumento oficial recurrente fue la falta de personal.
Sí. Falta de personal en la dependencia que hizo crecer su nómina de manera escandalosa, particularmente en los últimos cuatro años.
En el despacho de ayer apuntábamos que de 2009 a 2015 la nómina del gobierno del estado aumentó de 9 mil a 14 mil empleados de confianza. El dato es erróneo. En realidad esa es la plantilla de la burocracia en Sonora, pero sin contar el personal que labora en la Secretaría de Educación y Cultura y en la Secretaría de Salud.
Nada más en esta última secretaría laboran alrededor de 8 mil 500 empleados, entre los llamados ‘formalizados’ (mil 980 trabajadores de base que cuentan con todas las prestaciones de ley); regularizados (2 mil 590 trabajadores que laboraban por contrato pero que carecían de prestaciones); homologados (mil 541 trabajadores a quienes se les debería de homologar su salario con el tabulador de la secretaría federal).
Por cierto, a propósito de este tema, existe una demanda ante la PGR, interpuesta por el doctor Carlos González desde el pasado 16 de enero, pues tal homologación no existe, de manera que ese personal ha dejado de percibir el equivalente aproximado al 100% de su salario. Es decir, si una enfermera, de acuerdo con el tabulador nacional debería ganar 16 mil pesos mensuales, la Secretaría de Salud en el estado le paga 8 mil pesos. Esto representa un monto de 44 millones de pesos mensuales que la federación aporta para homologación, pero que aquí no se destinan al salario del personal. Por eso se interpuso la demanda.
También existen 2 mil 347 empleados que laboran bajo el esquema de contratos; poco más de mil de ellos, comenzaron a laborar a partir de 2009. Se trata de personal empleado en los diversos programas de la Secretaría (fumigación, vacunación, etc., cuyos salarios oscilan entre los 3 mil 500 pesos y 21 mil pesos).
Hay otros 374 empleados que laboran por convenios de programas federales y cuyo salario proviene del gobierno federal, así como otros 945 que laboran en los llamados Programas Prioritarios.
Así, bajo la tutela de Bernardo Campillo, la Secretaría de Salud de Sonora se convirtió en la más grande agencia de colocaciones, presumiblemente para incorporar a miles de amigos, familiares, ‘amiguitas y amiguitos’; acomoda sillas, pega carteles y reparte-volantes en campañas políticas, que no necesariamente cuentan con el perfil para el cargo al que fueron asignados.
Obviamente, eso se tradujo en un desastre administrativo y ni se diga en la prestación de servicios en esa dependencia.
El último reporte de la Dirección Nacional de Epidemiología de la Secretaría de salud federal, entre 2009 y 2015 Sonora cayó del lugar 21 a nivel nacional, al 31, es decir, a un solo lugar de ser el peor del país.
En el combate a las enfermedades transmisibles, por citar un caso, pasó del lugar 8 al 24 en ese lapso.
En el rubro de Salud Materna, Sonora pasó de ocupar el cuarto lugar nacional en 2009, al lugar 29 en muertes maternas durante 2014, lo que lo ubica en situación precaria.
De acuerdo con ese reporte del gobierno federal, el Sistema de Salud sonorense ha caído drásticamente en otros indicadores como el combate al SIDA, Tuberculosis y Cólera, y se mantiene en condición de “mínima” a “precaria” en cuanto al Tétanos y Dengue.
La Secretaría de Salud en Sonora es pues, quizá la peor evaluada de todo el aparato gubernamental y se ha convertido en un verdadero ‘agujero negro’ a la hora de desaparecer recursos federales para programas prioritarios y de largo plazo.
Al mismo tiempo, han cobrado mayor relevancia las extravagancias de su titular, Bernardo Campillo, quien habría comprado una lujosa residencia en San Carlos Nuevo Guaymas con valor de un millón de dólares; también varios caballos pura sangre con los que alimenta su gusto por la moda sexenal.
Hay, en contraparte, muchas preguntas que se encuentran contenidas en la solicitud de información que hizo el equipo de entrega-recepción de Claudia Pavlovich y que deberán ser respondidas con algo más que un “no sé de lo que me estás hablando”, la respuesta para toda ocasión que institucionalizó el gobernador del estado.
Por ejemplo la solicitud 71 de la mesa de Salud, que pide información sobre la plantilla de personal del ente público vigente al 31 de marzo de 2015, señalando tipo de nombramiento, recurso con el que se cubre la remuneración y nómina correspondiente a dicha plantilla incluyendo sueldo base, compensación y demás emolumentos de ingreso de cada servidor público.
O la 73, que alude a la relación de servidores públicos del ente público que tengan asignado el manejo de fondo fijo, señalando el monto autorizado, especificando el tipo de gasto autorizado para cada uno de ellos por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015 y copia del ultimo arqueo realizado a cada fondo fijo.
O la 78, que pide una relación de obras pública vigentes con recursos federales y/o estatales y/o mixtos señalando obra contratada, empresa o persona física contratista, monto del contrato, monto del anticipo otorgado, y entregar copia del programa de ejecución, carátula de estimación presentada por el contratista en los meses de junio y julio de 2015, así como copia del acumulativo de estimaciones a la fecha de la más reciente estimación de cada una de las obras.
Como estas, hay cientos de preguntas que deberán ser respondidas por la contraparte del gobierno padrecista, aunque realmente hay pocas expectativas de que eso ocurra, y ninguna sanción en caso de que omitan las respuestas. ¿O sí?
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