El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
De nueva cuenta el personal de confianza y que labora por honorarios en la televisora estatal Telemax vivieron días de incertidumbre, pues al llegar la quincena el director de la misma, Jorge Morales Borbón, que a la vez es secretario de Comunicación Social y director de Radio Sonora, les anunció que no había dinero para la nómina y que le hicieran como quisieran.
Entiendo que el ex periodista imparcialero cobra puntualmente su quincena, nada despreciable por cierto, aunque una bicoca comparada con lo que ha ganado a través de negocios al amparo del poder y usando prestanombres, así como ‘capando la cochi’ y jineteando el dinero de convenios con medios de comunicación.
Desde luego que Morales cuyo apellido es un fúnebre eufemismo, no dio la cara a los afectados, sino que mandó al administrador de la televisora, Sergio Teshiba, a darle la noticia al personal, que a estas alturas del ocaso del sexenio más corrupto del que se tenga memoria, no está dispuesto a dejarse y advirtieron que algunos de ellos no ‘saldrían a cuadro’ este viernes, si no les depositaban su sagrado salario.
Alguna maniobra tuvieron que realizar para sacar dinero quién sabe de dónde, pero por la tarde les informaron que este día quedaría cubierto el pago de nómina. No es la primera vez que esto sucede, ni tampoco es Telemax el único organismo gubernamental que ha pasado por problemas de insolvencia para cubrir incluso el gasto corriente, no digamos para invertir en mejoras.
El saqueo en este gobierno ha sido épico, como también lo ha sido el enriquecimiento inocultable de funcionarios públicos, especialmente aquellos más cercanos al gobernador, que por supuesto es el Número Uno en ese rubro del hurto y el pillaje.
De hecho, se asignaron cien millones de pesos para iniciar el proceso de digitalización de esa televisora, lo que por cierto tiene un plazo fatal: si el uno de enero de 2016 no ha concluido la digitalización, las transmisiones serán suspendidas por el llamado ‘apagón analógico’, que podría derivar también en la cancelación de la concesión.
Se supone que para la famosa digitalización se requieren 200 millones de pesos, más cien millones para la adquisición de un nuevo edificio, pues el que alberga a la televisora ya es obsoleto, según reveló en meses pasados el dirigente del STIRT, José Victorín. Lo cierto es que, si no se tiene para cubrir puntualmente la nómina, la inversión para evitar que la televisora pase a mejor vida es un sueño guajiro.
Desde luego este es otro de los muchos temas que tiene muy sin cuidado al Cártel del Nuevo Sonora, que ahorita está más ocupado raspando los sartenes del presupuesto para llevarse hasta el último centavo en el impresionante ejercicio de rapiña que por lo visto mantendrán hasta el último día de su gobierno. Y el que venga atrás que arreé, como dice la sentencia popular.
El argumento de los funcionarios estatales para explicar la insolvencia es el mismo que han usado en otros casos: el gobierno federal no ha depositado recursos. Ese argumento les sirve lo mismo para un barrido que para un trapeado. Con eso han pretendido justificar la no asignación de recursos para el Congreso del Estado, para el Instituto Estatal Electoral y para la Universidad de Sonora; así como para casi todos los ayuntamientos a quienes en conjunto adeudan cientos de millones de pesos.
El gobierno federal desmintió recientemente esas versiones, cuando, a propósito del dinero adeudado a la Unison señaló que la federación había cubierto puntualmente las ministraciones, pero esos recursos, al modo del nuevo sonora, se fueron por el gran agujero negro del manoteo y la corrupción.
Y si el saqueo es ofensivo, grosero, no lo es menos el cinismo con el que la banda de Padrés se sigue burlando de los sonorenses.
En vía de mientras, los días que vienen habrá de bajar mucho la actividad en la política y el servicio público, al decretarse las vacaciones oficiales en un gobierno que a decir verdad, tiene varios años ausente del ejercicio de las políticas públicas, aunque muy activo en todo aquello que tenga que ver con la depredación presupuestal, en lo que, todo parece indicar, seguirán bien ocupados hasta el último día que permanezcan en la nómina.
Esto despierta una gran expectativa acerca de lo que se encontrarán en breve los integrantes del equipo de entrega-recepción nombrado por la gobernadora electa, Claudia Pavlovich Arellano, pero sobre todo, lo que ésta y su gabinete puedan hacer una vez asumido el cargo el próximo 13 de septiembre, cuando probablemente no encuentren ni los escritorios en las oficinas.
Serán días difíciles, sin duda, los que precedan a la rendición de protesta, y en la conciencia colectiva de los sonorenses comienza a crecer y tomar forma la idea de que aquellos que por fin se van, no se marchen en la impunidad con la que navegaron alegremente durante los últimos seis años.
Y es que el impresionante voto de castigo con el que los sonorenses decidieron echar de Palacio a la banda de Padrés no incluía sólo el mandato popular para que ya se fueran, sino la exigencia explícita para que regresaran lo robado y pagaran por los ilícitos cometidos.
Claudia Pavlovich llegará no sólo con la gran responsabilidad de administrar las ruinas que le dejaron, sino con el ojo ciudadano puesto en sus primeros cien días de gobierno, ese lapso clave para perfilar las características de su mandato.
El mandato de las urnas fue muy claro: la gente no va a tolerar complicidades ni impunidades, porque no votó por ello.
El llamado ‘bono democrático’ con el que suelen comenzar los gobiernos, esta vez puede ser mucho más breve, considerando la gravedad del saqueo, y si en esos primeros cien día no se observan acciones decisivas, el descrédito comenzará a carcomer al nuevo gobierno.
Por lo que gusten y manden, Padrés llegó con márgenes de legitimidad amplios en 2009, pero hace por lo menos tres años que gobierna a salto de mata, escondido en las penumbras o las falsas escenografías de un apoyo popular que no existe. Ni siquiera habrá acto público para su sexto informe y su presencia a la hora de entregar el mandato es un enigma en cuanto a la rechifla que le espera.
Es decir, la legitimidad se acaba en mucho menos tiempo de lo que se ocupa para ganarla y eso es algo que debe considerar el nuevo gobierno.
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