Arturo Soto Munguia
Son 74 los atletas paralímpicos que asistirán a Colima para medirse con las delegaciones de todos los estados, en la Paralimpiada Nacional 2018, en diversas disciplinas: natación, tenis de mesa, golbol, boccia y en para atletismo.
Resulta particularmente emotivo observar a estos jóvenes con el corazón henchido de orgullo, portar las casacas de la Ola Roja, con toda la voluntad de conquistar las medallas en disputa, pero es absolutamente aleccionador su pundonor y disciplina con el que se disponen a las competencias, en una acción que lleva implícito su deseo de visibilizarse, de levantar la mano y decir “acá estamos”; para generar conciencia sobre inclusión, respeto, oportunidades para ese diez por ciento de la población sonorense que vive con alguna discapacidad.
La gobernadora Claudia Pavlovich abanderó a esta delegación de jóvenes, hombres y mujeres que siempre regresan cargados de medallas para orgullo de Sonora y de manera muy especial, para sus familias, padres y madres que se multiplican en sus cotidianidades para no dejarlos nunca de la mano, para apoyarlos en todo y vivir a su lado las intensidades de la convivencia con estas personas especiales, que “son lo mejor de Sonora”, como dijo la gobernadora.
Por azares del destino, la suerte o la casualidad, me ha tocado vivir de cerca las complicaciones que conlleva sacar adelante la carrera deportiva de un niño que con talento, disciplina, fuerza y tenacidad llegó a medirse con los mejores del mundo, conquistando preseas que en su disciplina no habían llegado nunca para Sonora.
Tengo la certeza de que los atletas paralímpicos y sus familias, tienen el doble o el triple o no sé cuánto más de méritos y también de orgullo y de litros de lágrimas derramadas en cada triunfo y en cada victoria.
Bien por ellos y bien por las autoridades deportivas que encabeza Genaro Enríquez Rascón, por los apoyos a los atletas paralímpicos que en breve habrán de traernos buenas noticias.
II
Por lo menos hasta hoy, lo que se percibe en el plano federal después de la elección del primero de julio, es que el relevo en la presidencia de la República será una transición pactada, un proceso civilizado en el que prevalezcan los acuerdos, sin menoscabo de las naturales diferencias entre los gobiernos entrante y saliente.
Ayer, el presidente en funciones Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofrecieron una rueda de prensa conjunta, acompañados de sus principales colaboradores.
Más allá de los chascarrillos sobre la brecha generacional evidente a un lado y otro de la pantalla en la que seguimos la transmisión de esta comparecencia inédita entre yuppies en retirada y dinosaurios de regreso, queda claro que algo va a pasar en el país después del primero de diciembre.
Pasado el fragor de las campañas electorales, se les vio relajados incluso cuando se les preguntó sobre los temas más álgidos: el combate a la corrupción, el nuevo aeropuerto, la reforma educativa y la liberación de la maestra Elba Esther Gordillo, por citar algunos.
Hay, naturalmente, diferencias no sólo de matiz en esos y otros temas, sino algunas de fondo, pero ambos se ocuparon de enviar señales de cordialidad y entendimiento que anticipan un abordaje civilizado de los avatares de la transición.
Eso suena bien, tranquiliza los mercados y deja con la carabina al hombro a no pocos que esperaban un ambiente rupturista y de cacería de brujas que pondría al país en la ruta de la inestabilidad y la confrontación.
Claro, todavía no llega el primero de diciembre, cuando López Obrador se cruce la banda presidencial al pecho y comience a tomar decisiones ejecutivas, apoyado en una sólida mayoría legislativa para materializar su proyecto de nación, limpiando el camino de todos aquellos escollos del viejo régimen, que considere necesario hacer a un lado.
Hasta entonces podremos apreciar cómo vienen realmente las cosas que, por lo pronto, parecen ir por un camino despejado.
De buenas intenciones, sin embargo, está empedrado el camino de una transición de terciopelo que podría tener como destino final el infierno.
La liberación de la maestra Elba Esther Gordillo y su aparición pública justo el día del regreso a clases, así como su discurso lleno de amenazas veladas y heridas que no terminan de lamerse, no son buenos presagios. Todo parece indicar que viene por la revancha y con todo el apoyo del presidente electo, a cuya causa dispuso el poder que no le restó la cárcel.
Estoy libre y la reforma educativa se ha derrumbado, dijo, palabras más, palabras menos. Y explicó que su fortuna proviene en una parte importante de la herencia que le dejó su madre, una maestra rural de Chiapas que pudo acumular cientos de millones de pesos.
Cualquiera con cierto grado de ingenuidad, o que no conozca los modos y las maneras de la política mexicana puede seguir alegando que su libertad obedeció al cumplimiento de tiempos legales propios del proceso que se le sigue, pero alguno más malpensado podría elucubrar que obedeció a ciertos pactos entre el gobierno entrante y el saliente.
El resultado electoral empoderó contundentemente a López Obrador y dejó a Peña Nieto noqueado sobre piernas. Es dable pensar que el presidente electo tuvo el suficiente poder para obligar al saliente a mover los resortes institucionales para liberar a quien él mismo mandó a la cárcel.
De hecho, en la rueda de prensa, fue uno de los momentos en que Peña Nieto se vio más vacilante. Cuando le preguntaron por el tema, sostuvo que ese no era un asunto del Poder Ejecutivo, sino del Judicial y la PGR, pero hasta donde tengo entendido, la PGR depende del Ejecutivo y, si me apuran tantito, el Poder Judicial también cuando así se requiere, lo mismo que el Legislativo.
Es una verdad de Perogrullo decir que en México, no hay nadie con más poder que el presidente. Así ha sido incluso en los tiempos en que el presidente no tenía una legitimidad fincada en 30 millones de votos y una mayoría en las cámaras como la que ganó López Obrador el pasado primero de julio.
¿Transición de terciopelo? Lo dudo mucho.
III
La directora del Instituto de Crédito Educativo, Yasmina Anaya Camargo ha hecho un excelente papel al frente de esa institución. Rediseñó la política de recuperación de cartera vencida y amplió la oferta de créditos y becas para estudiantes en todos los niveles, incluyendo posgrados en el extranjero.
Ha rendido buenas cuentas a la gobernadora, aunque en este inicio de clases se le complico el tema de las becas a estudiantes de escuelas particulares. Varias quejas se hicieron públicas, de parte de padres de familia a quienes no se les renovó la beca para sus hijos.
La explicación institucional es que cambiaron los criterios para la asignación de becas, privilegiando a estudiantes con discapacidad, hij@s de jefas (o jefes) de familia sol@s, nivel de ingresos y promedios por encima de 9.
Esa política, sin embargo, “rasuró” del padrón de becarios a un buen número de estudiantes, cuyos padres iniciaron las protestas en redes sociales y advierten que las pueden llevar a otro nivel, exigiendo la reconsideración de esos criterios.
No sabemos a ciencia cierta cuántos estudiantes quedaron fuera de estos apoyos, pero conocemos casos de familias que sin ellos, no podrían sostener la educación de sus hij@s en esas escuelas. Escuelas privadas, ciertamente, pero en las que han estado inscrit@s desde hace varios años gracias a sus buenos promedios y destacada participación en otras actividades, como existen muchos casos.
Vamos a ver en qué para este asunto.
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