Arturo Soto Munguia
La luna de miel terminó temprano. Los primeros acercamientos entre el gobierno del estado y Morena como la fuerza emergente más poderosa tras el resultado electoral del 1 de julio en Sonora, apuntaban a la cordialidad y el diálogo; al respeto y la tolerancia; al diálogo y la civilidad.
De uno y otro lado se enviaron saludos amistosos y señales de voluntad para avanzar juntos en el camino de la construcción de consensos a partir de una nueva realidad política en la que inobjetablemente, el PRI y el PAN fueron materialmente avasallados por los candidatos de Morena.
Pero algo se rompió.
Una iniciativa de ley para reformar la Constitución en la búsqueda de nuevos equilibrios frente a una realidad política completamente distinta a la que se ha vivido por décadas, desató los demonios al grado de que este miércoles, el pleno del Congreso probablemente sesione en una sede alterna en previsión de movilizaciones que podrían impedir la aprobación de dichas reformas.
La oposición no viene de los diputados en funciones, sino de la dirigencia de Morena y sus diputados electos, que habrán de tomar posesión hasta el 16 de septiembre, pero que ven en la iniciativa propuesta “un asalto a la división de poderes” con la ampliación de la facultad de veto para el Ejecutivo, lo cual comprometería la autonomía del Legislativo y acotaría sus funciones en temas delicados como el presupuestal y el de fiscalización de los recursos públicos, entre otros.
La reforma incluye un espectro de temas mucho más amplio entre los que destacan la eliminación del fuero para todos los servidores públicos y la ampliación de facultades al poder Judicial para la solución de controversias entre los otros dos poderes, así como entre éstos y los ayuntamientos, pero el tema que ha causado más polémica es el del veto.
Veto que ya existe en la legislación actual y que busca ser ampliado a otros temas. Tampoco es algo del otro mundo. Ayer circuló una nota de El Universal fechada en 2015, que da cuenta de cómo el propio Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, echó mano de ese recurso para vetar 12 legislaciones relacionadas con transparencia, finanzas, medios de comunicación y para no acatar resoluciones de la Suprema Corte.
No es, pues, algo novedoso, cuando el Ejecutivo carece de una mayoría en la Cámara, como está por suceder en el estado, pero es parte de la lucha política, que a veces se vuelve muy maniquea, validando políticas propias que en otros son rechazadas.
Ayer lo ilustraba con un ejemplo: negociar con una pistola en la cabeza es legítimo y democrático, siempre y cuando la mano y la pistola sean mías y la cabeza de otro. O bien: el periodismo militante es válido si y sólo sí, milita a mi lado. Si no, es periodismo chayotero.
Es obvio que ante una nueva composición del poder legislativo de Sonora, en el que una fuerza distinta a la del partido en el gobierno dominará de manera amplia la mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI (y con reservas el PAN y el resto de los partidos allí representados actualmente), busquen acotar la fuerza de Morena para conservar márgenes de maniobra en el ejercicio de gobierno y el desarrollo de políticas públicas contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo diseñado hace tres años y con proyección al 2021.
Es obvio también que en la ruta de la transición, no se supera aún esa etapa en la que quien pierde, pierde todo, y quien gana, gana todo, de manera que estamos lejos todavía de un sistema de partidos en el que se privilegien los acuerdos por encima de las discrepancias y se avance ponderando antes que cualquier otra cosa, el beneficio de los ciudadanos y no de los partidos políticos.
Como partido en el gobierno, los priistas están haciendo lo suyo para conservar los márgenes de maniobra; como oposición, Morena a su vez está haciendo lo propio para arrebatárselos y ser ellos quienes decidan sobre los temas torales en el estado, señaladamente los que tienen que ver con el paquete presupuestal y todo lo que ello implica.
Es normal. Es parte de la lucha por el poder y es lo que se verá este día en la sesión del pleno. Con una paradoja: Morena no tiene representación en el Congreso. Hay un diputado que llegó por la vía plurinominal hace tres años y que fue seleccionado mediante el poco ortodoxo método de la tómbola, pero desde diciembre de 2015 la dirigencia de Morena lo desconoció como parte de su equipo.
La decisión sobre la polémica iniciativa de reforma cae, pues, en los diputados actualmente en funciones y lo más probable es que pase, independientemente de las protestas. Después del 16 de septiembre, la bancada de Morena tendrá que buscar las formas para revertirla, pero a juzgar por el tono del discurso, lo caldeado de los ánimos y la magnificación del conflicto, lo que se anticipa son tres años de una relación bastante ríspida entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Los morenistas reclaman, con los votos de 2018 en la mano, su derecho a incidir en los asuntos de gobierno, aunque no hayan tomado sus cargos todavía; los priistas a su vez reclaman que ellos también llegaron por la vía de los votos y su periodo de ejercicio aún no termina.
Morena presume un albazo legislativo y ha llamado a sus seguidores a manifestarse para impedir la aprobación de la reforma. Reclaman también que el proceso se hizo “en lo oscurito” aunque en realidad se siguieron los tiempos, protocolos y técnicas parlamentarias. Incluso el dictamen se publicó en la Gaceta Parlamentaria en los tiempos en que normalmente se hace (una vez discutido en comisiones) y la prueba es que ayer, durante todo el día, varios colegas estuvieron tuiteando las partes medulares del mismo.
Estamos ante un choque de trenes. Las dos principales fuerzas políticas están en pugna y en ese camino van a echar mano de todas sus artes (buenas y malas) para conseguir su propósito, y aquí se incluye el escamoteo de información y la negociación con aliados coyunturales por el lado del PRI; y la extensión de las campañas electorales por parte de Morena, como ha quedado claro en las redes sociales, donde están atacando con todo y manejando términos como “golpe de Estado legislativo”, cualquier cosa que eso signifique.
La polarización que se dio en las campañas electorales y que se creía superada con las iniciales banderas blancas, ha resurgido acaso con más fuerza.
Independientemente de lo que suceda hoy, la relación entre las autoridades gubernamentales en el estado y Morena como la principal fuerza política en Sonora se encuentra bastante deteriorada y no parece que se componga en el corto plazo. Antes bien, se prevé que la confrontación vaya en ascenso y se mantenga en esa tónica por los siguientes tres años, por lo menos.
En ese sentido, es lógico que la otra reforma planteada en el tema del transporte urbano, sea también rechazada y motivo de polémica durante los meses que vienen. Si algunos alcaldes de Morena la habían acogido bien y otros habían externado sus reservas, por estos días ya modificaron sus posturas y el rechazo ha quedado de manifiesto.
No hay, por donde quiera que se le vea, buenos presagios en materia de gobernabilidad para el futuro inmediato en Sonora. Urge que las partes en conflicto se despojen de sus atavismos político-ideológicos y se sienten a negociar punto por punto los temas que hoy están en la agenda.
Lo otro sería alargar el conflicto indefinidamente y, cuando eso sucede, los que pasan a pagar los platos rotos de la confrontación en las cúpulas, son los ciudadanos. No hay mucho espacio para el optimismo.
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