Arturo Soto Munguia
Sin fiscal especial, sin magistrados especializados; con varias entidades en las que ni siquiera se han aprobado las reformas legales para su operación, hoy entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción que, por lo mismo, nace cojo, tuerto, sin dientes y con desbordadas expectativas por el alumbramiento, que podrían quedarse en un chasco.
El senado de la República no ha hecho su tarea, o al menos, no la pudo hacer a tiempo. Los Congresos locales han quedado a deber mucho, aunque no es el caso de Sonora, que es uno de los estados donde mayores avances se registran en este tema.
De hecho, adelantándose a los tiempos, en Sonora se creó desde febrero de 2016 una subprocuraduría que desde hace unas semanas opera ya como Fiscalía Especial Anticorrupción, con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Al frente de ella fue ratificado en el cargo Odracir Espinoza Valdez.
También el Congreso local hizo lo necesario en materia de reformas legales, armonización de leyes y creación de instancias relacionadas con el tema, como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que ciertamente no ha sido integrado, pero el proceso va por buen camino y se espera que para el 1 de agosto ya se hayan nombrado los cinco integrantes, elegidos de un total de 48 aspirantes que se registraron.
Para ello se formó una comisión de selección que ha venido trabajando bien y que ya desechó a los primeros cinco aspirantes que en una primera revisión, no acreditaron la documentación básica de los requisitos.
El gran reto del Sistema Nacional Anticorrupción, y de los sistemas estatales como ‘espejo’ del mismo, es el de todas las reformas legales e instituciones que se han creado, especialmente a partir de la década de los 90 para democratizar la vida pública nacional, sobre todo en temas electorales y de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Y ese gran reto es el de hacer prevalecer las leyes y lograr que las instituciones cumplan los objetivos para los que fueron creadas, saltando las trancas de las inercias y los usos y costumbres; los poderosísimos intereses de los poderes reales y fácticos, que finalmente son el valladar donde se estrellan todas las buenas intenciones de avanzar en la construcción de un país más democrático.
No tenemos que ir muy lejos por los ejemplos. Buena parte de la agenda mediática entre ayer y hoy la ocupó la extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, cuya presencia y ausencia y dominio de ciencia, prudencia y otras solvencias, al parecer pasaron ya a joder la inmunodeficiencia institucional que lo tiene a las puertas de la libertad, después de que los abogados de la PGR hicieron el ridículo frente a un juez que los observaba risueño en la ineptitud para probar los delitos de que se le acusa, y hasta ignorantes de los expedientes del caso.
En vía de mientras, el juez ya ordenó la suspensión de dos órdenes de captura al ex gobernador veracruzano.
Al país le ha costado mucho, muchísimo, construir las instituciones y las leyes que en teoría, garantizan equidad, respeto, transparencia, democracia, justicia. Quimeras que pueden concursar en el concierto de las naciones y ganar el primer lugar en cualquier categoría, siempre y cuando no se le ocurra a alguien contrastar el entramado conceptual con la cotidianidad ciudadana que se muere de asfixia en los socavones de la oscuridad de la casa, lejos de los candiles de la calle.
II
Y a propósito, no puedo menos que levantarme, aplaudir de pie y hasta que me sangren las manos, el reencuentro del colega y amigo Luis Alberto Medina, con su viejo amigo Ricardo Mazón Lizárraga, con quien por fin aclaró el asunto de que no fue él, Ricardo, quien provocó su despido de la empresa de radio para la que trabajaba.
Confieso que en algún momento, llegué a pensar que Luis Alberto se refería a él cuando habló de empresarios priistas del pasado que lo amenazaron y pusieron en riesgo su vida, pero afortunadamente todo ha quedado en un malentendido y veo que por lo menos, Ricardo Mazón no está en esa lista de odiosos, despreciables personajes que censuran y presionan, atentando contra la libertad de expresión.
Por eso, no puedo menos que ponerme de pie, junto a Carmen Aristegui, Diego Osorno, Álvaro Delgado, Ana María Salazar y otros tantos y tantas periodistas que sospecharon que la mafia del poder se cernía sobre uno de ellos, para aplaudir que no es así. Artículo 19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instituciones también deben estar sin sobresaltos porque la libertad de expresión está garantizada.
La foto que circuló ayer, con Ricardo Mazón abrazando por la cintura a Luis Alberto, que hacía “changuitos” sobre el hombro de Ricardo; flanqueados por Enrique Clausen, director del Isssteson; Pepe Victorín, dirigente sindical del STIRT y Pano Salido, coordinador parlamentario de la bancada del PRI me hacen respirar tranquilo.
Es posible que enojen a otros, especialmente a quienes firmaron desplegados o se desgarraron las vestiduras o dieron su espada en prenda. Esta es una aburrida película repetida no apta para millenials del periodismo o analistas con micrófono prestado y ensalivado. En fin. Estamos de vacaciones.
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