Arturo Soto Munguia
Algo raro está pasando en el Río Sonora. Alcaldes y pobladores de la región se han quejado de que el Fideicomiso creado para paliar las consecuencias del derrame tóxico ocurrido en agosto de 2014 no ha cumplido con las obras acordadas; peor aún, ha trascendido que el poderoso Grupo México ya se lavó las manos (trágica metáfora) y se niega a entregar los recursos correspondientes.
El pasado cinco de febrero, en la comunidad de Bacanuchi (donde comenzó el derrame), autoridades federales, estatales y municipales pusieron en operación la primera de 28 plantas potabilizadoras que serían instaladas en municipios y comunidades afectadas por el derrame a lo largo del Río Sonora, que ‘muere’ en el oriente de Hermosillo, en la presa El Molinito, donde también se presume hubo afectación por metales pesados.
Ese día, la gobernadora se encontraba en San Carlos para inaugurar obras de remodelación del delfinario, recibir del gobierno federal cinco delfines y entre otras cosas, liberar crías de totoaba seri para repoblar la especie en el Mar de Cortez. Acompañada del secretario de Semarnat, el titular de Conafor y otras autoridades federales, la gobernadora participó de un enlace vía satélite, una videoconferencia en la que se anunció la puesta en marcha de la primera planta potabilizadora y el inicio de la construcción de otras 28.
Han pasado cuatro meses desde entonces a esta fecha y el reporte que llega a esta columna desde Bacanuchi, es que la planta inaugurada dejó de funcionar unos días después del acto protocolario y eso en parte se debió a la falta de pago al contratista a cargo de esa obra. Más aún, de la construcción del resto de las plantas, nada se sabe, excepto que no ha comenzado.
Extraoficialmente, lo que ha trascendido es que Grupo México ya no está dispuesto a canalizar más recursos al fideicomiso creado para administrar los recursos de atención a la contingencia ambiental provocada por el derrame.
El fideicomiso fue creado inicialmente con dos mil millones de pesos, y en sus primeras acciones destacan la canalización de recursos para indemnizar a productores agropecuarios, comerciantes, pequeños productores artesanales y prestadores de servicios. También se compraron y se entregaron tinacos para almacenar agua potable, ya que los pozos que abastecen las comunidades resultaron contaminados o con riesgo de haberlo sido. Otra parte de los recursos se utilizó en la habilitación de nuevos pozos y el reparto de agua en todas las comunidades.
Pero esas fueron, por llamarlas de algún modo, medidas emergentes frente a lo que fue considerada la mayor tragedia ecológica en Sonora. Sin embargo el fideicomiso se comprometió también a construir esas plantas potabilizadoras que cubran las necesidades básicas de unos 25 mil habitantes de esa región.
Aún más: otro de los compromisos fue el de la construcción de una clínica de especialidades para atender a los afectados por el derrame tóxico y a la población en general. Durante mucho tiempo esa obra se estuvo posponiendo y a principios de abril de este año comenzaron los trabajos de nivelación de terreno y acumulación de materiales, en Ures, el municipio más grande entre todos los afectados.
Pero doce días después, los trabajos fueron suspendidos sin mediar explicación alguna. Entrevistado al respecto, el delegado de Gobernación, Wenceslao Cota Montoya confirmó el pasado 27 de abril la suspensión de la obra y manifestó desconocer los motivos de tal interrupción.
El fideicomiso no ha emitido una postura oficial, pero de acuerdo a fuentes cercanas, se presume que detrás de todo está la negativa de Grupo México para seguir aportando los recursos pendientes, lo cual podría complicar las cosas para los pobladores, sobre todo considerando que ya se acerca la temporada de lluvias, que es cuando se registran mayores niveles de contaminación en las fuentes de agua.
De hecho, el derrame se suscitó tras una copiosa precipitación que tuvo lugar el 5 de agosto en la región de Bacanuchi, donde aguas arriba la empresa minera Buenavista del Cobre construyó una presa de jales donde acumulan millones de metros cúbicos de lixiviados de cobre acidulado. Esa presa se desbordó y vertió 40 millones de metros cúbicos primero al arroyo Manzanal, y luego al Río Sonora que corre a través de más de 200 kilómetros hasta llegar a Hermosillo.
Es posible que en los próximos días se retomen las manifestaciones y protestas de los pobladores de la región, frente al incumplimiento del Grupo México que, según se sabe está negado a aportar los recursos comprometidos al fideicomiso creado para remediar la contaminación y atender sus secuelas.
Veremos qué pasa.
II
Siguen las comparecencias en la Fiscalía Especial Anticorrupción y ayer les tocó el turno a Jesús Manuel Enríquez, quien fungiera como director de Promotora Inmobiliaria con Alejandro López Caballero, y al ex director de la Comisión Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, Óscar René Téllez Leyva.
Al primero, seguramente se le citó por el caso de los terrenos en el Vado del Río que fueron vendidos al ex dirigente estatal del PAN, Juan Bautista Valencia Durazo o por la venta del rastro TIF; al segundo, por presunta malversación de recursos federales.
La fiscalía pues, no quita el dedo del renglón y por ella siguen desfilando toda clase de funcionarios involucrados en presuntas irregularidades durante la pasada administración estatal y las dos anteriores municipales.
Por cierto, al que le resultó una multa por no haberse presentado a declarar en la PGR fue al ex gobernador Guillermo Padrés Elías. La sanción causó hilaridad al tratarse de un pago por poco más de tres mil pesos, pero en realidad ese es el monto que se cobra por no acudir a la cita, es decir, no tiene que ver con la gravedad de los delitos cometidos.
Lo que sí es un hecho, es que se trata de un indicador de que los casos por los que se investiga al ex gobernador no están estancados y siguen caminando por la ruta jurídica. Hay, desde luego, muchas cosas que no se conocen de los mismos, por la misma secrecía de la investigación.
Así pasó, por ejemplo con el caso del llamado ‘hermano rico de la familia’, Miguel Padrés, a quien el SAT congeló cuentas bancarias presuntamente involucradas en el caso de lavado de dinero proveniente del programa Uniformes Escolares Gratuitos. Esto sucedió desde marzo pasado, pero apenas trascendió hace algunos días.
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