Hace poco más de un año, en marzo de 2015, un bebé de dos años de edad de nombre Kevin, falleció en el trayecto entre Mesa Tres Ríos y Nácori Chico. El pequeño fue picado por un alacrán y en el dispensario médico de aquella comunidad serrana no había ni una muestra de medicamento para contrarrestar los efectos del veneno.
Tampoco había ambulancia, así que hubieron de trasladarlo de emergencia en un vehículo particular a la cabecera municipal, Nácori Chico, pero el deplorable estado en que se encontraba la carretera volvió demasiado lento el traslado y el niño murió en el camino.
Por esta muerte, hay una denuncia en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde duerme entre el polvo de los archivos.
Que la corrupción mata, suele decirse, y el caso del pequeño Kevin es uno que ilustra de manera muy clara cómo las omisiones y, en el peor de los casos, la desviación de recursos públicos que debería ir a obra pública y servicios de salud se traduce en muertes que pudieron evitarse.
El caso vino a la memoria ayer, cuando en el acto de entrega de 20 ambulancias equipadas para diversos municipios, la gobernadora Claudia Pavlovich mencionó que entre las localidades a las que se asignaría uno de estos vehículos, especialmente equipado con doble tracción, es precisamente Mesa Tres Ríos, una de las poblaciones remontadas en lo más alto de la sierra de Sonora, y donde se carece de lo más indispensable.
“A través de la gente y con la gente es como vamos a seguir trabajando, sé que juntos vamos a lograr mucho más, hoy es esta entrega de 20 ambulancias y en junio entregaremos otras 30, de las cuales 5 serán de doble tracción, que son para los lugares más alejados como Mesa Tres Ríos que requiere, el cumplir con la palabra es algo que los sonorenses sabemos hacer”, expresó la gobernadora.
El secretario de Salud, Gilberto Ungson explicó por su parte, que estas primeras 20 ambulancias que beneficiarán a los municipios de San Pedro de la Cueva, Mazatán, Nácori Chico, Bacadéhuachi, Huachinera, Moctezuma, Magdalena, Divisaderos, Tepache y Sahuaripa y para los hospitales de Caborca, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Guaymas, Navojoa, Álamos, Nogales, Peñasco, así como los hospitales General del Estado e Infantil del Estado, en Hermosillo, se adquirieron con una inversión de 13 millones de pesos y viene a cubrir el déficit en los centros de salud del estado.
Ayer por la tarde, también el alcalde Maloro Acosta entregó 20 nuevas patrullas que fortalecerán el programa Cuadrante Seguro para combatir el robo a casa habitación, una de las demandas más sentidas de los hermosillenses.
Se trata de 20 unidades tipo pick up, marca Toyota, línea Hilux, modelo 2016, doble cabina y cuatro puertas; equipadas con 4 cámaras de video grabación móvil que registran interior y exterior; geolocalización GPS; radio comunicación matra; torretas de súper led con barra de tráfico; sirena electrónica; estrobos, burreras y rool bar; provenientes del programa federal de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Como testigo de honor en esta entrega estuvo presente el secretario de Seguridad Pública estatal, Adolfo García Morales.
Las cosas, pues, siguen caminando, a pesar de todo.
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Tragedias como la de Kevin, derivadas de la corrupción y las malas prácticas administrativas, por llamarle de una forma amable a la depredación del padrecismo, fueron configurando el escenario de la derrota electoral del PAN en junio pasado, y la estigmatización de varios de sus más importantes funcionarios, acusados hoy de un daño patrimonial que rebasa los 42 mil millones de pesos, contenidos en cientos de expedientes que están siendo integrados tanto por la contraloría estatal, la fiscalía anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación.
Algunos de ellos parecen estar muy confiados en que la mano de la justicia no los alcanzará, y hasta se dan el lujo de esconder su nerviosismo en bravuconadas y desplantes; en actitudes propias de boquiflojos, por cierto muy parecidas a las que todavía un día antes de su detención y encarcelamiento, presumía el ex secretario de Comunicación Social de Guillermo Padrés, Jorge Morales Borbón.
Alguien que sabe mucho de estos temas me comentaba ayer que los funcionarios públicos acusados de ilícitos son, en ocasiones, más difíciles de procesar que algunos prominentes miembros de la delincuencia organizada, debido a los grandes volúmenes de dinero (mal habido) que manejan, pero sobre todo, por sus relaciones políticas con las que suelen pactar impunidades.
Aun así, la Fiscalía Especial Anticorrupción tiene puesta la mira en varios integrantes de la primera línea del gabinete padrecista, incluyendo al ex gobernador y sus hermanos, que se encuentran amparados. Hasta hoy, existen 55 amparos contra esa fiscalía y sólo se está a la espera de que los jueces que conocen las causas resuelvan al respecto. Mientras tanto, las investigaciones y la integración de los expedientes siguen.
En un lapso de dos a tres meses, se conocerán otras consignaciones, y se anticipan sorpresas.
El trabajo de la fiscalía no ha sido fácil. Como órgano de nueva creación, tuvo que comenzar de cero, operando en un edificio provisional, sin la infraestructura básica y con un proceso de contratación de personal en el que se cuidó mucho no integrar personal del pasado sexenio, por aquello de las filtraciones y los ‘piquetes de ojo’.
Pero hasta el momento hay un secretario del padrecismo preso, Jorge Morales Borbón; otro que se encuentra prófugo, Roberto Romero López y uno más, Héctor Ortiz Ciscomani, que ya fue detenido pero la libró con un amparo.
Es decir, la Fiscalía está trabajando no sólo en la complicada labor de integración de los expedientes, sino en otras labores como la que realizan los más de 30 auditores que se encuentran siguiendo y documentando las rutas del dinero presuntamente birlado al erario, lo que tampoco es sencillo ni rápido, pues en ello participan también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como las secretarías de Hacienda estatal y federal.
Tengo en mi poder un documento del Instituto Superior de Auditoría Fiscal en el que se enlista a 35 ex funcionarios públicos, así como algunos particulares que están siendo investigados y que todavía no han aclarado los presuntos desvíos de recursos de los que se les acusa.
Entre ellos se encuentra Víctor Alcaraz Bernal, ex director del Fondo de Modernización para el Transporte, a quien se le reclaman 760 millones 533 mil 535 pesos. Junto con él se investiga a su sucesor, el ex alcalde de Caborca Darío Bolaños.
Cito el caso de Alcaraz Bernal, porque hace un par de días se subió al ring para defenderse de acusaciones hechas durante la manifestación del 1 de Mayo en las que trabajadores del sindicato Sictuhsa desplegaron una manta sugiriendo su probable responsabilidad.
La historia real es que Alcaraz Bernal fue objeto de una denuncia por parte del ISAF, misma sobre la que el ex procurador Carlos Navarro Sugich decretó el no ejercicio de la acción penal, cerrando el expediente, como lo hizo con otros tantos casos.
Quizá a eso aludió Víctor Alcaraz cuando en su cuenta de Twitter escribió que la Fiscalía ya había resuelto sobre el caso. Eso no es cierto. Es una más de las mentiras que a fuerza de troleadas quiere hacer aparecer como verdad el ex funcionario.
Lo cierto es que el ISAF interpuso un amparo para reabrir el expediente, lo cual sucederá en un plazo no mayor de dos o tres meses, y entonces tendrá que responder por sus actos. Mientras, puede seguir manejando sus cuentas trolls para la difamación y la calumnia, algo que hicieron en el pasado reciente y que se les revirtió como un violento boomerang en las urnas, al grado que hoy en día, hasta los propios panistas reniegan de la familia Alcaraz, de fea manera.
Víctor Alcaraz tiene abierta la averiguación previa AP/044N-III/2015 en la que se le acusa por delitos relacionados con hechos de corrupción, fraude, peculado y lo que resulte. Es cuestión de que un juez resuelva sobre el amparo del ISAF, para que lo llamen a cuentas.
Por cierto, en la lista del ISAF, que detallaremos en el despacho de mañana, también aparece su primo, Vicente Sagrestano Alcaraz, con varios expedientes abiertos, lo mismo que Teresa Lizárraga, Héctor Ortiz Ciscomani, Bernardo Campillo y funcionarios diversos de Foossi, SEC, Hacienda y el mismo director del ISIE, Luis Felipe Romero López.
Pero mejor mañana les damos los detalles de cada uno de estos casos, cuyos protagonistas han hecho creer que están fuera del alcance de la justicia, pero en realidad, están bien empinados y en un par de meses se sabrá de ello.
Colofón
Por andar averiguando cómo el ex procurador Navarro Sugich torció la ley para favorecer a sus amigüis del PAN, no pude asistir a la conferencia de prensa en la que Agustín Rodríguez anunció que demandará al actual fiscal estatal, Rodolfo Montes de Oca Mena, a quien acusa de violar la ley tras la orden de aprehensión obsequiada en su contra, y el inicio del juicio de procedencia para desaforarlo y que responda por la denuncia de tortura y privación ilegal de la libertad en contra de Gisela Peraza.
Lo cierto es que la orden de aprehensión la obsequió un juez a partir de la denuncia de un particular (el abogado de Gisela Peraza, Juan Antonio Ortega), y en ello no tuvo que ver Rodolfo Montes de Oca, pero para no bordar sobre supuestos, mañana le preguntaremos.
Lo que sí es un hecho, a juzgar por la fotografía en la que aparecen los diputados del PAN y sus dirigentes, es que el padrecismo se está reagrupando y haciendo frente común para defender a sus indiciados, a despecho, hay que aclarar, de los propios panistas que, como han dejado constancia en diversos foros, ya no quieren queso, sino salir de la ratonera en la que los metieron esos que ahora pretenden aparecer como blancas palomas.
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