La semana pasada conversamos por espacio de media hora con el fiscal especial anticorrupción, Odracir Espinoza acerca de varios temas que están en la agenda pública, particularmente aquellos que tienen que ver con los procesos que se llevan a cabo en contra de cientos de ex funcionarios del pasado sexenio, e incluso algunos que sin ser funcionarios, son señalados como quienes operaban una extendida e intrincada red de moches y tráfico de influencias.
El fiscal especial es demasiado cauto y demasiado respetuoso de la institucionalidad. No soltó nombres ni datos sobre esos expedientes, ya que además de las limitantes legales que tiene, hacer eso podría incidir en el llamado debido proceso y dar elementos a los indiciados para debilitar los juicios que se siguen en su contra.
Lo que sí enfatizó mucho es que la fiscalía a su cargo está trabajando muy duro; está en lo suyo y aunque hay expresiones en medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales acerca de que los procesos no avanzan tan rápido como algunos quisieran, están avanzando bien.
Que no quede ninguna duda: habrá consignaciones, advirtió. Y pidió un voto de confianza para la fiscalía y su personal, que en ningún momento han bajado el ritmo de las investigaciones en todos los casos que se les han presentado.
Nada dijo de lo que venía, sin embargo, a unos días de esa entrevista, es obvio que el largo brazo de la ley se extiende hasta los verdaderos ‘peces gordos’ como son el ex secretario de Hacienda Carlos Villalobos Organista (ya inhabilitado por la Contraloría que tutela Miguel Ángel Murillo Aispuro), y el propio ex gobernador Guillermo Padrés Elías.
Ayer, personal de la Fiscalía Especial llevó a cabo cateos en propiedades de este par de principalísimos implicados en un daño patrimonial que rebasa los 40 mil millones de pesos.
Las diligencias se viralizaron en redes sociales, generando un respiro de confianza entre la ciudadanía, pues el hecho de catear el rancho de Padrés, ubicado en las inmediaciones de San Pedro El Saucito, donde el ex gobernador construyó un lujoso criadero de caballos, y que se hizo famoso el año pasado al descubrir que cuenta con caballerizas refrigeradas, alberca para hidroterapias equinas y clínica de maternidad para yeguas embarazadas.
Recordar que ese descubrimiento causó mucha indignación, pues por esos días el sistema de salud se derrumbaba ante el cinismo del titular de la Secretaría del ramo, Bernardo Campillo, que asumía las críticas como ataques políticos y exageraciones de pacientes que se tiraban de las camillas para llamar la atención desde el piso de los pasillos en el Hospital General, por ejemplo.
La residencia de Villalobos Organista también fue cateada. A este funcionario se le tienen expedientes abiertos por casos de presunta malversación de fondos por casi tres mil millones de pesos.
Mientras se realizaba la diligencia en el rancho de Padrés, llegaron al lugar el ex procurador Carlos Navarro Sugich y el diputado local Javier Dagnino; el primero acreditándose como representante legal del ex gobernador (lo cual también provocó un respiro de alivio, pues se sabe que su incompetencia profesional es garantía de que los juicios contra Padrés procedan); el segundo, en calidad de primo de la ex primera dama, Iveth Dagnino de Padrés, representación que no le alcanzó más que para hacer algunos berrinchitos ya que no lo dejaron ingresar a la propiedad. Mañana sus troles amanecerán echando espuma por el hocico, ya verán.
Los cateos a esas propiedades llegan en un momento muy oportuno, pues de un par de semanas a la fecha, los padrecistas parecían crecidos y presumiendo con su típica arrogancia, la seguridad de que sus negociaciones políticas podrían pasar por encima de la procuración de justicia, pactando impunidades.
Es claro que no es así. La integración de sus expedientes sigue, y sigue bien. Sin prisa, pero sin pausa. Las palabras del fiscal especial en el sentido de que sí habrá consignaciones cobran especial validez en este contexto.
Y embonan perfectamente con las del procurador Rodolfo Montes de Oca, cuando dijo recientemente que en el caso del diputado federal Agustín Rodríguez, acusado de privación ilegal de la libertad, tortura y delitos contra la procuración de justicia, la orden de aprehensión en su contra se ejecutará, ya sea que proceda su desafuero, o cuando deje el cargo como legislador.
Por cierto, el diputado federal Ulises Cristópulos solicitó a la Mesa Directiva y a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados darle trámite a la solicitud de desafuero contra Agustín Rodríguez, con lo que mantiene el tema en la agenda legislativa.
El mensaje que han mandado con estos cateos es que no hay intocables en las investigaciones sobre delitos de corrupción en el pasado reciente, y que están en la mira los principales involucrados.
Con mayor razón otros ex funcionarios a quienes el Instituto Superior de Auditoría Fiscal ha demandado penalmente y cuyos expedientes están algunos en la Procuraduría, otros en la Fiscalía Especial.
Independientemente de las sanciones administrativas a que se hagan acreedores, estos ex funcionarios están demandados por la vía penal y tienen averiguaciones previas abiertas, mismas cuyo desenlace de conocerá en un par de meses.
A continuación, la lista de estos ex funcionarios que están en la puerta de la alfombra roja de la corrupción, por donde en breve comenzarán a desfilar.
Encabeza la lista el ex director General del FEMOT, Víctor Alcaraz Bernal, cuyo nombre sí se puede revelar ya que anteriormente ha sido señalado en otros medios de comunicación. Le sigue su sucesor Darío Murillo Bolaños. El resto de los nombres se mantiene en reserva, debido a las restricciones que mandata la ley de protección de datos personales, aunque cualquier interesado puede consultar el organigrama del padrecismo para saber de quiénes se trata.
A estos dos se les reclama un monto de 760 millones 533 mil pesos.
En la lista sigue el director de Administración y Control del FEMOT. (conviene precisar aquí que uno de los troles de Víctor Alcaraz publicó en su cuenta de Twitter que un juez había negado el amparo al ISAF, con el que solicita reabrir el expediente del caso FEMOT, mismo que cerró el ex procurador Carlos Navarro Sugich decretando el no ejercicio de la acción penal. Esa es otra mentira; el juicio sigue).
En el caso del Isssteson, mantienen averiguaciones previas abiertas la ex directora General y el ex titular de la secretaría de Hacienda. Sí, el mismo al que le catearon la casa ayer.
También el ex subdirector de Servicios Administrativos, el ex subdirector de Finanzas, el ex subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales, y el ex titular de la Unidad de Licitaciones, todos ellos del Isssteson.
Aparece en la lista el ex secretario de Sagarpha, que por cierto fue detenido en meses pasados, pero la libró con un amparo. Se mantiene, sin embargo, en la lista, junto con su directora General de Planeación, que aparece en dos expedientes judiciales.
De la Procuraduría General de Justicia también hay indiciados. La lista la encabeza quien fuera directora General de Programación y Presupuesto en esa fiscalía, y a quien se le reclama un monto de 26 millones de pesos, en dos expedientes.
Luego, del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí (Foosi), aparecen varios ex servidores públicos a quienes se les reclaman más de 24 millones de pesos.
El ex titular de la Secretaría de Salud aparece en una averiguación previa en la que se le reclaman 24.5 millones de pesos.
De esa misma secretaría aparece también el ex director General de Administración, en dos expedientes que lo involucran en el presunto desvío de más de 14 millones de pesos.
En la Secretaría de Educación y Cultura aparecen varios implicados. Encabeza la lista el ex sub secretario de Planeación y Administración, con dos expedientes por un monto superior a los 37 millones de pesos.
Le sigue el ex director del Instituto de Infraestructura Educativa, su director General Administrativo y de Finanzas y su director de Obras, así como el representante legal de la empresa Delta del Noroeste, contratista del ISIE.
El ex subsecretario de Planeación y Administración de la SEC aparece en una Averiguación Previa en la que se le reclaman más de 237 millones de pesos, junto con el ex director de Administración y Finanzas.
Dos empresas contratistas de la SEC se incluyen en la lista de los involucrados, a través de sus representantes legales: ToryNor y Freydig.
La lista sigue con el ex vocal de la Comisión Estatal del Agua, su director General de Infraestructura Hidráulica, así como el representante legal de la empresa Construcciones Valbar, contratista de CEA.
En Codeson también hay indiciados. Su ex director aparece en una Averiguación Previa (de allí que ande amparado), lo mismo que su director de Infraestructura.
En total, a todos estos funcionarios se les reclaman montos presuntamente desviados, por 3 mil 468 millones 733 pesos. Las investigaciones están en curso y avanzan, sin prisa, pero sin pausa. Al tiempo.
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