Arturo Soto Munguia
Muy seria, grave la información hecha llegar a esta columna en el sentido de que en las últimas semanas se han detectado reuniones del ex secretario del Ayuntamiento en la administración de Javier Gándara y ex diputado local Gildardo Real Ramírez y su compañera de bancada, Perla Suzuky Aguilar, con mandos medios y agentes de la policía municipal afines a su causa partidista.
Grave, pues eso introduciría en el debate sobre la actual situación de inseguridad en Hermosillo, elementos preocupantes sobre una deliberada operación desde las propias filas policiacas donde siguen teniendo influencia, de acciones y omisiones para contribuir al incremento de los índices delictivos, sobre todo los relacionados con robos y asaltos.
Sabido es que, entre todas las corporaciones policiacas, la policía municipal es la que tiene el mapa delictivo más detallado; el conocimiento de los barrios y las colonias, los malandros viejos y nuevos. Sabido es que también hay un déficit de policías y una incapacidad de la corporación para responder a tiempo y en forma las múltiples denuncias que diariamente se registran en la ciudad.
Y si a eso se le agrega una eventual conspiración para voltear hacia otro lado o, peor aún, para favorecer la comisión de hechos delictivos, el panorama se vuelve de terror.
Porque por el otro lado, desde el Partido Acción Nacional se cierra la pinza con una campaña para descalificar acciones de gobierno y atizar la percepción de inseguridad que, ciertamente, no necesita mucho para detonarse, pues las páginas rojas de los diarios, los noticieros documentan cotidianamente hechos de sangre, delitos patrimoniales y demás.
Si tal ‘conspiración’ resulta cierta, grave. Y si ya se ha detectado y la autoridad no hace nada, peor aún, porque la situación puede escalar hasta niveles insospechados, generando un ambiente de ingobernabilidad, desgastando a una administración que llegó sólidamente legitimada en las urnas, alimentando la expectativa ciudadana de que las cosas podían hacerse mejor, después de un par de administraciones donde tampoco hubo mucho qué presumir en el tema de la seguridad.
Es un hecho: Hermosillo, como la ciudad que registra un mayor crecimiento en todos los órdenes, también registra problemas serios en materia de seguridad pública, y si bien es cierto vienen de muchos años atrás, a estas alturas resulta insuficiente aducir que la responsabilidad es de las administraciones anteriores.
El alcalde Maloro Acosta ha tomado el toro por los cuernos y ha puesto en marcha el programa Hermosillo Seguro, que debe ofrecer resultados tangibles en el cortísimo plazo, metiendo orden en la ciudad, pero también hacia dentro de la corporación, donde parece que se encuentra una buena parte del problema.
El tema de la seguridad, se repite una y otra vez desde todos sectores, no debe politizarse. Sin embargo, resulta que quienes están a cargo de garantizarla son políticos, y políticos son quienes hoy levantan una bandera que mantuvieron bajo la cama mientras fueron gobierno.
Mejor, lo que debería hacerse es politizar el tema. Es decir, abordarlo desde una perspectiva política, entendiendo ésta como el ejercicio de la concertación, el camino del diálogo, del acuerdo, privilegiando el interés ciudadano, antes que las naturales expectativas de retener o recuperar el poder, que es finalmente lo que parece estar detrás del actual estado de cosas.
Y ya que tocamos el tema de la seguridad, que por cierto es bastante redituable a la hora de ponderar hechos de sangre para descalificar gobiernos (lo hacía el PRI, como hoy lo hace el PAN), al estado también le ha llovido en su milpita.
Parece olvidarse, sin embargo, que desde 2012 comenzó a conocerse la realidad de la Policía Estatal Investigadora, donde se carecía de lo más indispensable: no tenían ni gasolina para los vehículos; las investigaciones brillaban, pero por su ausencia y la cereza en el pastel fue el cierre de más de 20 bases operativas en diferentes municipios del estado, porque simplemente no había presupuesto para mantenerlas.
Recordemos que en Cajeme, municipio que el padrecismo castigó con el látigo de su desprecio, la policía estatal fue materialmente retirada (los agentes no iban a aquella ciudad, salvo en temporadas electorales para operar como mapaches, o cuando se trataba de desalojar alguna notaría pública y así). La situación cambió un poco cuando el entonces alcalde Rogelio Díaz Brown llegó a un acuerdo con el secretario de Seguridad, Ernesto Munro Palacios para que el Ayuntamiento se hiciera cargo de los gastos de gasolina para los vehículos de los agentes estatales, así como otros estímulos económicos.
Una situación inédita e histórica, como muchas que vimos el sexenio pasado.
Las cosas han venido recomponiéndose poco a poco, aunque mediáticamente siempre venderán más los hechos de sangre que la acción de la justicia.
Dos de los casos más sonados en las últimas semanas, por citar algunos, se han resuelto y ya hay detenidos. Nos referimos a la agresión del payaso Tony Tambor y el asalto filmado en un expendio de cerveza, que tuvieron un fuerte impacto cuando ocurrieron, pero poca difusión cuando se resolvieron.
En un rápido recuento de los días que han corrido en este mes de abril, prueba que los hechos delictivos siguen registrándose, pero también, que la Policía Estatal Investigadora está dando resultados.
El 1 de abril detuvieron a dos personas que habían robado la caja fuerte de una sub agencia fiscal del estado, y recuperaron el objeto del delito, que habían enterrado en la falda de un cerro en la colonia Rinconada Nuevo León. Por cierto, los agentes fueron apedreados mientras desenterraban la caja fuerte, dañando dos unidades.
El día dos, fueron recluidos en el Cereso Malco Orduño y José Guadalupe Valenzuela, acusados por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y retribución prometida. Ellos son presuntos responsables de la muerte de Juan Manuel Guerra Luzanía, ocurrida tres días antes.
El día tres, detuvieron y encarcelaron a Cristian Israel Cejas Escárcega, acusado de homicidio calificado contra Omar Preciado Bustamante, en hechos ocurridos en Cajeme el pasado 29 de febrero.
El día cuatro, en San Luis Río Colorado, fueron aprehendidas tres personas, entre ellas una mujer, bajo cargos de amenazas y posesión de arma de fuego, misma que fue recuperada.
El día cinco, detuvieron a El Negrín, uno de los involucrados en el expendio de cerveza citado líneas arriba, y a quien se le aseguró además un vehículo con reporte de robo.
El día seis, fueron detenidos en Empalme dos personas que confesaron haber privado de la vida a Francisco Quijada llánez, taxista al que asaltaron en Nogales, robándole el carro que después vendieron en cinco mil pesos que usaron para comprar cerveza y droga. El taxista estaba reportado como desaparecido y su cuerpo fue localizado a partir del testimonio de los presuntos.
El día siete, detuvieron en Hermosillo a Rafael Rubio Cázares, acusado del homicidio contra Javier Rodelo Pérez, en hechos suscitados en septiembre del año pasado.
El día 8 se dictó prisión preventiva contra los agresores de Tony Tambor, el pasado 20 de abril.
El día diez, se capturó a Jahudiel Ulises Rodríguez Arvayo, tan sólo unas horas después de que diera muerte con arma blanca a un adolescente al que despojó de su teléfono celular.
El día 11 capturaron a Gilberto Rojo Guillén, presunto homicida de Francisco Javier Leyva Agüero , a quien asesinó con premeditación, alevosía, traición y brutal ferocidad en abril del año pasado.
Ayer 12 de abril, se detuvo a otro presunto homicida. Se trata de Efraín Cruz Moreno, quien ese mismo día habría dado muerte a balazos a Alberto Camargo, en Pueblo Yaqui.
Habrán de perdonar las azoradas lectoras, los salpicados lectores si esta columna estuvo muy sangrienta, pero consideré necesario este breve compendio de acciones en las que una treintena de sujetos peligrosos y con cuentas con la justicia, fueron puestos tras las rejas por agentes de la PEI, lo que acredita que sí están trabajando, no como antes.
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