La quiniela de #AtínaleAlPreso se puso ya muy complicada. Citatorios y órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del gabinete de Guillermo Padrés Elías ampliaron la lista de los que podrían, en breve, acompañar en sus añoranzas de nuevo(y efímero) rico al ex secretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, en las frías celdas del Cereso.
Si hasta el pasado lunes, cuando fue capturado Morales Borbón por agentes de la Policía Estatal Investigadora, y encarcelado por delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito y fraude, algunos dijeron que se trataba de un ‘charal’ y que la justicia estaba desdeñando a los ‘peces gordos’, ayer se confirmó que las cosas vienen en serio.
Y que tiene plena vigencia aquella frase pronunciada durante su discurso de toma de posesión por Claudia Pavlovich Arellano: “Si alguien piensa que podrá disfrutar lo que indebidamente se llevó, que lo piense dos veces”.
Desde la tarde del jueves creció como ola el rumor de que el ex secretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomanni había sido aprehendido por la Estatal Investigadora. Hasta circuló en redes sociales una fotografía en la que parecía que lo llevaban esposado. En realidad, de lo que se trató fue de una diligencia judicial para notificarle de su tercer citatorio a la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Ayer por la tarde se conoció la orden de aprehensión girada en contra del ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López y su esposa, Mónica Paola Robles Manzanedo por el delito de tráfico de influencias. Ambos ya habían comparecido, uno en calidad de indiciado, la otra como testigo, ante un ministerio público federal.
También una orden de aprehensión contra José Arturo Dagnino Acuña, hermano de la ex primera dama, Iveth de los mismos apellidos y a quien a finales del año pasado le catearon su domicilio en el exclusivo residencial Los Lagos, donde encontraron armas de uso exclusivo del ejército, parque y vehículos de lujo con la serie alterada.
Ese cateo se dio un día después de que Arístides López, el veterinario del rancho de Guillermo Padrés, fue capturado en posesión de una hielera con casi cuatro millones de pesos en efectivo. Su detención (y su declaración) derivaron en una serie de cateos a residencias y oficinas de la familia Padrés.
Las versiones extraoficiales ubican a José Arturo Dagnino como prestanombres del ex gobernador y uno de los principales cabilderos de los ‘moches’ millonarios exigidos a proveedores del gobierno estatal. Ya hay una orden de aprehensión en su contra y la PGR está tras su pista.
Uno de los ex secretarios padrecistas que hasta ayer al filo de las 10 de la noche terminó de rendir su declaración en la PGR es Bernardo Campillo García, quien estaba a cargo del sector salud, al que desmanteló grotescamente mientras su patrimonio crecía en proporción directamente proporcional a su afición por los caballos de registro, las carreras, apuestas y un ostensible enriquecimiento.
Fue célebre su frase, al inquirírsele por los pacientes hacinados en los pasillos del Hospital General del Estado: “Lo que pasa es que se tiran de las camillas para llamar la atención”, dijo.
No se ha confirmado aún, pero trascendió que en los próximos días serán obsequiadas otras órdenes de aprehensión contra varios ex funcionarios entre los que se menciona a quien fuera secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista; el ex tesorero Mario Cuén Aranda, y la triada que componen la familia Alcaraz: Javier Alcaraz Ortega, de Imagen Institucional; Vicente Sagrestano Alcaraz, de Codeson y Víctor Alcaraz, del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT), donde se ‘perdieron’ 600 millones de pesos.
También se habla con insistencia de quien fuera subsecretario de Comunicación Social con Jorge Morales, Luis Enrique Montejano; el ex titular del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, Luis Felipe Romero López (hermano de Roberto) y otros funcionarios menores, acusados de birlarse cifras no tan menores del presupuesto.
Todos estos hechos coinciden con las revelaciones del Contralor estatal, Miguel Ángel Murillo Aispuro, en el sentido de que ya fueron inhabilitados al menos 10 ex funcionarios que no pudieron comprobar documentalmente el destino de entre 25 mil y 30 mil millones de pesos, y a quienes se les siguen juicios administrativos y penales. Solamente a uno de ellos se le acusa de haber dispuesto indebidamente de dos mil millones de pesos, aunque la identidad del presunto no fue revelada.
Todos los aludidos, otrora combativos guerreros de Twitter y Facebook, prácticamente desaparecieron de las redes sociales; ya no suben fotografías de sus gustos exóticos y refinados; sus viajes y aficiones. De hecho algunos se han quejado con sus más cercanos, de que ya ni sus amigos del Partido Acción Nacional los buscan como antes. Peor, se dice que varios de ellos ya pusieron pies en polvorosa, y es evidente que desde el año pasado, otros dejaron abandonadas sus residencias y su destino se desconoce.
El destino, finalmente, los está alcanzando. Y de aquellos soberbios y arrogantes sujetos que se comían la lumbre a puños, se tragaban el mar de un trago, apagaban la luna a pedos y agarraban los postes de picadientes, ya no quedan sino unos cuantos pollitos en fuga. Fea cosa.
II
Estremecedora noticia con la que amanecimos ayer, al conocerse la ejecución de siete personas, al parecer todos ellos narcomenudistas en el poblado Miguel Alemán. Un comando armado que se movilizó en dos vehículos, vestidos con ropa camuflajeada, cubiertos sus rostros con pasamontañas y armados con fusiles de asalto, los ‘levantaron’ en dos domicilios, los trasladaron a un taller cercano y allí los acribillaron.
En uno de los ‘levantones’ fue herido un vecino que se asomó al oír ruidos extraños. En el taller, un indigente que se guarecía del frío y que no tenía nada que ver en el asunto, también fue asesinado a balazos.
El modus operandi, como admitieron ayer las autoridades de Seguridad, tiene las características de grupos delincuenciales que podrían estar disputándose la plaza.
En la conferencia de prensa participaron el Procurador General de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca; el delegado de la Procuraduría General de la República, Darío Figueroa Navarro; el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales y el Comisario de Seguridad Pública de Hermosillo, Ramsés Arce Fierro.
La ejecución múltiple movilizó a todas las corporaciones policiacas y después del mediodía ofrecieron una rueda de prensa en la que anunciaron acciones coordinadas para dar con los responsables.
Dos de los fallecidos no han sido identificados; otros cuentan con antecedentes penales por diversos delitos del fuero común y del fuero federal. Uno de ellos, Elfego Contreras Hermosillo tiene antecedentes por robo con violencia y es hermano de Jesús Antonio, de los mismos apellidos, quien fue funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública en la pasada administración. Es militante del PAN y participó como candidato a regidor en la planilla que encabezó Damián Zepeda Vidales por la alcaldía de Hermosillo.
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