La reculada que dio el director de Bomberos y Protección Civil Municipal de Navojoa, admitiendo que el incendio al automóvil de la señora Elda Yépiz de Molina fue producto de un acto intencional y no de una falla eléctrica como había dictaminado apresuradamente, deja claro que el alcalde de la Perla del Mayo, Raúl Silva Vela no quiere verse involucrado en la validación oficial, de su parte, sobre ese acto criminal.
Y es que de acuerdo a lo expresado por el procurador de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena durante su comparecencia ayer por la mañana en la Mesa Cancún, ya se siguen varias líneas de investigación y se tienen bastantes pruebas para acreditar no sólo la intencionalidad del incendio, sino el origen del atentado.
Aún más, el procurador advirtió que se usará ‘toda la fuerza del Estado’ para dar con los responsables y sancionarlos como corresponde, lo que debería traer preocupados a más de cuatro interesados en hacer pasar el incendio como un accidente o, en el peor de los casos, como un autoatentado, versión que apareció en algunos espacios periodísticos marginales, pero que igual se fue por la borda con la publicación del video tomado desde las cámaras de seguridad de una gasolinera ubicada frente al lugar de los hechos.
Sólo falta esperar el desarrollo de esas investigaciones y que los sabuesos de las distintas corporaciones den con los responsables, porque de no hacerlo se estaría sentando un precedente de impunidad en un evento que, todo parece indicar, está relacionado con los estertores del padrecismo en fuga. Dejar en el olvido un asunto de esta naturaleza estaría enviando una pésima señal en el sentido de que esos atentados podrían repetirse.
Motivos para pensarlo hay de sobra, especialmente si se considera lo declarado hace unos días por el fiscal especial anticorrupción, Odracir Espinoza, en el sentido de que varias personas que aparecen como denunciantes en los muchos expedientes abiertos a ex funcionarios del pasado gobierno, han recibido amenazas telefónicas y por otros medios. También algunos funcionarios de la nueva administración, entre los que se cuenta el propio fiscal especial.
No es para menos. La rueda de la justicia avanza lenta, pero inexorablemente sobre muy importantes personajes del padrecismo, tal y como lo informara ayer el delegado de la PGR en Sonora, Darío Figueroa, al revelar que ya se emitió la ‘ficha roja’ correspondiente para solicitar la colaboración de la policía internacional (Interpol) en la localización del ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López y su señora esposa, la ex diputada Mónica Paola Robles Manzanedo.
Ambos tienen una orden de aprehensión obsequiada por un juez para que respondan por delitos de tráfico de influencias; un delito cuyo proceso se puede llevar en libertad una vez cubierta la caución correspondiente, por lo que no se explica que ambos se encuentren desde hace tiempo en calidad de prófugos.
A menos que tengan el temor justificado de que ese delito sea sólo uno de los muchos que se les han acumulado en diversos expedientes, algunos de ellos considerados graves y por los que sí pudieran ser remitidos al deprimente universo de las ergástulas, diría el colega y amigo Alfonso Campos Rubio.
Ahora bien, suena muy impresionante eso de que ya se emitió la ‘ficha roja’ y hasta parece que eso desplegaría un operativo global para investigar en más de 180 países los eventuales rastros de los indiciados, pero la realidad es otra, al menos a la luz de experiencias anteriores.
Esa ficha roja fue emitida también para dar con el paradero de Manuel Alberto Fernández Félix, aquel joven acusado del asesinato del diputado electo Eduardo Castro Luque, quien fue abatido a balazos a las puertas de su casa un par de días antes de tomar posesión en el Congreso local en septiembre de 2009. Fernández Félix era su suplente y fue señalado como el autor intelectual del crimen. Hasta el momento no se tienen noticias de su paradero.
También se emitió esa famosa ficha roja para encontrar a dos de los principales involucrados en el tráfico de niños desde el DIF estatal y algunas otras instituciones durante el sexenio de Guillermo Padrés. Se trata de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, quien se desempeñaba como titular de la llamada “Línea PROTEGE” en la subprocuraduría de la defensa del menor.
También José Manuel Hernández López es buscado por la Interpol. Él fue, junto con Arzate, otro de los principales involucrados en la venta de niños.
La ‘ficha roja’ no ha servido de mucho, toda vez que de estos personajes no se tiene noticia alguna. Más aún, hace algunas semanas, Hernández López fue localizado por un reportero que lo entrevistó, y a quien hizo reveladoras declaraciones que involucran a funcionarios de más alto nivel del gobierno padrecista en el escabroso tema del tráfico de menores.
A la luz de esas experiencias, la opinión pública no debe albergar muchas expectativas acerca de la captura de Roberto Romero López y Mónica Paola Robles Manzanedo, pues resulta obvio que Hollywood nos ha dado una versión sobredimensionada de la Interpol.
II
Por el lado de las buenas noticias, habría que destacar la inversión de cien millones de pesos anunciada ayer por la gobernadora Claudia Pavlovich y el director de Conade, Alfredo Castillo Cervantes, para rescatar la Unidad Deportiva del Noroeste, popularmente conocida como CUM en Hermosillo.
El anuncio fue hecho durante un encuentro con atletas sonorenses que buscan su pase a las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016 y que por fin ven una luz al final del sexenal túnel oscurantista en que los metió el anterior director de Codeson, hoy flamante taquero.
A nombre de los atletas Sonorenses, Luis Alberto Rivera Morales, agradeció el apoyo que la Gobernadora de Sonora y su equipo ha brindado a los deportistas de la entidad, agregó que en tan solo unos meses, hay un trato diferente, y se les ha abierto las puertas, lo que los ayuda a desempeñarse mejor y portarán con mayor orgullo la camiseta de Sonora.
En esta reunión estuvieron presentes, el Director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Genaro Enríquez Rascón; el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins; además de los atletas sonorenses, Mónica Patricia Domínguez Lara y Domingo Rodrigo Román Laguna, de levantamientos de pesas.
Jesús Tonatiuh López Álvarez, Héctor Manuel Ruiz Dórame, Luis Alberto Rivera Morales, Adrián Fernando Rivera Morales, Román Garibay Castañón, Felipe de Jesús Ruiz López, de atletismo; Kevin Ricardo Cerda Gastélum, de gimnasia artística; Alejandra Valencia Trujillo, Julio César Urquidez Murrieta, de tiro con arco.
Los atletas paraolímpicos, Rebeca Valenzuela Álvarez, de lanzamiento de disco y jabalina (atleta de debilidad visual); Luis Alberto Zepeda Félix, Leticia Ochoa Delgado (atletismo en silla de ruedas); y de deportes especiales, Francisco Anaya Sánchez y Balam Castillo Sánchez.
Las obras que se contemplan para la rehabilitación de la Unidad Deportiva del Noroeste son:
- Construcción de pabellón de tiro deportivo
- Rehabilitación de pabellón de gimnasia
- Rehabilitación y equipamiento de villa de atletas
- Rehabilitación y equipamiento de albergue de atletas
- Construcción y rehabilitación de estacionamiento
- Construcción de cerco perimetral
- Construcción y equipamiento de escuela secundaria
- Rehabilitación general y construcción de subestación eléctrica escuela primaria
- Rehabilitación y modernización de alberca Héroes de Caborca
- Rehabilitación y equipamiento de Unidad de Medicina Deportiva
- Construcción de pabellón de pelota.
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