Cuando empezó a conocerse la forma en que algunos funcionarios de la administración anterior y familiares del ex gobernador Guillermo Padrés operaban para acceder a volúmenes aún incalculables de recursos públicos; hacerse de propiedades y edificar negocios con los que no habían soñado, se escribió en esta columna que el padrecismo, más que una corriente política, se asemejaba a una célula del crimen organizado.
Ni entonces ni ahora, esa opinión cayó bien entre algunos personajes del pasado gobierno, pero a cinco meses de haber dejado el poder en Sonora, son legión los padrecistas que se encuentran en calidad de indiciados, de reos, o prófugos, con amparos en los bolsillos o en trámite; con la justicia pisándoles los talones en territorio nacional o en el extranjero.
Sin ser funcionario público, el primero que cayó fue Luis Arístides López Moreno, médico veterinario empleado de la familia Padrés Elías, que fue capturado en posesión de una hielera donde transportaba alrededor de cuatro millones de pesos en efectivo, confesando que por lo menos había hecho seis traslados con sumas similares o cuyo monto desconocía.
Arístides señaló a Miguel Padrés, “El rico de la familia”, como lo llamó jocosamente el aún gobernador, durante aquellos días en que se sentía intocable, en una rueda de prensa en la que dieron una especie de declaración patrimonial que, desde luego, nadie creyó. También señaló a Arturo Dagnino Acuña, cuñado del gobernador.
A Miguel y a Arturo les fueron cateadas algunas propiedades a raíz de las investigaciones derivadas de la confesión del veterinario y en ellas se encontró información relevante que aún está siendo procesada, sobre negocios familiares, triangulaciones financieras con recursos públicos y demás, así como autos con serie alterada, armas de uso exclusivo del ejército y cartuchos útiles.
Hace mucho que Miguel Padrés, Arturo y Roberto Dagnino Acuña abandonaron el estado y su paradero hasta ahora se desconoce. En los círculos del poder, pasado y presente, se sabe que esta triada constituía, desde fuera de la estructura gubernamental, el principal brazo operador de los negocios ilícitos realizados al amparo del poder, incluyendo extorsiones y ‘moches’ en sus muy diversas modalidades.
Son, junto con Bernardo Campillo, ex secretario de Salud; Héctor Ortiz Ciscomanni, de Agricultura y Ganadería; Roberto Romero López, ex secretario de Gobierno; Teresa Lizárraga, directora del Isssteson; Agustín Rodríguez, ex secretario particular del gobernador, entre otros, los famosos ‘peces gordos’ que la opinión pública reclama como las piezas que faltan en las indagatorias de la fiscalía especial anticorrupción, junto con la pieza mayor, desde luego, el mismísimo ex gobernador.
II
A las 11:30 de la mañana, los alumnos, maestros, directivos e invitados al evento donde la gobernadora anunciaría el relanzamiento del programa de uniformes escolares gratuitos comenzaban a preguntarse por la ausencia de Claudia Pavlovich.
Ya había llegado hasta el alcalde Maloro Acosta y su comisario de Policía, Ramsés Arce, que aprovecharon el tiempo para audiencias públicas a cielo abierto con vecinas de la colonia Los Arroyos, donde la delincuencia ha provocado el éxodo de algunos de sus habitantes que ya dejaron sus casas abandonadas. Casas que inmediatamente son invadidas por personas extrañas y algunas muy conocidas por su actividad delincuencial.
Ya no aguantan. Hay robos en las casas diariamente y asaltos violentos. Los vándalos andan armados con machetes, dicen las señoras. “Ya machetearon hasta a una perrita”, dice una de ellas.
Autoridades y vecinas intercambian ideas sobre la forma en que se puede abordar el problema, que es más complejo de lo que parece. Acuerdan una reunión y adelantan operativos especiales en esa colonia, y en otras donde hay problemas similares. La delincuencia desorganizada ya alcanzó manifestaciones dramáticas en Hermosillo.
Pasa una hora y la gobernadora no llega. El maestro de ceremonias, José María Armenta, extiende sus recursos histriónicos para mantener la atención de cientos de estudiantes reunidos bajo un tejabán esperando las noticias que traerá la gobernadora.
Momentos después llega Claudia Pavlovich. Su semblante es serio. Le cuesta trabajo participar de esas entradas jubilosas que ya se han vuelto costumbre en sus encuentros con la sociedad civil, pero lo hace. Reparte abrazos, saludos, besos por aquí y por allá; bromea, pero cualquiera que la conozca un poco en estos menesteres adivina una sombra de preocupación en su semblante.
Después se sabría por qué.
Al llegar donde una multitud de jóvenes la reciben con un estruendo de pájaros ruidosos, la sombra desaparece por momentos. Le cuesta trabajo avanzar entre los chicos y las chicas que la reciben con una escandalera de púberes desmadros@s.
Comienza el protocolo. Los honores a la bandera, el himno nacional.
En la escolta de esa escuela, la capitana es Juliana López, la niña que la acompañó durante los días más aciagos de su campaña y también durante los más felices, con su voz clara, potente y afinada. Juliana es la intérprete del jingle aquél que nació de un cover a la canción de Jenny Rivera, “Inolvidable”, cuya letra modificada decía “Go-ver-na-dora, gober-nadora para Sonora, llegó el momento llegó la hora, que el puesto sea para una seño-ora”… (RT si la leyeron cantando)
Hoy Juliana está dando las órdenes a la escolta de muchachitas que avanzan con paso redoblado y brazos rígidos sobre sus uniformes recién planchados, dentro de sus zapatitos lustrosos en una marcha de milicia infantil que inflama los corazones de sus madres allí presentes.
La mamá de Juliana le da un ‘zape’ en el brazo cuando regresa y le dice, guiñándole un ojo: “¿Te crees, no?”. Y Juliana sólo sonríe y le devuelve el guiño.
III
A las 12:30 aproximadamente, los reporteros comenzaron a recibir un mensaje en sus móviles. Hay conferencia de prensa en la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Desde que fue creada en septiembre del año pasado, Odracir Espinoza, su titular, sólo ha ofrecido dos conferencias. La primera de ellas fue para anunciar la captura de Jorge Morales Borbón, el ex secretario de Comunicación Social de Guillermo Padrés, hoy preso en el Cereso I de Hermosillo, bajo cargos de extorsión, y con expedientes abiertos por enriquecimiento ilícito y fraude.
“Detuvieron a alguien”, fue la deducción lógica de los reporteros. Y las quinielas de #AtínaleAlPreso inundaron las redes sociales.
Se especulaba que habían detenido a Javier Alcaraz Ortega o a Luis Enrique Montejano, dos de los más cercanos a Jorge Morales.
En las redes trascendió que había sido detenida Czarina Salcido Lacarra, directora administrativa de la Secretaría Técnica desde los tiempos en que Roberto Romero López ocupaba ese cargo, antes de asumir la secretaría de Gobierno. Odracir Espinoza dijo después que, hasta ese momento, no tenía información de que hubiera sido detenida.
IV
En la Fiscalía, Odracir Espinoza abre su intervención con un recuento de su origen como activista por la transparencia y la rendición de cuentas, desde la sociedad civil. Refrenda su convicción, como fiscal especial, en el combate a la corrupción y los actos ilícitos.
Y remata con una condena a los hechos de la noche anterior, en Navojoa, donde el automóvil de la madre de Elda Molina Yépiz, la coordinadora de Comunicación Gubernamental del gobierno estatal, fue incendiado intencionalmente.
En política no hay casualidades. El único secretario del padrecismo preso es su antecesor, Jorge Morales, oriundo de Navojoa, igual que Elda Molina. Allá, Jorge Morales tiene familiares, amigos y también, muchos cómplices y beneficiarios de sus trapacerías.
En Comunicación Social, Jorge Morales dejó demasiadas huellas de su paso depredador, de los motivos que lo tienen hoy en la cárcel.
No se sabe aún la identidad de los autores intelectuales y/o materiales del atentado. Pero la opinión pública, y la clase política registra bien los alcances del padrecismo acorralado.
Navojoa también es la cuna de Mónica Paola Robles, esposa en segundas nupcias de Roberto Romero López, ambos prófugos de la justicia y con órdenes de aprehensión en su contra. Gente que maneja muchísimo dinero, y que la historia registra como operadores del ala dura del padrecismo, esa que encarcelaba, amenazaba, golpeaba.
Quedaba claro entonces, la demora y la sombra de preocupación en el rostro de la gobernadora.
V
Odracir Espinoza informa de la detención de dos presuntos integrantes de una red de corrupción y tráfico de influencias que operaban en la Secretaría de Educación y Cultura (¡Educación y Cultura!) dependencia a cargo de Jorge Luis Ibarra Mendívil durante cinco de los seis años del padrecismo.
(El primer año la SEC estuvo a cargo de Oscar Ochoa Patrón, de quien me dicen, ya se pasó a las filas de Movimiento Ciudadano, pero esa es otra historia).
Esa banda que traficaba con plazas estaba encabezada por Agustín Padrés, quien se ostentaba como consanguíneo del entonces gobernador. Su modus operandi era simple: cobraban cinco mil pesos de ‘entre’ para quien quisiera obtener una plaza en la SEC (gastos para viáticos y boletos de avión); una vez que decían haberlas conseguido, montaban un teatro en el que incluso les tomaban protesta a los aspirantes a la nómina, y hasta fotos les tomaban, para darle realismo a la farsa.
Una vez que les tomaban la protesta, les cobraban entre 60 mil y 100 mil pesos a cada uno, para otorgarles una plaza que no llegó jamás, porque ya con el dinero en la bolsa, no les respondían ni las llamadas.
Para conseguir sus fines, Agustín Padrés se valió de Ramón Alberto Valencia López y Mario Valenzuela Guerrero, que ya se encuentran presos.
En la banda también participaron Juan Pablo Gastélum Leyva y Gustavo Adolfo Vega Reyes, ambos prófugos de la justicia, lo mismo que Agustín Padrés, de quien no se sabe su residencia desde hace un mes.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la colaboración del gobierno de Estados Unidos, ante la presunción de que hayan huido hacia aquel país. Se les acusa de fraude, asociación delictuosa y falsificación de documentos.
El fiscal especial también informó que Roberto Romero López tiene una orden de aprehensión por el delito de tráfico de influencias, un delito no grave que podría enfrentar en libertad después de pagar la fianza correspondiente.
Este es un juicio distinto al que se le sigue en la PGR por otros delitos. Roberto Romero y su esposa, Mónica Paola Robles están prófugos de la ley y su paradero se desconoce. Recientemente obtuvieron un amparo para no ser detenidos por esos delitos, aunque traen otros encima que hacen prever que su condición de prófugos siga.
VI
Mientras tanto, en la secundaria 74 de Hermosillo, se anunciaba el relanzamiento del programa Uniformes Escolares Gratuitos, que este año serán entregados a los estudiantes en un número de 650 mil, previa licitación fiscalizada por un comité ciudadano y con la obligación, si es que una empresa internacional gana esa licitación, de que se instale en Sonora, para que los recursos de este programa contribuyan a la generación de empleos en el estado.
Un tema en el que habría que detenerse más, porque durante el pasado sexenio fue otra de las fuentes de enriquecimiento brutal, y en el que aparecen además de los nombres de Miguel Padrés y Roberto Dagnino, el del empresario Mario Aguirre y desde luego, el de Guillermo Padrés y sus transferencias bancarias, que es una historia que no termina de escribirse.
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