Archivo Confidencial
Armando Vázquez
LA INCIDENCIA Delictiva del Fuero Común 2015 que usted puede localizar aquí http://goo.gl/0v8YDU nos arrojó que de enero a noviembre del año pasado se registraron poco más de 26 mil delitos. De estos, 838 fueron homicidios, dolosos 483 y 355 culposos.
De los asesinatos dolosos más del 70% se cometieron con arma de fuego. Fue el mes de junio el que mereció un asterisco por haberse cometido más homicidios (97). En enero fueron 72.
Pero el año no pinta bien para las áreas de seguridad y es en el punto de la confluencia entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría del Estado en la que quiero abundar.
Si bien es cierto que en sus titulares recae la mayor confianza de la gobernadora, por equis o por ye, también lo es que el organigrama que maneja la fiscalía –a cargo del procurador Rodolfo Montes de Oca–, y del secretario de Seguridad, –Adolfo García Morales–, cuenta con una serie de irregularidades de organización que deben subsanarse. No es un problema nuevo, al contrario, viene de sexenios anteriores pero quien paga los platos rotos son las miles de familias sonorenses que sufren el grave problema de la inseguridad.
Lo más cómodo en torno a los asesinatos es señalar los ajustes de cuenta entre criminales, pero se olvidan que cada homicidio afecta de por vida a una familia.
En ambas dependencias hay mucha simulación. Las estadísticas nos dan parámetros que permiten a su vez indicadores que tienen poca validez ante el estudio de los causales que promueven la delincuencia.
Si bien es cierto que el Inegi y el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos aportan datos duros sobre la criminalidad en el país, también lo es que, si se busca una solución integral, no nos ofrecen datos más precisos que permitan clarificar orígenes reales de los índices delictivos. Y esa es una labor del Estado.
Un ejemplo sencillo. Algunos sacerdotes de la Iglesia Católica en el caso de Hermosillo cuentan con programas de apoyo dirigidos a chamacos cuyas edades oscilan entre los doce y 17 años que es el lapso en el cual el individuo define su futura conducta –religiosa, sexual, conducta delictiva, etcétera–, y se inside en ellos mediante programas de apoyo en valores. Por supuesto que es poca conocida esta acción pues no hay una vinculación entre la autoridad y la institución religiosa y mucho menos apoyos. ¿Saben nuestras autoridades acaso la efectividad de estas acciones en algunas colonias?… no creo.
En esta falta de concordancia con los datos publicados por la autoridad, no existen referentes en cuanto a las edades de los delincuentes, su estatus y origen económico y familiar, escolaridad, número de hermanos, población, etcétera. Si, la ley.
En Sonora no hay un sistema que permita, por ejemplo, entrar al quite del combate a la delincuencia a instituciones como el DIF, sector Salud, o vaya, a la Secretaría de Economía. No vemos un gran sistema de aportación de datos que permita crear indicadores a todos los que estamos involucrados en el tema, que somos todos, inclusive los medios de comunicación y esto es culpa de las dos dependencias que ya señalamos: la procuraduría y la SSP.
En el caso de la procuraduría podrá alegar que con el llenado de formatos que realiza cada uno de los agentes del ministerio público conforme a los datos que se piden al momento de levantar la averiguación previa o establecerse una denuncia, es lo que por ley están facultados a pedir a quienes van a consignar o investigar. Eso es lo técnico legal, pero ¿lo técnico social?
Es como las pláticas que hemos sostenido con diferentes titulares del Supremo Tribunal de Justicia cuya información serviría mucho para poder establecer problemáticas focalizadas de manera territorial. Por ejemplo, le decíamos a uno de sus titulares, si hay mucho divorcio hay que averiguar en qué colonia se están dando y con qué frecuencia, eso llevaría a los sistemas de salud, por decir, a investigar y apoyar en caso de que requieran de esa área o al sector que sea. Esto es a lo que me refiero, no hay vinculación de datos entre las diferentes secretarías o poderes.
Pocos saben por ejemplo, en el caso los trabajadores del campo que se vienen de otros estados y caen en la Costa de Hermosillo, quienes abandonan sus jornales vienen y caen al nor poniente de Hermosillo y la mata delincuencial crece en esas colonias pues la problemática de los hijos de esos jornaleros les pega en la cara y sus oportunidades de crecimiento se ven limitadas conformándose en caldos de cultivo para la delincuencia fortuita u organizada. ¿Alguien sabe quiénes son hijos de triquis?, por supuesto, sin caer en la discriminación. ¿Se imagina entonces lo que correspondería hacer al DIF para aminorar la problemática?… ¿Me explico?
No existe lector un programa que una a todas las secretarías en base a objetivos focalizados y eso es bronca de Adolfo García Morales de allí que no habrá policías, ni mandos únicos, ni recursos que alcancen para detener el mal comportamiento delincuencial.
Esta falta de estadísticas sociales a su vez, estimado lector, limita las investigaciones científicas académicas de las instituciones y en consecuencia las reformas a las leyes penales suelen ser muy pobres pues se atacan los efectos y no las causas.
¿Y qué me dice de las jurisdicciones territoriales? ¿cuántas veces hay un homicidio –o cualquier otro delito–, que ocurre en la rayita de una jurisdicción de un agente del ministerio público quién señala que ocurrió pasando la calle y por lo cual ya no le corresponde atender el caso?, ¿y las veces que el Agente del Ministerio Público atiende el homicidio pero los elementos estatales, que son su apoyo, no llegan porque su comandancia está muy lejos de la jurisdicción de ese MP a quienes no les queda de otra más que utilizar agentes preventivos que con su llegada se llevan las pruebas y contaminan la escena del crimen?
Y aunque suene paradójico, pero aun no entiendo las causas por las cuales en cualquier reforma a las leyes penales no participan quienes se supone son los especialistas en la materia. ¿Más trabajo?, ¿la ley no se los permite?, claro, pero son quienes cuentan con el pulso de la situación.
Es cierto, hay un consejo de seguridad que se supone debería de ser el enlace entre todos aquellos que conformamos los diferentes sectores de la sociedad. ¿Alguien los conoce?, yo no. Y mire que siempre nos echan la culpa a los medios de comunicación por mal influenciar a los jóvenes, qué fácil.
¿Y los programas de inteligencia que se reducen a la operatividad del C4?, ¿qué no habrá capacidad para crear policías especializados en atención a pandillas como pudiera ser una policía juvenil?, ¿y qué tal una policía estudiantil que atienda los casos de consumos de enervantes en las universidades?… La ley no lo permite, puede ser la respuesta, pues hay que cambiarla, para eso están los diputados.
En síntesis estimado lector, si la SSP y la Procuraduría no renuevan algunas de sus áreas de trabajo mediante fusiones, alianzas o sistema de trabajo, siempre que pidan el apoyo del resto de la sociedad para el combate a la delincuencia éste será muy limitado, tan es así que los programas de denuncia, de culturización, de valores, es más, hasta los de imagen de la policía, seguirán siendo un fracaso.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.