El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Si en sus primero dos meses, sin dinero, el gobierno de Claudia Pavlovich ha sabido hacer valer el bono democrático de inicios de sexenio, una vez con los recursos para operar el gobierno, los panistas deben irse despidiendo de una pronta recuperación.
Quién lo dijera: la matriz discursiva del sexenio padrecista fue el fomento y promoción del odio al PRI, y en seis años se dedicaron a hacer lo conducente para que ese mismo PRI volviera por sus fueros y se proyectara como una propuesta de gobierno que ha hecho del combate a la corrupción su principal divisa.
Y todo eso gracias a Guillermo Padrés y sus amigos. Por eso el destino de los padrecistas no sólo es incierto en lo penal y administrativo. También en lo político, el PAN nacional está discutiendo seriamente la conveniencia de tener cerca a tan preclaros exponentes de la corrupción.
El PAN en Sonora no tiene muchos cuadros, pero especialmente los que se formaron en el pasado sexenio, tomando como ejemplo y guía a Padrés y sus amigos, están en la mira de la expulsión.
Vayamos por partes.
Como lo mencionábamos en un despacho anterior, la verdadera prueba de fuego para el gobierno de Claudia Pavlovich apenas comienza, con la aprobación del presupuesto federal, que asciende a 41 mil 300 millones de pesos y que, bajo los nuevos criterios de asignación y administración de recursos, la responsabilidad principal recaerá en el ámbito estatal.
A diferencia de otros años, esta vez la mayoría de los ayuntamientos en el país no accederán directamente a los recursos solicitados para sus programas y obras, sino que serán los gobiernos estatales quienes los administren, ya que la actual legislatura federal consideró, a la luz de experiencias anteriores, que en ese mecanismo de solicitud-autorización de proyectos se concentraba el cabildeo de las cúpulas partidistas para hacerse de fuertes cantidades de recursos por la vía de los ‘moches’.
En el ámbito local se ha propalado la idea de que los municipios fueron dejados sin recursos, pero esa es una lectura errónea, según los diputados del PRI que ayer ofrecieron una rueda de prensa para explicar los nuevos criterios de administración presupuestal, según los cuales esos recursos sí existen y serán distribuidos a partir de las prioridades que se establezcan entre la autoridad estatal y los ayuntamientos.
El secretario de la Comisión de Presupuestos del Congreso federal, Ulises Cristópulos explicó que este año, Sonora tendrá 3 mil 300 millones de pesos más que el año pasado, además de las llamadas ‘bolsas concursables’ que consisten en recursos no etiquetados para proyectos específicos que los ayuntamientos tendrán que justificar técnica y financieramente.
El punto es que en estos dos meses del nuevo gobierno, buena parte de su agenda ha ido del desencanto a la alarma, por las condiciones en que la pasada administración dejó las finanzas estatales.
Los días se han ido entre la creación de fiscalías especiales anticorrupción, las sorpresas por lo que no encontraron (y por lo que encontraron: luego les platico la anécdota del secretario de Gobierno, Miguel Pompa, quien pasó el bochorno de su vida cuando recibió en su despacho a unos inversionistas extranjeros y, mientras platicaba con ellos, del techo de su oficina cayeron un par de cucarachas negras que casi rebotaban en las cabezas de los empresarios).
Se ha trabajado con lo que se ha podido, con lo que dejaron los que se fueron. Es decir, con casi nada, y los sonorenses están a la espera de que se pase a la siguiente fase, que es la operatividad del gobierno y desde luego, el deslinde de responsabilidades y la aplicación de la ley para quienes saquearon el estado.
De acuerdo con las más recientes noticias, eso comienza a tomar forma. Por un lado, ya se aprobó el presupuesto y el gobierno tendrá la liquidez de la que carece actualmente debido a que una cantidad inimaginable del dinero público se encuentra en vaya usted a saber qué cuentas bancarias de qué nuevos ricos del pasado sexenio.
Pero por el otro lado, el gobierno federal, y concretamente la autoridad hacendaria ya tomó en sus manos el asunto de los dineros perdidos, escamoteados, desviados o lavados, y se presume que aquella sentencia de la gobernadora Claudia Pavlovich durante su primer discurso, en el sentido de que no podrán disfrutar del dinero malhabido quienes hasta hace poco se creían impunes, comenzará a hacerse realidad en breve.
Eso lo tienen claro hasta los propios panistas, que en estos días se encuentran reunidos en la ciudad de México, en una Asamblea para reformar sus estatutos, y en la que destaca el tema de lo que deben hacer en materia de combate a la corrupción, no sólo hacia afuera, sino hacia adentro de su partido, donde tienen exponentes Big Leaguer en materia de raterías.
Ese no es un tema menor. Con él se están jugando la viabilidad del PAN como partido político, después de que este año volvieron a caer hasta la tercera fuerza electoral en el país.
De hecho, la famosa depuración del padrón con la que se ha jugado tanto en Sonora en los últimos meses, recobra especial importancia, porque comenzando el año habrá una purga en ese partido, y en Sonora eso tendrá relevancia inusitada, porque se anticipan expulsiones de renombrados personajes que ya tienen sus barbas en remojo. Al tiempo.
II
Muchos ojos estarán puestos este sábado en la segunda etapa de la Evaluación Docente en Sonora. La semana pasada hubo disturbios en algunas sedes, sobre todo en Hermosillo y Obregón, donde disidentes impidieron a sus colegas acceder a las sedes para ser evaluados.
En esos incidentes se detectó la presencia de activistas de la CNTE provenientes de otros estados de la República y de otros sindicatos no magisteriales, como los de Teléfonos de México, que se sumaron a esas acciones para bloquear las sedes.
Ayer se prendieron focos rojos en Ciudad Obregón, cuando autoridades del sector educativo detectaron una acción de sabotaje en la Universidad Estatal del Sur de Sonora, donde este sábado y mañana domingo acudirán a la evaluación 125 y 88 profesores, respectivamente.
Manos extrañas, aunque presumiblemente pertenecientes a sindicalistas de Teléfonos de México, subieron a una estructura de metal y cortaron el cable de fibra óptica que alimenta la señal de internet en la UESS. Esa misma operación se repitió cerca del TEC de Monterrey, afectando a esa institución y a la unidad Cajeme de la Universidad de Sonora.
Las autoridades han reparado ya el desperfecto y diseñaron un plan B para garantizar el servicio de internet y energía eléctrica. También han solicitado el apoyo de la fuerza pública para cuidar que el proceso de evaluación se lleve a cabo sin contratiempos.
Ayer, el secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Ramírez para que personal de ese organismo supervise el proceso en las siete sedes, garantizando las condiciones para que se lleve a cabo normalmente.
En todo el país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ha opuesto a la evaluación, y desde hace meses han realizado movilizaciones de resistencia.
Ayer, sin embargo, trascendió que en Michoacán, recularon frente al despliegue de fuerzas federales que se dispuso para garantizar la calma en el proceso.
“No nos vamos a acercar a las sedes, no buscamos la confrontación, nuestra lucha es pacífica, no somos delincuentes”, declaró el líder de la sección 18 de la CNTE, Juan José Ortega. No se trata de un repliegue, sino de un cambio de estrategia, dijo.
Esperemos que en Sonora también las cosas se lleven en calma.
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