El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Tres días después, la gente sigue allí. En el lugar donde nadie quisiera estar, pero nadie quiere irse.
Están allí con los mismos rostros desconcertados y el reclamo a flor de labio después de la sorpresiva lluvia que el sábado anterior destruyó patrimonios, pulverizó esperanzas, se llevó lo poco que tenían.
El paisaje ha cambiado poco en la colonia Fátima, la zona más devastada de Guaymas, donde el Ejército y la Marina han tomado las calles y encabezan las tareas de limpieza armados con picos, palas, machetes para remover escombros, desazolvar arroyos, podar árboles y retirar la maleza para evitar la proliferación de moscos y fauna nociva.
Como parte de los apoyos que representa la declaración de emergencia, el Ejército ha puesto en marcha el Plan DN III para la atención de desastres naturales y muchos vecinos se integran a las tareas de limpieza, sobre todo los más jóvenes; los niños corretean por las calles encharcadas y los viejos miran desde puertas y ventanas los trabajos para regresar la colonia a lo que era hace tres días: lejos de una zona residencial o un alarde de opulencia, pero al menos algunas casas tenían techos, paredes, muebles.
El gobierno se ha movido rápido y las gestiones en el ámbito federal fructificaron de inmediato: se han instalado albergues temporales para alojar a los más afectados; los militares operan comedores donde se sirve comida caliente; se surte agua embotellada y funcionarios de los tres niveles de gobierno recorren las calles levantando datos que cuantifiquen la magnitud de los daños.
Al otro extremo de la ciudad, en unas bodegas se descargan despensas que luego serán repartidas entre la población de Guaymas, pero también de Empalme y Cajeme, donde la lluvia tampoco tuvo clemencia con los más pobres.
Hasta allá llega un aparatoso convoy de vehículos militares y civiles. Al frente, la gobernadora Claudia Pavlovich y la secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Rosario Robles que llegó desde la ciudad de México para supervisar los daños y la distribución de alimentos, medicinas, kits de aseo personal y demás apoyos; para asegurarse de que éstos no se asignen con criterios partidistas, como se hizo en el pasado.
Posteriormente el convoy cruza la ciudad hasta el sur, hasta la parte más dañada de la ciudad, entre cerros y cañadas donde aún se observan casas semidestruidas, automóviles convertidos en láminas arrugadas después de haber sido arrastrados por el agua de los arroyos crecidos.
Una mujer que parece ejercer algún tipo de liderazgo en el lugar se acerca a la gobernadora para solicitar más apoyos para la reconstrucción de viviendas. Claudia Pavlovich la escucha atenta. Le reitera que lo urgente es limpiar la zona para evitar brotes de enfermedades. Le pide su apoyo para ayudar a convencer a las familias que permanecen en casas muy deterioradas, que se trasladen a los albergues donde estarán más seguras.
Pero la gente no quiere salir. Se resiste a dejar sus viviendas a pesar de que algunas representan serios riesgos. Y es que en esa colonia también hay mucho vandalismo y temen perder lo poco que les dejó el agua.
Acompañada de militares, delegados federales y funcionarios locales, la gobernadora ha vuelto para recorrer las mismas calles, para entrar a las mismas y otras casas a petición de los vecinos, para responder interrogantes que tienen que ver, todas, con la urgencia de los apoyos para restablecer la normalidad.
Una y otra vez la gente la aborda, la toman del brazo, la conducen entre piedras y charcos para que vea más de cerca las condiciones en que ha quedado el barrio y sus casas. Cada uno tiene una historia personal qué contar; cada quién quisiera que la lluvia no hubiera caído con tanta furia.
Claudia les explica que los apoyos ya están fluyendo, pero también les pide que valoren la posibilidad de mudarse. Les explica sobre un programa de Infonavit para hacerse de viviendas que por alguna razón u otra han sido recuperadas por esa institución, y que se encuentran en buenas condiciones, en colonias más seguras y pueden ser habitadas con facilidades.
En el Centro Comunitario de Fátima, los militares han instalado una cocina industrial y allí disponen de alimentos calientes. También hay voluntarios de la sociedad civil que hacen lo propio y en un despliegue de solidaridad atienden a los damnificados, que se arremolinan bajo las lonas.
Las peticiones no cesan. En medio del tumulto, Claudia observa a don Héctor León. Es un anciano sin empleo ni familia. Habitaba una vivienda que se llevó el agua; luce sucio, cansado, con barba de días, pobre entre los pobres.
La gobernadora lo toma de los hombros, le pregunta sobre su situación. El hombre apenas puede hablar. Sus vecinas le ayudan a explicar lo que lo ocurrió, algo muy simple y a la vez complicadísimo: se ha quedado, literalmente, en la calle.
Allí Claudia se olvida por un momento de los demás. Llama al titular de Protección Civil, Alberto Flores Chong y le da instrucciones para que se encargue de don Héctor. “Él primero”, le dice, y el funcionario rápidamente saca papel y pluma para registrar los datos del anciano.
Hay muchas necesidades urgentes en esa zona. La gente necesita agua y comida, ropa. Pero también requiere recomenzar sus vidas, reintegrarse a sus trabajos, retomar el ritmo de sus cotidaneidades.
Rosario Robles es insistente cuando las mujeres se acercan a plantearle sus problemas: “el presidente Peña nos ha instruido, también a los delegados federales, para trabajar atendiendo primero a las personas que más lo requieran”.
El gobierno federal ha puesto en marcha un programa de empleo temporal que de entrada dispondrá de 70 mil pesos para nueve mil jornales, a cargo de la SCT, que aplicará 29 millones de pesos para rehabilitación de caminos rurales en los municipios afectados.
Conagua aplica 46 millones de pesos en la limpia de los sistemas de drenaje en Guaymas y Empalme, así como la rehabilitación de tuberías.
La Sedesol ya trabaja en la instalación de 20 comedores comunitarios donde se atiende diariamente a 150 personas; se están levantando 40 cuartos para las personas que perdieron sus viviendas y mantiene una brigada de 150 personas trabajando por instrucciones del titular José Antonio Meade.
Así, poco a poco la normalidad va regresando a Fátima. No será fácil ni rápido, pero es notable la respuesta de las autoridades.
Colofón
En medio de tantos reclamos, de tantas carencias, es obligado preguntar por aquellos sofisticados equipos de atención de emergencias que el pasado gobierno anunció con bombo y platillo cuando dijo haberlos adquirido con un costo de 28 millones de pesos.
Se trata de unidades móviles para atención en desastres naturales, que constan de cocinas industriales, plantas de energía eléctrica, clínica de emergencias, dispensarios, plantas purificadoras de agua, entre otras cosas.
Como muchas otras cosas del malhadado nuevo sonora, esas unidades jamás volvieron a verse después del anuncio.
Ayer se supo que se encuentran abandonadas en una propiedad privada, localizada a la vera del camino a Mazatán. Fueron localizadas y diagnosticadas: están en ruinas, destartaladas, desvalijadas y, por si fuera poco sujetas a un litigio, pues la empresa proveedora argumenta que el gobierno de Guillermo Padrés no les pagó.
Aunque no se revelaron datos sobre el nombre del propietario del terreno en que se encuentran, se reveló que todo eso ya se sabe y se está integrando el expediente respectivo. Ese será otro de los muchos asuntos que dentro de poco habrán de tener consecuencias administrativas y penales. Eso nos lo aseguraron.
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