El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
En menudo lío se ha metido el alcalde de Empalme, Carlos Enrique Gómez Cota. Cuatro regidores están querellándose en su contra por presuntos delitos de usurpación de funciones y solicitan además al Congreso la revocación de su mandato por violaciones graves y reiteradas a la Ley de Gobierno y Administración Municipal y a la propia Constitución federal.
La historia comienza el mismo día en que “El Kiriki”, como también se le conoce al alcalde de aquel municipio ex rielero, con la primera sesión de cabildo, que según la ley sólo debe ser para la rendición de protesta del nuevo Ayuntamiento y la declaratoria de instalación del mismo.
Pero el alcalde modificó arbitrariamente el orden del día para tomar protesta también a los nuevos funcionarios, siendo que la ley indica que este acto protocolario está reservado para la segunda sesión del cabildo.
El regidor del PRD, Jesús Ávila Godoy le hizo notar desde ese días las irregularidades cometidas y las implicaciones legales que pudiera acarrear el haber violentado la ley, pero Gómez Cota desestimó tales observaciones.
Hoy, Ávila Godoy, que ya fue alcalde de Empalme en el periodo 1997-2000, junto a Marcelo Caraveo Rendón y Marcia Bazúa, regidores del PAN, así como Felipe Martínez Robles, del Partido Verde, sostienen que al violentar la ley, el Ayuntamiento carece de legitimidad y los actos que realice no tienen validez legal.
Ayer, los regidores inconformes estuvieron en el Congreso del Estado para solicitar a sus diputados que retomen el caso y soliciten la revocación de mandato para el alcalde, emanado del PRI, desde las filas de la CTM.
De entrada, los regidores están solicitando la nulidad del acto de instalación del Ayuntamiento, argumentando que éste, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal debió darse en una sesión exclusivamente para ello, lo cual no ocurrió, al incluirse otros temas, señaladamente el del nombramiento del secretario del Ayuntamiento, el tesorero, el jefe de la Policía Municipal y al titular del órgano de control y evaluación gubernamental.
Estos nombramientos, así como la aprobación de las comisiones del cabildo, según el artículo 39 de la ley referida, deben realizarse en la segunda sesión de cabildo, lo cual no ocurrió.
Pero además, de acuerdo al artículo 61 de esa misma ley, no es facultad del alcalde, sino del Ayuntamiento, “Nombrar y remover, al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Jefe de la Policía Preventiva Municipal y al titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, con arreglo a las disposiciones de esta Ley”, y eso, según los regidores, tampoco ocurrió, ya que fue en la primera sesión cuando se llevó a cabo.
Y si esa sesión fue ilegal, sus acuerdos son nulos.
El asunto parecería un litigio sin mayores consecuencias, pero en el contexto actual, cuando el nuevo gobierno estatal ha enderezado una fuerte campaña de denuncia y persecución de presuntos delitos cometidos por servidores públicos de la anterior administración, los errores del estrenado alcalde empalmense se antojan como una considerable dotación de parque para defenderse de la artillería tricolor.
No sería ni la primera ni la última vez que, en la tradición del sistema político mexicano, los casos de corrupción o ilegalidades cometidas por funcionarios públicos de uno y otro partido, desde el gobierno o la oposición, se utilicen como moneda de cambio para negociar condenas o garantizar impunidades.
Suena fuerte, pero es real.
Ahora que si las posiciones conocidas en estos últimos días, tanto de los personeros del gobierno estatal, como de la oposición en el sentido de que no habrá negociaciones de ese tipo y la ley se aplicará sin miramientos sobre todo aquel que resulte responsable de algún delito, los señalados como presuntos deberían estar seriamente preocupados.
No solamente los panistas que ya se fueron y hoy andan a salto de mata, sino los que aún siguen en cargos públicos, pero también algunos priistas como el ex alcalde de Nogales, Ramón Guzmán Muñoz, que encabezaría la lista a la que ahora se suma el presidente municipal de Empalme, Carlos Enrique Gómez Cota.
Veremos qué es lo que pasa, porque ya hay una posición muy clara por parte del gobierno estatal, de integrar expedientes y llamar a cuentas a los presuntos responsables del evidente desastre financiero con que terminó la anterior administración.
Pero también hay que hacer notar que el PAN habrá de defender a los suyos, desde las posiciones que mantiene en el tablero del poder, estatal y nacional.
Hay una corriente importante en el blanquiazul, que admite en un ejercicio autocrítico que se debe castigar a quien resulte responsable de algún delito, pero no están dispuestos a que se haga tabla rasa con todos, y en la cruzada tricolor se quiera cargar con justos y pecadores.
Y sostienen también que en eso de los pecados, hay algunos priistas que no están en condiciones de lanzar la primera piedra. El Kiriki se acaba de sumar a esa lista, creemos que innecesariamente.
II
Y apropósito de broncas innecesarias, desde la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES) nos reportan un nuevo brote de inconformidad entre el personal, que pensaba que con la nueva administración comenzaría a enderezarse el rumbo por esos lares, donde también el ex nuevo Sonora causó estragos.
Resulta que el señor Gustavo Soto, gerente de la empresa Mundo Safari, concesionaria del Centro Ecológico de Hermosillo, fue nombrado como subdirector de la CEDES.
Mundo Safari, una empresa propiedad del empresario Ernesto Zazueta fue señalada no hace mucho como la responsable del descuido en que cayó el Centro Ecológico de Hermosillo, donde desaparecieron muchos ejemplares de fauna silvestre y otros más aparecieron muertos o bastante maltratados.
Por eso el personal no se explica esa decisión del nuevo gobierno para nombrar como subdirector a Gustavo Soto, así que amenazaron con tomar las instalaciones en protesta. El movimiento fue desactivado al retirar el nombramiento del señor Soto, que apenas duró tres días en el cargo, pero no es que lo hayan despedido, sino que lo reubicaron en otra área de CEDES.
Mundo Safari, que también tiene concesionados los zoológicos de Ciudad Obregón y Culiacán, nos dicen, está siendo investigada por autoridades federales debido a denuncias por tráfico de animales.
Y eso nos lleva a recordar que hace algunos meses, cuando se definió la elección en Sonora a favor de un partido distinto al que gobernaba, y después de varios trabajos periodísticos sobre las deplorables condiciones en que operaba el Centro Ecológico de Hermosillo, donde se documentó la muerte, descuido y desaparición de animales, algunos de éstos comenzaron a aparecer misteriosamente.
En esos días se dijo que muchos de ellos habían sido trasladados a los ranchos de connotados personajes del pasado gobierno, que optaron por regresarlos cuando vieron cancelados sus planes transexenales.
Es posible que en los próximos días se conozca lo sucedido allí.
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