El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Vaya forma de pasar por estos días en que la prevención y atención del cáncer de mama ocupa espacios notorios en medios de comunicación; funcionarios y asociaciones civiles de toda laya aparecen promoviendo el tema, sin descanso.
La señora Clarisa Correa Sáinz es sobreviviente de cáncer. Ya perdió ambos senos y sigue sometida a un agresivo tratamiento de quimioterapia. Es madre de dos hijos menores de edad y hace un par de años decidió separarse de su esposo, después de que éste protagonizara actos de violencia intrafamiliar contra ella.
La última golpiza que recibió, cuenta entre lágrimas la señora Correa, la llevó a demandarlo por la vía penal, por lo que su esposo, el doctor Marcelino Barrera Escalona fue detenido y consignado. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza y tiene que acudir cada viernes al juzgado, para la firma respectiva.
El doctor Escalona es médico internista en la clínica del IMSS en Caborca, pero además trabaja en la clínica particular San José; presta sus servicios para el Isssteson y tiene un consultorio particular, todo en aquella ciudad del desierto sonorense.
Lo anterior es citado por la señora Correa, para ilustrar el nivel de ingresos que tiene el médico a quien, tras el divorcio, se le fijó una pensión alimenticia de 3 mil pesos quincenales para sus dos hijos, pero el señor apeló esa sentencia argumentando “que me he visto seriamente afectado para poder sobrevivir, teniendo mi padre que apoyarme económicamente cada semana para salir adelante y lograr alimentarme, vestirme, rentar casa donde habitar, etc”…
Así lo estableció en la solicitud de reducción de pensión alimenticia que promovió ante el Juzgado Primero de Primera Instancia, a cargo de Brenda Guadalupe Neblina Méndez, quien falló a favor del médico, fijando la pensión para los dos niños en mil pesos quincenales.
Con ese ingreso, incluso considerando que la señora Correa percibe una pensión del IMSS, donde se desempeñaba como auxiliar de oficina hasta el momento en que el cáncer le impidió seguir prestando sus servicios. Esa pensión es de ocho mil pesos mensuales, lo que a todas luces aparece insuficiente considerando el carácter catastrófico de la enfermedad que padece.
El doctor Escalona, por su parte, argumenta que sus ingresos son insuficientes, ya que también tiene que pagar una pensión alimenticia a la señora Mirsa Elizabeth Medrano Desilos con quien estuvo casado y procreó una hija y por lo cual le descuentan el 30 por ciento de su salario como médico internista en el IMSS, si bien es cierto que omitió hablar de los ingresos que percibe como médico particular y sus trabajos en la clínica San José y el Isssteson.
También argumenta que actualmente está pagando el crédito (5 mil 200 pesos mensuales) de una casa de Infonavit donde vive la señora Correa con sus dos hijos.
Esos argumentos fueron considerados suficientes por la jueza Brenda Guadalupe Medrano, para reducir de 6 mil a 2 mil pesos mensuales la pensión para los dos pequeños hijos de su matrimonio con Clarisa Correa Sáinz, quien advierte sobre un posible elemento de parcialidad en el que pudiera estar incurriendo la juzgadora.
Y es que la señora Neblina Méndez, originaria de Pitiquito, es paisana de Guadalupe Romero Muñoz, actual pareja sentimental del doctor Escalona y con quien la jueza lleva una estrecha amistad.
Desde hace más de un año, la señora Correa Sáinz recorre los juzgados entre Caborca y Hermosillo, a donde acude periódicamente a recibir su tratamiento de quimioterapia, y aprovecha para visitar a algunas autoridades judiciales que le pudieran ayudar a revocar la sentencia de reducción de pensión que la jueza Neblina Méndez dictó, aparentemente movida por la amistad con la parte demandada.
Pero ha encontrado sólo evasivas y puertas cerradas, algo que no suena raro considerando que en los últimos años, el Supremo Tribunal de Justicia estuvo copado por jueces y magistrados obligados a acatar directrices dictadas por personajes con influencias en el gobierno del estado. Este parece ser uno de esos casos.
La señora Correa busca también entrevistarse con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en cuya campaña participó cuando el cáncer no se manifestaba de manera tan agresiva.
Frente a los reporteros, la señora Correa no puede evitar romper en llanto cuando alude a la incertidumbre por el futuro de sus hijos, y por el de ella misma, ya que la enfermedad sigue avanzando. Y en lugar de tener la paz y las condiciones mínimas para sobrellevarla, tiene que peregrinar de un juzgado a otro peleando por revertir la sentencia que dejó a sus hijos con una pensión de mil pesos quincenales.
Muchas cosas se hablan en estos días sobre la atención a víctimas del cáncer de mama. Mucha publicidad color de rosa. También sobre el nuevo sistema de justicia penal; la honestidad, la transparencia, la imparcialidad.
Casos como el de la señora Correa Sáinz son una bofetada que obliga a despertar del sueño.
II
Y a propósito de bofetadas para despertar del letargo, ayer el secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins presentó el diagnóstico de lo que encontraron en esa dependencia.
A continuación citamos los datos más relevantes:
-De 2010 a 2015 la Secretaría de Hacienda estatal dejó de aportar más de dos mil millones de pesos a la SEC, organismos y universidades autónomas: 536 mdp para educación básica; 470 mdp para educación media superior y mil 116 mdp para educación superior.
-En ese lapso, dejaron de entregarse 139 millones de pesos, 95 de ellos para estudiantes universitarios.
-En 2010 se anunció con bombo y platillo la eliminación de las cuotas escolares. A cambio, el estado aportaría 400 mdp a través del Programa de Apoyo Escolar, pero sólo aportó 170 millones. Ni siquiera la mitad.
-Existe una deuda de 135 millones de pesos a proveedores. El 92% de esa deuda se contrató en años electorales: 22 mdp en 2012 y 103 mdp en 2015.
-Hay 176 millones de pesos descontados a nómina, que no fueron reportados.
-Hay 519 millones de pesos descontados por cuotas de Issste e Isssteson, que no fueron reportados.
-El tesorero de Guillermo Padrés, Mario Cuén Aranda se negó a firmar órdenes de pago para uniformes escolares, que suman casi 200 millones de pesos.
-Otros adeudos relevantes son: 97.5 mdp al Sistema de Ahorro para el Retiro; 37.5 mdp por concepto de seguro de vida e incapacidades a la empresa Metlife; 5.6 mdp a Papelería Kino, por material de oficina e impresiones, y 4.5 mdp en mobiliario escolar.
-El 25% de los más de tres mil planteles escolares en Sonora, se encontraron en condiciones deplorables.
-El programa Transformación Educativa, con un presupuesto de 2 mil 400 millones de pesos, destinó el 47% de ese monto a obras no prioritarias, lo que en cinco años se tradujo en el caos que actualmente se vive.
-En ese programa se encontraron 525 obras inconclusas y 627 en proceso.
-Más de 500 contratos para obras en 2014 se encuentran rescindidos por diversas causas.
-De 880 millones de pesos, se ha gastado el 63%, pero sólo el 43% de las obras han concluido.
Estos son algunos datos duros sobre lo encontrado en el sector educativo, devastado por el gobierno de Guillermo Padrés, el secretario de Educación, Jorge Luis Ibarra Mendívil; el de Hacienda y el tesorero, Carlos Villalobos y Mario Cuén, respectivamente, y por el hermano cómodo de Roberto Romero López, Luis Felipe (director del ISIE).
Lo que sigue, de acuerdo con el nuevo titular de la SEC, es presentar las denuncias correspondientes por daño intencional a los recursos públicos destinados para la educación en Sonora.
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