El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Finalmente la PGR decidió ejercer su facultad de atracción en el caso de la probable comisión de delitos de sustracción y tráfico de menores contra Vladimir Arzate Carbajal, José Antonio Hernández López y otros (algunos funcionarios del pasado gobierno padrecista).
Estos personajes, el primero de ellos subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor (vaya defensores que tenían los pequeños), y el segundo abogado de los ganaderos organizados en Sonora, encabezaban una red de tráfico de infantes que operó durante varios años con la complacencia de las autoridades estatales.
De hecho, ambos, junto con Emma Consuelo Falcon Etchechurry, pareja sentimental de Hernández López, fueron detenidos en marzo pasado; se les integró una averiguación por delitos que alcanzan fianza (corrupción y tráfico de influencias) y fueron dejados en libertad, lo que aprovecharon para poner tierra de por medio, perdiéndose en las penumbras de la impunidad tramitada por sus amigos del gobierno padrecista.
El caso fue exhibido en medios de comunicación y la presión social obligó al entonces procurador Carlos Navarro Sugich a protagonizar uno más de sus conocidos teledramas para admitir que desde el gobierno se estaba traficando con infantes, promover una alerta internacional para dar con los responsables y lavarse las manos graciosamente, pues estaba a unos días de terminar su encargo.
Lo cierto es que en este caso, los mencionados aquí no son los únicos implicados, sino que existe una intrincada red de funcionarios del gobierno estatal anterior que de una u otra manera tuvieron relación con esta banda delincuencial organizada y que deberán ser llamados a cuentas.
Con la atracción del caso por la PGR crecen las expectativas de que los responsables sean capturados, aunque en redes sociales se manifestó ayer el escepticismo, ya que después de seis años que sucedió lo mismo con el caso de la guardería ABC, no se ha ejercido acción penal contra ninguno de los presuntos responsables.
Por cierto, anoche circuló la versión de que Arzate y Hernández habían sido arrestados. La cuenta de Twitter @herbert_strauss que presuntamente tuitea desde Arizona, difundió la imagen de ambos implicados en la pantalla de una televisión donde presuntamente se daba cuenta de su arresto.
Esta columna consultó con fuentes del gobierno de Sonora, quienes manifestaron desconocer el asunto.
Al parecer, se trató de uno más de esos intentos por generar cortinas de humo, para bajarle intensidad al debate que en Sonora se registra, producto del desastroso estado en que la anterior administración dejó las finanzas públicas y la infraestructura urbana.
Veremos si en los próximos días se confirma o se descarta dicha versión.
II
Varias horas duró ayer en la sede de la Procuraduría General de la República, la ex empleada doméstica de la familia Padrés Dagnino, ampliando sus declaraciones en torno a la denuncia presentada por ella misma contra sus ex patrones.
Gisela Peraza Villa trabajó durante más de diez años con la familia Padrés Dagnino, desde antes que ocuparan la vieja casona de la colonia Pitic en Hermosillo, y fue acusada de robar una cantidad indeterminada de dólares, pesos mexicanos y joyas, en complicidad con un agente de seguridad de ese inmueble y, para más señas, sobrino del entonces secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacios. Por ello estuvieron presos durante cuatro años, aproximadamente.
El proceso estuvo lleno de irregularidades, desde la tortura física y sicológica a la que fue sometida por policías estatales y funcionarios de gobierno –incluyendo a la primera dama Iveth Dagnino de Padrés-, hasta el aislamiento en prisiones alejadas de Hermosillo, como las de Huatabampo y San Luis Río Colorado, en los extremos noroeste y sur del estado.
Cuando un juez ordenó la liberación de la detenida, a principios de junio pasado, guardias del Cereso entraron a su celda y ‘sembraron’ cinco bolsitas de la droga conocida como ‘Crystal’, para abrirle un nuevo proceso y mantenerla presa.
Finalmente el Juez Octavo de Distrito ordenó su libertad, ya que los acusadores, el director del sistema penitenciario Ricardo Ornelas como los custodios que habrían encontrado la droga, no se presentaron a declarar. Ornelas renunció dos días después de que el PAN perdiera las elecciones del siete de junio y hasta la fecha se desconoce su paradero.
Por estas y otras irregularidades y abusos, la ex empleada doméstica presentó sendas denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en la PGR. Ayer se presentó a ampliar sus declaraciones y se espera que en los próximos días, junto a su abogado, ofrezcan una rueda de prensa para dar a conocer más detalles.
III
En Ciudad Obregón quedó instalada la comisión plural de regidores que, encabezada por el alcalde Faustino Félix Chávez, se encargará de analizar el estado en que se recibe la administración pública que recién entregó el hoy delegado de Sedesson, Rogelio Díaz Brown.
El próximo 16 de octubre esa comisión deberá emitir un dictamen que será interesante conocer, pues aunque el alcalde adelantó que no se han detectado malos manejos financieros, pero el Ayuntamiento sí se encuentra en “una situación comprometida debido a la falta de apoyos estatales” durante el pasado sexenio, cuando el gobierno de Guillermo Padrés se ensañó con ese municipio y sus habitantes, escamoteándole infinidad de recursos.
Los siete regidores que integran de manera plural y proporcional la comisión son Ramón Villegas, Vidal Martínez, Rolando Cruz, Andrea Avendaño, Abraham Ramírez, Jorge Russo y Gabriela Martínez Espinoza.
“Tenemos obras en proceso, hay recursos depositados en el estado y lo que preocupa es el estado de algunos bienes como patrullas, además de los servicios públicos que encontramos en mal estado, pero hasta ahora no afectan en el servicio que se brinda”, puntualizó el alcalde Félix Chávez.
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