El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Las definiciones más a la mano aluden a la ausencia de gobierno, del poder público. “Desorden, confusión o barullo por ausencia o flaqueza de una autoridad”.
En estos momentos y como nunca en la historia reciente y no tanto, Sonora se encuentra lindando esos terrenos, los de la anarquía.
No es una exageración. El poder público, depositado en un titular del Ejecutivo convertido en escurridiza sombra, se ha erosionado de tal manera que si a lo largo del sexenio los ejes de las políticas públicas fueron la confrontación, la provocación, la siembra de discordia; la exclusión incluso de muchos panistas para que ni siquiera se acercaran a la rapiña carroñera, hoy las políticas públicas simplemente no existen.
Todo ha sido dejado al garete, o peor aún, parece que en realidad lo que está sucediendo es que se giraron instrucciones para sabotearlo todo lo saboteable, de modo y manera que si al final del sexenio el estado ya estaba en ruinas, durante las dos semanas que faltan para el cambio de gobierno se trata de terminar de destruirlo todo.
Ya sin la expectativa de una elección en puerta que los obligue al menos a matizar el discurso con sus típicos triunfalismos y oníricas construcciones de universos paralelos, fuera máscaras.
Chínguense los que votaron en contra nuestra y también, faltaba más, los que votaron por nosotros, que ya nos vamos con los bolsillos llenos y si tienen tele, ahí se ven.
De andar a salto de mata, el gobernador ya decidió instalarse en cualquier escondrijo donde permanecerá estos últimos días, salvo muy esporádicas apariciones como la que obliga el protocolo este miércoles, cuando esté presente en el III Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, donde seguramente volverá a ser mandado al rincón como la muñeca fea.
Mientras tanto, por todo Sonora truenan los conflictos como esquites. La inconformidad ciudadana va en aumento lo mismo por el estrepitoso fracaso de una Transformación Educativa que lo único que transformó fue el nivel de vida de muy contados funcionarios de primer nivel, responsables de ese fallido programa, que por el abandono de las responsabilidades administrativas que han paralizado diversas dependencias gubernamentales debido a que no hay dinero ni para la nómina.
De eso no se escapan ni instituciones tan serias como El Colegio de Sonora, donde se concentra una parte importante de la intelectualidad sonorense a la que hoy se le da trato de chacha.
Más indignante aún, cuando ese trato proviene de un gobierno donde predominan los prófugos de la academia, falsificadores de títulos profesionales y orgullosos egresados de universidades patito que se pitorrean alegremente de maestros, doctores, investigadores inscritos en el padrón de excelencia de Conacyt y otras instituciones, a quienes parecen decirles: “ya ven, pendejos, en lugar de andarse quemando las pestañas estudiando, se hubieran acomedido a repartir volantes en la campaña y no anduvieran batallando”.
El respeto a los ciudadanos nunca fue el fuerte de este gobierno, pero particularmente en estos últimos días, la constante ha sido la ofensa.
Y como gobernador ya no hay, eso da pie a que se vayan por la libre personajes como el procurador Carlos Navarro Sugich, que en medio del tremendo drama, el espeluznante caso de trata de infantes auspiciado desde el gobierno al que pertenece, se despoja de su condición de fiscal para convertirse en juez y condenar a los padres adoptivos de las criaturas que les fueron vendidas mediante artimañas diversas, y aprovechándose de sus necesidades afectivas, pero sobre todo, de su solvencia económica para desembolsar cientos de miles de pesos como ‘donaciones’ o ‘gestiones para agilizar trámites’.
Tan culpable es el que vende niños como el que los compra, escribió, palabras más, palabras menos, el señor Navarro Sugich en su cuenta de tuiter ayer, erigido en un severo juez.
Bueno, severo con los padres adoptivos, aunque no tanto con los funcionarios del gobierno al que pertenece, concretamente con Vladimir Arzate Carbajal y con José Manuel Hernández López, que sin ser funcionario, también fue detenido en mayo pasado junto a su pareja Emma Falcón.
A los tres, que son las cabezas visibles de una banda en la que seguramente hay más funcionarios públicos involucrados, el procurador les dio un trato benevolente y los dejó ir. Es hora de que, destapada la cloaca de esa criminal acción, nadie sabe dónde se encuentran.
Eso sí, el señor Navarro Sugich aparece en una entrevista de televisión refutando a uno de los padres adoptivos que narró su drama, aduciendo que nunca pagó por su hijo adoptivo, sino que aceptó dar una donación solicitada por Vladimir Arzate. El procurador se mofó del padre adoptivo. Con gestos, palabras y visajes intentó ridiculizarlo y poner en tela de juicio su ingenuidad, para fortalecer su prejuicio, publicitado antes en su cuenta de tuiter, de que los padres también son culpables.
Quizá sí, quizá no. Pero al generalizar las culpas, absuelve a todos. Especialmente, absuelve a los personeros del gobierno al que pertenece y que evidentemente fueron los promotores de este nuevo escándalo de corrupción que tiene a Sonora en los titulares de medios nacionales e internacionales.
Y con ese aire de perdonavidas, el procurador sólo refrenda la gran mentira que fue este sexenio, y que se ilustra a la perfección con el cartel publicitario que ilustra esta columna, producto de otro tipo por el estilo, Javier Alcaraz Ortega, el encargado de la imagen institucional de un gobierno que hoy por hoy, chapotea en el estercolero del descrédito.
El cartel no necesita más descripción. Resume exactamente lo que fue este sexenio: una gran mentira.
Ya faltan diez días para que se vayan. Esperemos que algunos de ellos no se vayan más allá del edificio de departamentos ubicados frente a la Unión Ganadera Regional de Sonora. Esperemos.
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