El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Si la idea del procurador Carlos Navarro Sugich al salir a dar algunos pormenores del tenebroso asunto del tráfico de adopciones en Sonora era detener la avalancha de críticas, el azoro, el espanto, y cerrar la alcantarilla para que no siguiera brotando mierda, consiguió todo lo contrario.
Lo único que dejó claro el procurador fue que en este caso, apenas apareció la punta de una hebra que comenzaron a jalar los colegas de Grupo Larsa y El Sol de Hermosillo, pero que ya fue tomada por los medios nacionales, donde nuevamente el gobierno de Sonora y sus funcionarios son exhibidos como traficantes de la peor calaña; mercenarios sin corazón, capaces de lucrar con el dolor, la miseria, la desesperación y el drama personal de terceros, para obtener dinero. Mucho dinero.
La joya de la corona para un sexenio signado por la corrupción y la ambición desbordada tenía que ser algo tan soez, tan de mala entraña como el uso del poder desde el gobierno para traficar con niños, algunos recién nacidos.
En su afán de hacerse de dinero fácil y con la certeza de que eran intocables, varios funcionarios del gobierno de Sonora han provocado tragedias familiares de proporciones y alcances aún desconocidos. Hasta hoy se ha consignado un par de expedientes de personas que, seguramente advertidas de lo que venía, han desaparecido y se encuentran huyendo de la justicia.
Pero es claro que Vladimir Arzate y José Manuel Hernández López no son los únicos involucrados. Para operar el tráfico de adopciones necesariamente tuvieron que contar con una red de funcionarios públicos de distintas dependencias, incluyendo al DIF. Por lo mismo, es obvio que el actual procurador, a quien le quedan menos de 20 días en su cargo simplemente dejará el asunto en manos de los que vienen.
Este par de sujetos, que en su momento fueron consignados por delitos menores para concederles el beneficio de la libertad bajo fianza, junto a otros presuntos responsables que desde el servicio público les ayudaron a cometer sus fechorías, son los directamente responsables del drama que hoy viven decenas de familias sonorenses.
Hablamos de los padres adoptivos, parejas que de buena fe, con engaños y desconocimiento de los procedimientos para adoptar; o quizá urgidos por la necesidad de obviar trámites, por qué no, soltaron fuertes sumas de dinero para aceitar la maquinaria de corrupción del nuevo sonora.
Hoy estas parejas no sólo están ante un juicio penal y a un paso de la cárcel, sino que han sido despojados de sus niños, a quienes ya habían integrado como familia y que deberán ser regresados a la casa hogar Unacari en tanto se define su destino.
Esas familias han sido destruidas por la ambición y la corrupción de funcionarios del nuevo sonora. Incluso si los padres adoptivos, conscientemente hubieran decidido ser parte de un acto de corrupción, moche, soborno o como quiera que se tipifique, sus motivaciones no tuvieron que ver con el interés pecuniario, sino con necesidades afectivas o de realización como padres.
Los funcionarios no. Esa gente actuó con ventaja, con la deliberada intención de torcer la ley para ganar mucho dinero, a costa de lo que fuese. Su castigo debe ser ejemplar.
Pero la peor parte la sufren los niños, que en su mayoría no han conocido más familia que esa que los acogió durante meses o años, y de la que ahora los separan para dejarlos en un estado de incertidumbre que difícilmente entenderán a su cortísima edad. El procurador habló de nueve casos, pero extraoficialmente se sabe de más de cien.
Por la naturaleza de este caso, el seguimiento en medios es obligado, pero sobre todo, es obligado el seguimiento institucional -y eso incluye, desde luego, al aparto de procuración e impartición de justicia-, del nuevo gobierno. El actual está agotado, derruido, sin más qué ofrecer que no sean los intentos para lavarse las manos y salir corriendo cuanto antes.
Ahora hay que ver si la Procuraduría General de la República atrae el caso, dependiendo de cómo evolucione, sobre todo a partir de las revelaciones que irán saliendo de parte de padres adoptivos y padres biológicos, que tienen mucho qué contar en esta historia que apenas comienza.
II
Nos tocó estar ayer en el encuentro de los presidentes de las mesas técnicas que integran el comité de Transición del alcalde electo Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y escuchar el diagnóstico del estado que guarda la administración municipal actual, a cargo de Alejandro López Caballero.
Demasiados datos y cifras, pero fácilmente resumible: es un desastre.
Dejan una deuda pública de mil 552 millones de pesos, 400 millones de deuda de corto plazo a proveedores, además de la falta de pago a talleres y proveedores que ocasiona afectación a servicios públicos como pavimentación y bacheo, servicios públicos, recolección de basura, y parques y jardines, entre otros.
En seguridad pública el resultado es desolador. Sólo hay 75 patrullas en operación para una ciudad con casi un millón de habitantes. Quizá por eso tenemos 132 casos de robo a casa habitación por cada cien mil habitantes, cuando la media nacional es de 88 casos. En materia de robo de vehículos, Hermosillo duplica la media nacional.
El Instituto del Deporte, con un presupuesto de 20.9 millones de pesos, dedica sólo 500 mil pesos para obras y el resto, 20.4 millones para nómina y gasto corriente y en una proporción similar se encuentra el Instituto Municipal de Cultura y Turismo: de 39.9 mdp de presupuesto, 39 van a nómina, servicios personales y servicios generales.
Esa es sólo una parte del diagnóstico. La semana próxima habrán de tener los resultados globales, que serán cruzados con los datos del ISAF para tener una idea precisa de lo que va a recibir el próximo gobierno municipal de Hermosillo.
III
Ayer fue liberado Fernando Jiménez, uno de los dos indígenas yaquis presos por motivos políticos, aunque la procuraduría de Navarro Sugich les integró expedientes por privación ilegal de la libertad, robo de vehículos entre otros.
Junto con Mario Luna, Fernando es uno de los dirigentes y voceros más representativos del movimiento de resistencia indígena a la construcción y operación del acueducto Independencia y, al estilo de la procuraduría del nuevo sonora, fueron perseguidos, hostigados y encarcelados durante más de un año y medio.
La historia es conocida. Francisco Romo, profesor yaqui al servicio del gobierno del estado intentó romper el bloqueo carretero en Vícam, cuando se encontraba bajo los influjos del alcohol, echando encima de los manifestantes el carro que conducía. Fue detenido y castigado conforme a los usos y costumbres de la tribu, lo que implica mantenerlo cautivo hasta que se le pasara la borrachera y darle unos cuantos azotes.
Eso desplegó todo un operativo de la Procuraduría que concluyó con la detención de Mario y Fernando, que ni siquiera estaban ahí el día que ocurrieron los hechos.
Unas semanas después, Francisco Romo apareció muerto, abandonado en un paraje solitario y con signos típicos de un ajuste de cuentas del narcotráfico, aunque con una cartulina en la que se leía un mensaje en el sentido de que había sido asesinado por traidor.
Mario y Fernando fueron inculpados y la Procuraduría de Carlos Navarro Sugich actuó con inusual premura, deteniéndolos y encarcelándolos. Premura inusual, porque no se ha visto en otros casos, por ejemplo el de los mercenarios de adopciones.
Sí se ha visto, desde luego, en otros asuntos, como el de la trabajadora doméstica Gisela Peraza, que pasó casi cinco años en prisión acusada de robo en casa de Gobierno, donde prestaba sus servicios al matrimonio Padrés-Dagnino. También en el de María de Jesús Llamas Coronado, “La China”, activista del PAN asesinada (según peritos de la CNDH) en las celdas de arraigo de la PEI, pero a la que declararon rápidamente como muerta por propia mano.
En fin. Fernando ya está libre. Falta Mario.
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