El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
“Un documento sobre las reuniones sostenidas entre la PGR y el Departamento de Justicia deja en claro que el caso de Padrés es de la más alta prioridad para el actual gobierno”.
Así concluye la nota del periódico Reforma que revela la investigación de la cual es objeto el gobernador de Sonora por parte de la PGR y el Departamento de Justicia del gobierno estadunidense, que rastrean cuentas bancarias en EU y Holanda a nombre de empresas cuya propiedad se atribuye a él y a su hermano Miguel Padrés, a quien el gobernador aludió jocosamente, cuando intentó explicar la fortuna de los Padrés Elías como “El rico de la familia”.
La aparente calma mostrada por el gobernador ayer ante reporteros que le preguntaron sobre el tema, es muy similar a la que intentó proyectar cuando fue pillado por autoridades federales con una presa particular construida sin permisos en un rancho de su propiedad, que hace cinco años era un erial cachorero y hoy es un emporio con más de 300 hectáreas de nogal e infraestructura agrícola de primer mundo.
En ese momento el gobernador dijo que la presa existía desde hace 60 años, que el rancho era herencia de sus abuelos y que no la demolería ni pagaría multa alguna, pues todo estuvo hecho conforme a la ley y blah blah blah. Dos semanas después una extraña avenida de agua se llevó la cortina de la presa y el gobierno federal le impuso una multa de 4 millones de pesos.
Se parece mucho, la calma mostrada ayer por el gobernador, a la que quiso proyectar cuando le descubrieron las caballerizas de San Pedro El Saucito, a unos cuantos kilómetros de Hermosillo, donde había un centenar de corceles finos atendidos a todo lujo, con refrigeración y clínica de maternidad para lo que se ofreciera. Los caballos ya no están ahí y las instalaciones prevalecen nomás porque no caben en remolques.
Todo eso sucedió antes del siete de junio, cuando el gobernador y su círculo cercano juraban y perjuraban que en las elecciones se llevarían el carro completo, mantendrían la gubernatura, la mayoría en el Congreso y los gobiernos en los principales municipios del estado, con lo cual estaría en condiciones de prorrogar la impunidad que le dio cobijo estos seis años.
Nada de eso pasó. El PAN fue vapuleado a nivel nacional, pero en Sonora sufrió la peor de las derrotas, dejando a Padrés en calidad de apestado incluso en las filas de su partido, donde se atribuye a su mal gobierno el pésimo resultado electoral.
Hoy no tiene mucho margen de maniobra. Enfrentado con el gobierno federal y particularmente con el presidente de la República, tiene que lidiar además con el dedo flamígero de sus correligionarios.
En el contexto de la campaña por la renovación de la dirigencia nacional del PAN, el candidato rebelde, Javier Corral no ha dudado en señalar la percepción generalizada de corrupción en su gobierno como un elemento clave en la derrota electoral. Y el candidato oficial, el de la continuidad maderista, Ricardo Anaya ha levantado como una sus principales banderas la lucha contra la corrupción, la impunidad y a favor de la transparencia y rendición de cuentas.
En Sonora, eso es como mencionar la soga en casa del ahorcado.
Por eso, la calma del gobernador de Sonora aparece hoy más que nunca, como una teatralidad desdibujada ante la inminencia de acciones judiciales en su contra, y en contra de sus principales amigos, colaboradores y familiares.
Los millones de dólares que el empresario hermosillense Mario Aguirre habría depositado en las cuentas de los Padrés en calidad de ‘moche’ por contratos relacionados con el programa de Uniformes Escolares parecen ser sólo la punta de una madeja en la que se incluyen miles de millones de pesos correspondientes a recursos públicos destinados al programa Transformación Educativa, tutelado por Luis Felipe Romero López.
Éste, por cierto, hermano menor del ex secretario de Gobierno Roberto Romero, hasta hace unos meses plenipotenciario gañán considerado artífice de la extensión del padrecismo otros seis años, y hasta de sueños guajiros en los que aparecían entrando a Los Pinos al lomo de sus briosos corceles en 2018.
En esa madeja se incluyen también los casi 3 mil millones de pesos del Fondo de Pensiones del Isssteson, los 600 millones de Femot y más de dos mil millones que adeudan a proveedores, sin contar la incuantificable suma de millones jineteados a los mismos por medio de empresas financieras como el llamado CP3.
Por menos, por mucho menos que eso, gobernadores del PRI, del PAN y del PRD han pisado la cárcel, de manera que la aparente calma que en Sonora muestran el gobernador y algunos de sus cercanos, se parece más a la sonrisa nerviosa del cínico ladrón que fue pillado en flagrancia y cuyo destino es incierto.
II
Y a propósito de pillerías, mucho se ha hablado sobre los atracos antes citados, y sobre otros que ya suenan redundantes.
Pero sobre lo que no se ha hablado es sobre el otro atraco, digamos ‘legal’.
Nos referimos a lo que representa el control y administración de la nómina estatal como un recurso clientelar para comprar lealtades, sumar adeptos y transformar al PAN en una agencia de colocaciones donde no importan (es más, estorban) las afinidades doctrinarias, sino que se privilegian las coincidencias y complicidades en el hurto y el pillaje.
Un recurso que, a la luz de los resultados electorales, tampoco les alcanzó para conservar el gobierno en breve comenzará a operar en su contra, una vez que los empiecen a llamar a cuentas.
El Zancudo tuvo acceso a un documento que detalla puntualmente las características de la nómina estatal, que nomás para abrir boca, pasó de 4 mil millones de pesos anuales durante el último año del sexenio de Eduardo Bours, a 12 mil millones de pesos en los primeros años del sexenio de Guillermo Padrés.
El documento es extenso y complejo para abordarlo en un solo despacho, así que en los próximos días habremos de desglosar algunas de sus partes más notables.
Hoy les puedo adelantar unos datos: la plantilla laboral durante el último año de Bours era de 9 mil 048 empleados; hoy es de 14 mil cien. La burocracia, especialmente en cargos de confianza y por honorarios, creció casi un 50 por ciento.
Destacan en este crecimiento, dependencias como la Secretaría de Salud, la de Educación y Cultura y la de Seguridad Pública, donde el abultamiento de la nómina se concentra en el C4, la dependencia que siempre estuvo a cargo de Javier Dagnino, primo hermano de la primera dama, Iveth Dagnino de Padrés, presidenta del sistema DIF, donde en este sexenio se contrató personal hasta completar una lista de 128 Directores Generales, todos ellos cobrando en la Secretaría de Salud.
El documento no incluye organismos desconcentrados como Cobach, Cecytes, UES, el Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí, entre otros, donde se presume hay un ejército de incondicionales del actual grupo en el poder, que hoy buscan basificarse para quedar de cuña al nuevo gobierno.
Mención especial merece la Secretaría de Comunicación Social (que hasta antes de 2009 tenía categoría de Coordinación), pero que hoy cuenta, además de un secretario (140 mil pesos mensuales), tres subsecretarios (80 mil pesos mensuales); tres Directores Generales (50 mil pesos mensuales); nueve Directores, 13 subdirectores; 11 asistentes de programas; un asistente ejecutivo y ocho Jefes de Departamento, todos asignados a la cuenta del Ejecutivo Estatal.
Mañana volveremos con más información sobre este tema.
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