EL ARTÍCULO primero de la ley publicada en el Boletín Oficial Número 51 Sección I de fecha Lunes 23 de Diciembre del 2013 se establece que el Consejo Ciudadano del Transporte Público Sustentable del Estado de Sonora, es un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá por objeto ser una autoridad ciudadana que fije las tarifas del transporte público, conforme a la calidad del servicio a fin de procurar la rentabilidad, sustentabilidad y eficiencia del servicio de transporte público, en sus dimensiones técnicas, sociales, económicas y ambientales.
El origen de tal nacimiento es que ni el poder legislativo ni el ejecutivo querían esa papa caliente que es el incremento a las tarifas del transporte urbano cuyo tema se convirtió en un pesado lastre político tanto para el gobernador y compañía, así como para los diputados y sus aspiraciones electorales.
De hecho este Consejo nació sin dos patas, la financiera por un lado pues no les otorgaron el recurso económico para subsistir y adquirir, vaya, por lo menos una oficina y pagar los estudios y análisis respectivos y por el otro, la capacidad de transformación de las leyes que permitan contar a Sonora con un sistema moderno de transporte.
Consejos de este tipo existen en otras entidades. Se dijo hasta el cansancio que era una herramienta política de control por parte del gobierno pero no fue cierto pues de serlo, este último incremento hubiera sido por unanimidad lógica.
Con anterioridad al aumento de la tarifa urbana en Hermosillo ya se habían aprobado dos incrementos al transporte pero en dos distintos rubros, uno de ellos en el de carga y el otro de pasaje sobre todo para la Costa. No hubo tanta alharaca.
La presión social ahora acarreó una prueba del ácido que no pudo pasar el Consejo y que por un pelito trascendía a las organizaciones académicas o civiles que representaban cada uno de los once integrantes de dicha organización.
El detalle es que el pasado 24 de junio el Congreso del Estado emitió un acuerdo en el cual señala que en la sesión de este martes treinta disolverán el mencionado Consejo pero no dan a conocer mañosamente ninguna nueva opción para establecer los mencionados incrementos que quedarán, supuestamente, en manos de una Comisión del Transporte que sufrirá las de Caín al tener en sus manos esa papa caliente de nueva cuenta.
Y no solamente eso, sino que todos los estudios de evaluación regresarán de nueva cuenta con el único capaz de realizarlos, es decir, la empresa de concesionarios Sictuhsa a quienes, sin duda alguna regresará el poder.
Esto es lógico al pensar que si el Congreso del Estado o los integrantes de la Dirección del Transporte necesitan de estudios a fondo para justificar un incremento, no cuentan en sus presupuestos con los millones de pesos necesarios para realizar dichos análisis e insisto, redundará el resultado final en lo que diga Sictuhsa y sus investigaciones ad hoc y su posterior negociación política. Resultado, otra vez los concesionarios tendrán agarrados de ya sabe dónde a las autoridades estatales, por eso lo maneja la Secretaría de Gobierno y no SIDUR como está en el organigrama.
La bronca de esto es que regresará aquella amalgama de intereses o transas entre concesionarios y autoridades. ¿Qué no las hubo durante la permanencia de un año y medio del Consejo?, sí, pero no era tema el incremento tarifario y en cambio la corrupción se fue por el lado de otorgamiento de concesiones.
En lo personal pienso que el Consejo debe ser reforzado, no disuelto pues el trabajo realizado por su presidente Roberto González, dentro de todas las limitaciones, ha sido efectivo y sobre todo nunca pudieron los diferentes actores de presión, doblar su parecer con respecto a dicha problemática, razón por la cual votó en contra del incremento hace dos semanas.
Es así pues que no vemos en esta decisión de disolución una verdadera respuesta al problema del transporte urbano y en cambio sí, un mero protagonismo muy probablemente alimentado por los mismos pulpos que manejan el transporte y que están acoplados a los intereses de todos los gobiernos en turno, espero que no sea el caso con Claudia.
Y es que no es posible que de las 400 concesiones y pico, una sola persona como es el caso de Merardo Chávez, cuente entre familia, amigos y compadres, con más de ochenta y no olvidemos que él es el dueño real de Sictuhsa y que su titular actual, José Luis Gerardo Moreno, simplemente ha cumplido órdenes y le ha ido muy bien.
¿Qué va a hacer el gobierno de Claudia para detener la voracidad de gente como Merardo?, no lo sé, pero lo mejor era contar con un Consejo Ciudadano en el cual recargar toda esa responsabilidad de mejora y que, de no funcionar, exigir cuentas y disolverlo en caso dado, no al revés.
EL PRINCIPAL problema a la vista que dejan las lluvias y arrastra a esta administración municipal serán los miles de baches que sacan a relucir la problemática financiera que vive el Ayuntamiento de Hermosillo que se vanaglorió en tiempos de Javier Gándara de haber invertido cuatro mil millones de pesos en el municipio y en mayor porcentaje en pavimento del cual ya no queda nada.
También con Alejandro López Caballero se manejó a tamborazo festivo eso de la pavimentada que usted y yo podemos ver que es un argumento que ha resultado falso por dos razones: o era información rimbombante caza bobos o el dinero supuestamente empleado no se utilizó para ese rubro.
No es posible que las lluvias saquen a relucir esos miles y miles de hoyos que nos abruman a los hermosillenses pues se supone que todas las obras de pavimentación tan publicitadas conllevaban el término calidad misma que el agua se llevó.
No hay que ser un ducho en la materia para entender las causas de tal desastre urbano y tampoco para comprender qué pasó con los recursos que debieron implementarse sobre todo si al rascar un poco vemos que el alcalde Alejandro López Caballero afianzó su patrimonio en más menos 200 millones de pesos como mínimo y solo como botón, con tres propiedades en La Jolla, el reducto principal de los que aún integran el Nuevo Sonora.
A lo mejor de menor cuantía que la que tiene Carlos Villalobos Organista, pero no dejan de ser tres propiedades, de las más de 60 desparramadas por el municipio que posee y cuyas nuevas autoridades ya están investigando.
Aunado a lo anterior y por suerte, se aprobó el incremento del presupuesto municipal en casi tres mil millones de pesos que aprobarán el Congreso del Estado y que de seguro empezará a ejercer el nuevo alcalde, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta y que servirán para empezar a pavimentar y pensar en pagos a algunos proveedores y de prestaciones de los trabajadores, para nada más.
La lluvia pues, no solamente se llevó el pavimento, sino también la imagen de López Caballero.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.