El Zancudo
Arturo Soto Munguía
Estamos a poco más de dos semanas de que arranquen oficialmente las campañas electorales para renovar la gubernatura, 21 diputaciones locales, siete federales y 72 alcaldías en Sonora.
Los candidatos y candidatas del PAN están echando desde ya toda la carne al asador para retener las posiciones que actualmente ostentan, y conquistar otras más; la principal fuerza de oposición, el PRI, hace lo propio, aunque aparece un tanto rezagado producto de la demora en sus procesos de selección de candidatos y las fisuras que han provocado los mismos.
Los tricolores parecen apostarle todo a una campaña centrada en atacar los yerros de la administración estatal, sobre la que han enderezado sus críticas en materia, sobre todo, de corrupción y mal gobierno, algo con lo que tendrán que lidiar los candidatos del PAN, obligados a mantener una línea de continuidad, sin que se observe hasta ahora algún intento por desmarcarse del sello padrecista. Antes bien, las precampañas panistas han dejado ver que su discurso será el de ponderar lo que consideran logros históricos e inéditos de la actual administración.
Hasta hace muy poco, parecía que a los tricolores les bastaría con destrozar la de por sí maltrecha figura del gobernador y algunos de sus funcionarios, para captar el voto de los sonorenses.
El escenario sin embargo, dista mucho de ser optimista. El gobierno estatal acredita sobrada capacidad para ganar elecciones a partir del uso y abuso de los recursos públicos, mecanismos de presión y chantaje; cooptación de cuadros y un variado catálogo de campañas negras y malas artes electorales, facilitado todo por el control del aparato de inteligencia y las policías; los órganos electorales, el Supremo Tribunal de Justicia y el mismo Congreso del Estado.
Así lo hicieron en la elección 2012 aunque los resultados no fueron los mejores para su causa: el PAN perdió además de Cajeme, los municipios de Guaymas, Navojoa, Nogales, Agua Prieta y Puerto Peñasco, entre los más importantes; apenas pudo conservar la mayoría en el Congreso local, gracias a una alianza en la que se suman dos diputados del PANAL y de facto, una diputada del PRD.
Con esa precaria mayoría, al gobierno del PAN le ha alcanzado para imponer un nuevo presidente del STJE, refrendar en su cargo al ombudsman estatal, controlar por completo el IEE y validar designaciones como las del procurador del estado y la ‘contralora ciudadana’. En todos los casos, cuadros con la marca panista al 100 por ciento, sin perfiles adecuados y mediante procesos desaseados.
La excepción parece ser el Tribunal Estatal Electoral, donde acaba de ser nombrada por el Senado, la magistrada Rosa Mireya Félix López, a quien identifican con el PRI, que tendría mayoría en ese órgano.
II
El bono democrático, a la baja
1.-El resultado de la elección 2012 refleja de alguna manera, la evaluación ciudadana sobre el desempeño del gobierno padrecista. Y esa evaluación no es buena, por lo que muchos pensaban que el gobernador realizaría cambios no sólo en el gabinete, sino en las formas de ejercer la política. Ya estamos en 2015 y eso no ha sucedido. Peor aún, las cosas se han agravado.
2.- Guillermo Padrés tiene una de las calificaciones más bajas para un gobernador en el quinto año de su sexenio. Desde enero 2013 está impedido para aparecer en eventos públicos por temor a la rechifla popular. Aparece muy poco y sólo en ambientes controlados por su aparato de logística.
3.- Las causas de esta situación son varias y todas tienen que ver con actos de corrupción, impunidad, abuso de poder, tráfico de influencias y nepotismo, y en genera una ineptitud administrativa que, combinada con todo lo anterior provocó observaciones del ISAF a la cuenta pública 2013 por más de 6 mil millones de pesos, donde destacan más de 2 mil millones ‘desaparecidos’ del Fondo de Pensiones del Isssteson y 600 millones de un crédito al Fondo para la Modernización del Transporte cuyo paradero aún se desconoce.
La cuenta pública 2014 tuvo aún más irregularidades y tampoco se han solventado. Antes bien, parece que los propios diputados (incluidos los priistas) se han rendido en sus exigencias de rendición de cuentas y se encuentran tan maniatados que el Ejecutivo se da el lujo de ahorcarlos presupuestalmente, de manera que se niega incluso a pagarles sus dietas. Actualmente, el gobierno del estado debe más de cien millones de pesos al Poder Legislativo, y una situación similar vive el Instituto Estatal Electoral, al que también le adeuda más de 30 millones de pesos.
4.- El movimiento contra la tenencia disfrazada (COMUN) no está muerto y sobre todo en Hermosillo, sigue manteniendo un activismo que no deja de manifestarse, sobre todo en redes sociales, pero también en litigios en tribunales.
5.- Durante cuatro años, el gobierno fue incapaz de resolver el conflicto generado por la construcción y operación del Acueducto Independencia, una obra que costó más de 3 mil millones de pesos y cuyo destino es incierto, pues aún se dirime en tribunales y sigue atizando enconos con productores de Cajeme y la tribu yaqui.
6.- La segunda obra en importancia del programa Sonora SI, la construcción de la presa Pilares en territorio de los indios guarijío, en la región del Mayo, también está impugnada mediante un recurso legal que interpusieron los indígenas, que se consideran afectados por esa obra, cuyo costo sería superior a mil 700 millones de pesos.
Durante la administración de Javier Gándara Magaña, la empresa que construye esa presa también ganó la licitación para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales en Hermosillo, con un costo superior a mil millones de pesos. La licitación fue impugnada por otras empresas participantes y se tuvo que realizar de nueva cuenta. Esta obra también se encuentra suspendida hasta el momento, cuando es parte fundamental en la solución al conflicto por el agua en la capital.
7.- La Transformación Educativa es otro programa anunciado en marzo de 2011 y contiene tres ejes: eliminación de cuotas escolares; entrega de uniformes gratuitos y la inversión de 3 mil millones de pesos en rehabilitación y mantenimiento de 4 mil 600 planteles escolares (nunca se especificó plazos para esta inversión).
Los ingresos por cuotas escolares jamás fueron reemplazados con recursos públicos; los uniformes escolares gratuitos se convirtieron en otra fuente de corrupción (hoy ni siquiera se han entregado en muchos planteles) y la rehabilitación de planteles se redujo a la construcción de tejabanes y fachadas en los accesos a los planteles.
8.- La modernización del transporte urbano es otro de los grandes fracasos de la actual administración. El programa que quiso ser vanguardia en la empresa de dotar a los principales municipios de Sonora (Hermosillo, Cajeme y Navojoa) de un servicio público digno y eficiente, llevó al transporte urbano a su peor crisis.
En marzo de 2011. El Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo para que contratara créditos hasta por 600 millones de pesos, para ser invertidos en la modernización del transporte urbano. Los créditos se contrataron, pero el recurso nunca llegó a los concesionarios, sino al Fondo para la Modernización del Transporte (FEMOT), de donde fueron canalizados a la Secretaría de Hacienda y allí desaparecieron.
III
La no política
1.- La vocación autoritaria y el cinismo con que el gobierno estatal enfrenta las críticas de la oposición son proverbiales y tienen su mejor emblema en la respuesta que alguna vez dio el secretario de Gobierno ante los cuestionamientos del PRI y de otras fuerzas políticas: “son pedradas de esponja”.
2.- Esa ha sido la actitud con que el gobierno del PAN transita su sexenio desde un inicio, y así ha podido, por ejemplo imponer a Sebastián Sotomayor Tovar en el STJE. Abogado con título apócrifo, su principal mérito es haber trabajado para las anteriores dos legislaturas, como asesor de la bancada del PAN. Su arribo al cargo fue un madruguete, pues cuando la oposición lo impugnó, los panistas mostraron el boletín oficial del gobierno del estado, ya impreso, son su nombramiento. Sebastián Sotomayor enfrenta una denuncia por usurpación de funciones y falsificación de documentos, interpuesta en la PGR por la Asociación Civil Sonora Transparente.
3.- En un caso similar se encuentra el actual titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Raúl Arturo Ramírez Ramírez, ratificado en su cargo por los diputados de la actual legislatura, para ejercer durante los próximos cuatro años como Ombudsman. Se estrenó en su encargo con el sonado caso de Gisela Peraza, la empleada doméstica de la familia Padrés-Dagnino, acusada de robar, en complicidad con un agente de la policía estatal asignado a la seguridad de la casa en la que vive la familia del gobernador, una suma nunca cuantificada oficialmente, que oscila entre los 5 millones de pesos y los 5 millones de dólares. Fue detenida, torturada y encarcelada en la prisión de Huatabampo, a 350 kilómetros al sur de Hermosillo.
Otro caso es el de María Jesús Llamas Coronado “La China”, activista del PAN en Guaymas, quien fue detenida tras participar en el secuestro del dirigente municipal de ese partido, Omar Núñez Caravantes.
“La China” fue detenida en las celdas de arraigo de la Policía Estatal Investigadora, donde apareció muerta el pasado 6 de octubre. El procurador de Justicia, Carlos Navarro Sugich se apresuró a declarar que la mujer se había suicidado, pero los familiares, inconformes, presentaron una denuncia en la CEDH, donde sólo se ratificó la versión de la Procuraduría.
Sin embargo, peritos de la CNDH exhumaron el cadáver, practicaron nuevos estudios y concluyeron que las causas de esa muerte no eran por heridas auto infligidas.
Todo esto integrará, seguramente, el catálogo de exigencias que tendrán que responder los candidatos del PAN.
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