El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
Después del prolongado asueto decembrino, regresamos a la talacha deseando a los lectores y lectoras de esta columna que este 2015 se cumplan sueños y propósitos, se superen retos y la salud y la alegría vayan de la mano con ustedes siempre.
Y regresamos sólo para enterarnos que los que no descansan ni en los días consagrados al recogimiento (familiar y del otro), son los depredadores del presupuesto, cuya disposición al hurto y al pillaje debería ser considerada para algún tipo de premio, reconocimiento o galardón.
Este fin de año nos enteramos de un presunto fraude en la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde el saqueo presupuestal que significó la llamada Transformación Educativa no cesa.
Y todo, frente a la complacencia de Jorge Luis Ibarra Mendívil, el trotskista de aquellos años idos, de los ‘azules’ (origen es destino) activistas de izquierda que marcaron época en la Universidad de Sonora, de la que llegó a ser rector por dos periodos consecutivos, como lo fue de El Colegio de Sonora.
De aquellos años nada queda. Hoy, Jorge Luis Ibarra navega con banderas desplegadas por la ruta que le marca la virgen cuando le habla. El saqueo del presupuesto en la SEC es escandaloso y ya se ha documentado lo que ocurrió con la Transformación Educativa. Hoy sale otro caso.
Ahora se trata de un irregular procedimiento para la adquisición de equipos de video para la seguridad de 100 planteles correspondientes a la zona escolar número 5, aunque se presume que podría extenderse a todos los planteles de la entidad.
En muchos de ellos, la instalación de cámaras para monitoreo se justifica por el constante registro de actos vandálicos, si bien se comenta, no sin cierta dosis de sorna, que en la totalidad de los planteles los actos vandálicos son perpetrados por funcionarios públicos que operan fuera del ojo de las famosas cámaras.
El más reciente atraco se operó de la siguiente manera: la SEC avisó a los directores de esos cien planteles, que en sus cuentas bancarias personales (de nómina) les serían depositados 19 mil 974 pesos para la adquisición de un kit de video vigilancia DVR con 4 canales, 4 cámaras bullet de visión nocturna, fuente de poder y un disco duro de un Terabite.
No hubo oficio; el aviso les llegó por Whatsapp, junto con las instrucciones acerca de los proveedores a quienes deberían comprar el equipo en cuestión, cuyo precio de mercado es de 7 mil 245 pesos, lo que hace una diferencia de 12 mil 729 pesos, monto que constituye la ganancia para los proveedores, aunque se sospecha que de allí tendrían que reportar su ‘mochada’ para los operadores de tan bonito programa de seguridad.
La transacción bancaria incluyó la transferencia de esos recursos a personas físicas con actividad empresarial, no a empresas.
No hubo licitación de por medio y los equipos se adquirieron con sobreprecio a por lo menos dos de los proveedores que hasta hoy han sido identificados: Marissa Luque Meléndrez y Alfredo Gómez Retes, que se habrían embolsado poco más de un millón 273 mil pesos por el sobreprecio de los equipos.
El asunto se complica porque en esta operación involucraron a los directores de las escuelas, a quienes si bien se les entregaron las facturas correspondientes, cualquier auditoría de compra les exigirá la notificación oficial por escrito para justificar esa adquisición.
Durante una rápida búsqueda en internet, lo primero que sale a la vista cuando se escribe el nombre de Marissa Luque Meléndrez, es un litigio en el que ha sido demandada por una empresa de ingenieros con sede en Ciudad Obregón.
Además, su condición de proveedora del gobierno del estado, como constructora de subestaciones eléctricas para varios planteles escolares en el sur del estado, con valor de al menos 450 mil pesos cada una.
Se trata de los planteles General Lázaro Cárdenas, Rafael Ramírez, General Fructuoso Méndez, Profesor Jesús de Aguirre y Héroe de Nacozari en Ciudad Obregón.
También las primarias Álvaro Obregón y Miguel Alemán, en poblados indígenas de Huatabampo.
Por su parte, Alfredo Gómez Retes aparece como proveedor de la Secretaría de Turismo, donde cobró cifras que pudieran considerarse modestas (unos 76 mil pesos, por tres servicios).
El problema es que el ISAF no encontró (y la Secretaría no entregó) los contratos respectivos por esos servicios, que tienen que ver con revisión de nodos de red, programación, servicio y reparación de extensiones de conmutador; análisis e implementación para agregar al sistema de activo fijo control de vales de gasolina y control de servicios del parque vehicular, y mantenimiento de equipo de cómputo en Nogales, Puerto Peñasco y Álamos.
Esta historia, apenas comienza.
II
Ayer circularon con más intensidad que éxito, mensajes en redes sociales, difundidas desde algunas cuentas extrañas que luego replicaron algunos funcionarios del Nuevo Sonora y militantes del PAN, en dos carriles: por un lado propalando la versión de que al senador Ernesto Gándara lo habían mandado a la Secretaría del Trabajo, y por otro que Claudia Pavlovich había sido designada ya como candidata del PRI a la gubernatura de Sonora.
Ambas cosas son mentiras.
Evidentemente, lo que se busca es generar confusión y dividir al priismo sonorense, que durante todo el mes de diciembre se mantuvo a la expectativa del ‘destape’, pero cuidándose de no darle alas a los rumores malintencionados, aunque se daba por un hecho que la decisión ya estaba tomada y se daría a conocer a más tardar el 15 de enero.
Desde la esquina banquiazul, lucen bastante nerviosos porque todas las señales indican que el depositario de la designación tricolor es Ernesto Gándara Camou, a quien no han podido tumbar un solo punto en las preferencias electorales, después de dos años de estarlo atacando por todos los medios. Antes bien, parecería que esos ataques lo fortalecen cada vez más.
III
Este martes, Javier Gándara Magaña habrá de registrarse como precandidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, con lo que arranca oficialmente el proceso de elección interna, un proceso en el que no va solo, como se esperaba, pues ya anunció su registro como aspirante a la candidatura, el ex alcalde de Cananea Francisco García Gámez.
El también ex diputado local y director del Transporte durante algunos meses de la actual administración estatal no pertenece al círculo cercano del padrecismo; antes bien, diríase que tuvo algunas fricciones con ellos y su integración al gabinete ampliado ocurrió después de los primeros dos años del sexenio, durando poco tiempo en esa encomienda.
Pancho García Gámez es un tipo serio que ha sido dos veces alcalde y dos veces diputado al Congreso local; tiene presencia y trabajo con la militancia, por lo que no habría que minimizar su participación en esta competencia.
Se sabe que Javier Gándara Magaña tiene al menos dos años trabajando su precandidatura y la mayoría lo ven ya como el virtual candidato; el pasado 24 de diciembre se registró documentalmente como precandidato y este martes recogerá la acreditación respectiva en la sede del partido, a donde acudirá sólo con su equipo de trabajo, para anunciar las primeras acciones de trabajo.
Trascendió que en los próximos días, también acudirá a registrarse como precandidato el aguapretense David Figueroa Ortega, lo que vendría a darle un sentido de mayor competencia a la contienda interna, un proceso en el que hasta hace poco se veía solo a Javier Gándara Magaña.
La inscripción de David Figueroa es, sin embargo, un misterio hasta este momento, ya que consultando con gente de su equipo ayer por la tarde, se reservaron la información al respecto, aunque horas después, el propio David anunciaba, en su cuenta de Twitter, que este lunes a las nueve de la mañana ofrecería una rueda de prensa para dar a conocer su posición en torno a esta contienda interna.
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